En un bar, en una canchita de fútbol barrial, en tremendos enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y otros marginales, en todo lugar, todos los años, México suma decenas de  miles de muertos a una macabra estadística que asombra y estremece. Las víctimas son mexicanas, las armas norteamericanas. Todos lo saben y lo denuncian, pero ahora, harto de la inutilidad de los reclamos diplomáticos, el gobierno mexicano decidió demandar a las 11 principales fábricas de armamento liviano y pesado de Estados Unidos. Y lo hizo en sus tribunales, en Boston, Massachusetts –el viernes la Corte estadual se declaró competente–, donde junto con lo más selecto del mundo académico crece la industria de la muerte.

Más allá de evidencias claras sobre cómo las fábricas ofrecen armas especialmente diseñadas para el narco, el escrito judicial establece que el tráfico supera el medio millón anual de armas, causantes en 2020 de más de 36 mil víctimas, una impactante tasa de 29 homicidios cada 100 mil personas. Las recopilaciones periodísticas hablan de una realidad aún más lacerante y un incesante aumento de los números, que saltan de 23.100 muertos en 2017 a 36.750 en 2020.  Aunque las cifras difieren según la fuente, hay coincidencia en que desde 2007 han sido asesinados algo más de 350 mil mexicanos, parte o no del conflicto armado derivado de la ineficaz lucha contra el narcotráfico.

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El 4 de agosto, el canciller Marcelo Ebrard anunció el inicio de la demanda “por los daños provocados por las prácticas negligentes de las fábricas”. Más que a la búsqueda de una reparación material, a lo que apunta el gobierno mexicano es a que “las empresas cesen de inmediato con ese proceder que causa muertes en México”. Aunque suena iluso, también pretende que los fabricantes monitoreen a sus distribuidores, partícipes primeros del tráfico. Aunque en un verdadero despilfarro de hipocresía las empresas nieguen la realidad, “cuando sus productos salen a la venta siguen siendo responsables y tienen datos en tiempo real de quién compra las armas, datos que no tienen los gobiernos”.

Ebrard señaló que en el 90% de las armas halladas en la escena del crimen quedó probado que habían sido traficadas desde Estados Unidos. Los demandados incluyen a los seis fabricantes de las armas recuperadas con mayor frecuencia: Smith & Wesson, dos filiales de Beretta, Century Arms, Colt, dos filiales de Glock, Ruger y Barret (su rifle de francotirador calibre 50 es el arma de guerra preferida de los narcos). Finalmente, Interstate, un mayorista de Boston que distribuye la producción de todas las fábricas.

El gobierno mexicano trabajaba en su demanda desde el año pasado, pero lo que precipitó la presentación judicial fue una inesperada oferta de la Remington Arms a familiares de las víctimas de la matanza en una escuela del estado nordestino de Connecticut, donde 26 niños y adultos fueron asesinados en 2012 con armas de su producción. Pese a que leyes votadas en la primera década de este siglo amparan a los fabricantes ante una demanda civil (ver aparte), Remington abrió negociaciones privadas para reparar a las familias de los escolares con 33 millones de dólares. Quedó en claro, así, que los fabricantes saben que su impunidad tiene límites.

El ex oficial del ejército español Gonzalo Segura repasa la historia reciente y concluye en que el aumento de los crímenes cometidos en México está directamente relacionado con la permisividad de la venta de armas en Estados Unidos.  Observa, así, que en los estados fronterizos con los norteamericanos Arizona y Texas, donde es laxa la política de armas, los crímenes cometidos con fusiles de asalto aumentaron más que en las jurisdicciones que lindan con California, donde los controles son más severos. “Cuanto más cerca de Estados Unidos –señala Segura– mayor tasa de violencia. En California, Arizona, Nuevo México y Texas hay más de 22.600 establecimientos dedicados a la venta de armas, casi la mitad de los más de 50.000 existentes en todo el país. Esos cuatro estados no llegan al 23% de la población pero tienen casi el 50% de los negocios de venta”.

“La muerte de mexicanos se ha convertido en un gran negocio norteamericano”, denuncia Segura. La siniestra ecuación queda graficada cuando Ebrard explica que la industria de las armas trabaja para el narcotráfico. “Hay armas hechas para que las compren los cárteles –dijo–, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y de uso”. Una de ellas es una edición especial de una pistola Colt calibre 38 con una imagen y una frase que encuentran en México su máximo valor. La imagen es el perfil más difundido de Emiliano Zapata, con su gran sombrero. La frase, “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, el lema más recordado del líder revolucionario.

                                                                                 

La complicidad de la Asociación del Rifle

En 2020 las armas norteamericanas ingresadas ilegalmente a México mataron a más mexicanos que nunca. Hay discrepancias sobre el número exacto de víctimas, pero son más de 36 mil, y todos coinciden en que los jóvenes asesinados superan los 5000 y los niños son más de 300. Nadie duda de que las primeras responsables de la sangría son las grandes fábricas de armas, las más conocidas empresas a las que, en devolución de favores –el financiamiento de las campañas electorales de diputados, senadores y presidentes, republicanos o demócratas, lo mismo da–, el establishment político les ha entregado una batería legislativa que les garantiza la cuasi impunidad.

Para darle el último empujoncito al Congreso, la que puso la cara por los fabricantes fue la Asociación Nacional del Rifle, una siniestra organización que opera bajo el lema “Las armas no matan, matan los hombres”, y en la que revistaron los finados John Wayne y Charlton Heston. Dominada por los republicanos, sus años de mayores éxitos coinciden con la estadía de George W. Bush (2001-2009) en la Casa Blanca. El año de gloria fue el 2004, cuando el Estado levantó la prohibición que regía sobre la venta libre de fusiles de asalto y armas semiautomáticas, como si de chocolatines se tratara. En 2005 se abrochó el último botón, con la promulgación de la Ley de Protección del Comercio de Armas de Fuego, que prohíbe casi toda demanda legal contra los traficantes de la muerte.

En un país de 331 millones de habitantes se calcula que hay más de 400 millones de armas en manos privadas, o sea bastantes más que las necesarias para armar a toda la población.