Luego de nueve meses de gobierno de Luís Arce y en medio de la pandemia de COVID-19, la oposición en Bolivia no logra recuperarse del respaldo que los bolivianos y bolivianas dieron al proyecto político del MAS-IPSP. Tras las elecciones regionales de marzo se ha consolidado como la única fuerza política con presencia nacional.

Con el avance del plan de vacunación -gracias al Fondo Ruso de Inversión Directa y su vacuna Sputnik-V, la vacuna de origen chino del laboratorio Sinopharm y al mecanismo COVAX de Naciones Unidas- y al repunte económico que se evidencia en sectores estratégicos como la minería, hidrocarburos y construcción, la derecha no ha hecho más que pronunciar su fragmentación regional.

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En el oriente del país se destaca el liderazgo del autonomista y ultra-conservador cruceño Luis Fernando Camacho, recordado por su ingreso al Palacio Quemado de La Paz con una inmensa Biblia tras el Golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019. Con el apoyo del Comité Cívico de Santa Cruz, que reúne a los grandes empresarios agrícolas y forestales, la derecha conserva poder en la región que históricamente se ha opuesto al gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Por otro lado, la ex-presidenta de facto Jeanine Añez, oriunda del Beni, continúa en prisión preventiva. Es investigada por su responsabilidad en las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba. Durante las protestas realizadas contra el Golpe de Estado en noviembre de 2019 las fuerzas de seguridad y militares asesinaron a 37 personas. Además, a mediados de esta semana la Fiscalía General del Estado admitió una proposición acusatoria contra Añez por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte. Ahora el trámite continúa en el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Plurinacional.

Por último, el líder del partido de centro-derecha, Comunidad Ciudadana, y ex presidente, Carlos Mesa, luego de obtener el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2020, parece haber licuado todo el capital político acumulado. Añez, en declaraciones a la justicia, lo involucró como uno de los impulsores del golpe que permitió su acceso a la presidencia de facto entre 2019 y 2020. El MAS-IPSP ya amplió la denuncia contra Mesa y espera sea citado en calidad de imputado.

Bolivia transita los primeros pasos hacia la recuperación económica tras el embate de la pandemia y la reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones democráticas socavadas por el Golpe de Estado de 2019. Para ello, serán clave el aumento del ritmo de vacunación con la llegada de nuevos lotes provenientes de Rusia y China, y el seguimiento del caso “Golpe de Estado” que ha avanzado en la detención de exfuncionarios del gobierno de facto y militares de alto rango de las Fuerzas Aéreas y la Armada investigados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.