En un muy poco común cruce a través del océano, mientras en España arreciaban las críticas al Tribunal Supremo de Justicia por haber suspendido la exhumación del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en Buenos Aires la jueza María Servini recibía a cuatro querellantes por crímenes cometidos por la dictadura, el único proceso abierto en todo el mundo por la barbarie desatada a la caída de la República Española, el 1 de abril de 1939. Al mismo tiempo, el jefe de Estado, Pedro Sánchez, impulsor del traslado del féretro, anunciaba que tenía el encargo del rey Felipe VI para formar gobierno (ver aparte).
El despacho de la magistrada argentina se llenó de familiares de víctimas del franquismo este jueves, cuando abrió las puertas para tomar contacto con los querellantes españoles en la causa de los Sanfermines, que vinieron a plantear sus testimonios y traer las pruebas contra los responsables de una brutal represión registrada cuando ya Franco había muerto pero no se había recuperado la democracia en ese país.
Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid por la dictadura en 1977, cuando tenía 19 años, destacó el «cariño con que nos trató la jueza y la forma en que nos escuchó», algo que no logró en tribunales españoles en todo este tiempo.
Otro de los querellantes, Fermín Rodríguez, también vino a reclamar en la Argentina por su hermano, asesinado en las fiestas de San Fermín en Pamplona, en 1978. Germán Rodríguez fue la única víctima mortal de la represión en la Plaza de Toros de esa ciudad, cuando el país ya estaba en el período de la llamada transición, y todavía los fascistas pretendían mantener el poder y los privilegios que conservaban.
La comitiva que vino de España incluyó a la eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego, Ana Miranda; la diputada electa por Podemos, Victoria Rosell Aguilar; Aitor Garjón, representante de la Federación de Peñas sanfermineras de Pamplona-Iruñea, y Sabino Cuadra, del colectivo San Fermines 1978 gogoan!.
Según reveló Miranda, el fiscal que lleva adelante el caso, Ramiro González, planteó que se puede inscribir a estos crímenes en el marco del delito de genocidio «ya que se intentó eliminar a toda la disidencia». Sin embargo, las cosas no son tan fáciles, ya que Servini no logra que la Justicia española acepte los exhortos para la comparencia de los acusados.
Los querellantes reclaman la detención y extradición del que fuera gobernador de Navarra, Ignacio Llanos Cifuentes, el secretario de la gobernación Vicente Javier Murillo Fernández, los policías Miguel Rubio Rubio, Benito Pérez Vázquez, Francisco Abellán Vicente, Vicente Lafuente Ramírez, Fernando Ávila García, César Jiménez Cacho y Cardosa Blesa y Lino Bailo Campo, de la Guardia Civil. El que sí vendría a Buenos Aires es el que fuera ministro del Interior de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, que tiene fecha para el 9 de septiembre en el despacho de Servini y adelantó que se hará presente.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, mantuvo luego una reunión con integrantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) en la sede porteña de la Federación de Asociaciones Gallegas de la Argentina, donde recordaron al fiscal Hugo Cañon y al abogado Carlos Slepoy, luchadores por los Derechos Humanos que fomentaron estas demandas judiciales.
La jueza Servini actúa en esta causa desde 2010, tras una denuncia de Darío Rivas, un gallego que falleció en abril pasado a los 99 años, y que fue embarcado a Argentina a los 9 para que escapara de las matanzas y reclamó por su padre, fusilado en octubre de 1936. Formalmente, la jueza interviene porque para delitos de lesa humanidad rige la jurisdicción universal, una figura en la que España fue ejemplo en el combate a las dictaduras de Chile y Argentina en los noventa.
Lo que causó estupor entre los asistentes fue la decisión de la corte española, que paralizó el traslado de los restos de Franco, que debía hacerse este lunes. Fue ante sendos recursos de la familia del dictador, que permanece enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid, bajo una cruz de 150 metros de altura.
Para Sánchez, líder del PSOE, la exhumación era una cuestión irrenunciable y lo anotó como una deuda pendiente de la democracia. Pero el dictamen del Tribunal Supremo fue un golpe inesperado. No por el retraso, sino porque el fallo considera que Franco fue jefe de Estado desde octubre de 1936 hasta su muerte, en noviembre de 1975.
El dato histórico es que Franco, al frente de un grupo de militares sublevados, lideró un golpe armado contra la II República que se consolida el 1 de octubre. Ese levantamiento dio origen a la guerra civil entre las fuerzas fascistas y las democráticas. Los únicos gobiernos que entonces reconocieron al franquismo fueron el italiano de Benito Mussolini y el alemán de Adolf Hitler. El 1 de abril de 1939 las tropas franquistas toman el control total del país, finaliza la guerra, que había dejado un saldo de un millón de muertos, y comienza una brutal matanza de republicanos y sus familiares. Se estima que además de los asesinatos, hubo 114 mil desaparecidos a los que agregan 30 mil bebés sustraídos. «
