La múltiple crisis que atraviesa el Ecuador —económica, política, social y de explosión del crimen organizado— tuvo un nuevo desencadenante este miércoles con el manotazo de ahogado del presidente Guillermo Lasso y su anuncio de disolver el Congreso y llamar a elecciones anticipadas cuando estaba a punto de ser destronado por «corrupción». Si bien el mecanismo que usó, la llamada «muerte cruzada», está contemplado en la Constitución gestada por el correísmo en 2008, la causal con la que lo invocó («grave crisis política y conmoción interna») parece muy floja de papeles, por lo que quedó al desnudo su maniobra. Como sea, se trata de las escenas finales de otro experimento neoliberal fallido, esta vez conducido por un exbanquero que había sido superministro de Economía de Jamil Mahuad, también eyectado de su cargo en el 2000.

Para ese entonces, Jahiren Noriega Donoso tenía apenas dos años. Hoy, a sus 25, es la legisladora más joven del Ecuador y, en diálogo con Tiempo, analiza la jugada de Lasso y el período que se abre rumbo a unas presidenciales inesperadas, previstas ahora para el 20 de agosto.

–¿Cómo calificarías la decisión de Lasso? ¿Cuál fue su verdadera intención?

–Evidentemente, la «muerte cruzada» decretada por el presidente Lasso fue la salida más fácil para él frente a su inminente destitución. De hecho, el día anterior, cuando compareció ante la Asamblea Nacional, no tuvo argumentos para desestimar la acusación de peculado, no mostró ninguna prueba para desmentir las acusaciones de corrupción en su contra, así que creo que es la decisión de un presidente acorralado, de un presidente que iba camino a su destitución.

–¿Qué panorama se abre de acá a las elecciones? ¿Se puede prever un nuevo ciclo de protestas en repudio a la decisión de Lasso y/o ante los eventuales decretos que imponga?

–Creo que la ciudadanía estaba expectante con el juicio político, era como una válvula de escape frente al descontento social, y había una mínima esperanza de que las cosas cambien con su salida. Ahora eso queda descartado, y él seguirá gobernando por decreto los próximos meses con sus políticas neoliberales, e incluso se podría intensificar el carácter autoritario de su gobierno. Así que debemos estar muy alertas para que Lasso no se extralimite en sus funciones.

Creo que si llega a haber movilizaciones no serán para rechazar la disolución de la Asamblea Nacional, porque hoy es una institución que tampoco cuenta con respaldo popular, sino más bien por las condiciones de vida de la gente. En ese sentido, el gobierno viene preparando el terreno para perseguir y criminalizar al movimiento indígena y a todos los sectores de la oposición con un decreto que califica a ciertas organizaciones como terroristas. Por eso nos parece muy peligroso el pronunciamiento de la cúpula militar, jugando un papel protagónico en el tablero político que no debería tener. Y alertamos sobre este posible escenario de persecución política y de represión a las organizaciones sociales.

–¿Qué balance hacen de estos casi dos años de gobierno de Lasso? ¿Qué país va a dejar?

–Dejará un país con una crisis generalizada. No existe un solo ámbito que esté bien: si revisamos la salud, vemos que a diario se mueren personas por falta de medicinas en los hospitales; si revisamos la educación, vemos a los jóvenes que no pueden ingresar a las universidades porque faltan cupos; en cuanto al trabajo, hay altísimas cifras de desempleo; si miramos la seguridad, las situación es mucho más crítica. Producto de estas políticas de corte en neoliberal, la gente no llega a fin de mes y la precariedad de la vida es total. Por eso al presidente Lasso le fue tan mal en las elecciones de febrero, donde además la ciudadanía rechazó la consulta popular que él propuso. La gente en las calles y en las urnas ya se viene pronunciando en su contra. Así que esperamos que estos meses en los que gobernará por decreto, lo haga en apego irrestricto a las normas, que no tenga un cheque en blanco para terminar de destruir el país, y que el gobierno de transición que surja pueda brindar respuestas a los problemas urgentes del país.

–Intempestivamente, comienza ahora el camino hacia unas elecciones presidenciales que serán en pocos meses. ¿Creés que el correísmo arranca este proceso como favorito? ¿Se puede hablar ya de posibles candidaturas?

–No podría dar nombres porque aún no los tenemos. Hay muchísimos compañeros y compañeras que tienen experiencia, que tienen conocimiento, y que podrían asumir este reto, un reto gigante porque el país se encuentra realmente en una situación muy crítica, pero estamos absolutamente preparados para hacerlo. El partido de la Revolución Ciudadana, en este momento, diría que es el único que está en condiciones de asumir una campaña presidencial y legislativa porque somos el único partido a nivel nacional con direcciones provinciales, con estructura, con militancia en cada territorio, y que viene de lograr un gran resultado en las elecciones del 5 de febrero, en las que incluso ganamos en provincias y ciudades donde ni siquiera ganamos cuando fuimos gobierno. Así que estamos esperanzados, con mucha expectativa, pero también mirando con mucho cuidado lo que pueda pasar en estos meses hasta que se instale el nuevo gobierno.  «

Colombia: en los 90′ Petro fue «un objetivo militar»

El excomandante paramilitar colombiano Salvatore Mancuso confesó en una audiencia judicial que los escuadrones de ultraderecha que dirigía a fines de la década de 1990 tenían orden de asesinar al entonces líder de izquierda y actual presidente del país, Gustavo Petro y también al hoy canciller, Álvaro Leyva. «Fue parte de los objetivos militares», declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo creado en Colombia para juzgar crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados, que trascurrió desde los años ’60.

Petro y otros líderes de izquierda «fueron parte de los objetivos militares» de las ya extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Mancuso, que se desmovilizaron en 2006 bajo un acuerdo con el gobierno del derechista Álvaro Uribe. Estos ejércitos sembraron terror en su lucha a sangre y fuego contra guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN.

Mancuso fue extraditado en 2008 cuando estaba dando su versión sobre los crímenes cometidos en el marco del proceso de paz con las AUC. El excomandante colombo-italiano de 58 años fue condenado en EE UU a más de 15 años de prisión y ahora busca acogerse a la JEP con miras a obtener beneficios como penas alternativas a la cárcel, en su eventual regreso a Colombia.

 Unos 30.000 agentes paramilitares depusieron los fusiles en 2006. Según el Centro de Memoria Histórica del país, son responsables de más de 94.000 muertes durante la prolongada guerra interna en Colombia.  «