La ONU acusó este viernes al ejército ruso de acciones «que podrían constituir crímenes de guerra» en Ucrania tras la invasión del 24 de febrero, incluidos bombardeos indiscriminados que provocaron la muerte de civiles y la destrucción de escuelas y hospitales, y las ejecuciones de al menos 50 civiles en la ciudad de Bucha, un suburbio de Kiev. «Las fuerzas armadas rusas bombardearon de manera indiscriminada zonas habitadas, mataron a civiles y destruyeron hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, en acciones que podrían constituir crímenes de guerra», declaró Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

«Le corresponde a un tribunal determinar concretamente si es así, pero cada vez hay más pruebas de que se cometieron crímenes de guerra», agregó la portavoz, quien no descartó que Ucrania también haya violado el derecho humanitario, reportó la agencia de noticias AFP. También la policía británica afirmó este viernes haber recibido unos 50 informes sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en el marco de un llamado a testigos lanzado para contribuir a la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), reportó la agencia de noticias Europa Press. «La mayoría de estos informes, recibidos de personas en todo el Reino Unido, se refieren a actos ocurridos en Ucrania» tras la invasión rusa del 24 de febrero, «y específicamente a lo que parecen ser ataques contra la población civil», indicó la policía metropolitana de Londres en un comunicado.

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En tanto, las autoridades españolas ratificaron hoy el anuncio hecho en la víspera por el presidente Pedro Sánchez durante su visita a Kiev sobre el envío de expertos al país europeo para investigar y perseguir posibles crímenes de guerra en el marco del conflicto. El Ministerio de Interior español informó hoy que enviará en los próximos días un grupo de agentes policiales para colaborar con la investigación de la CPI en Ucrania, mientras que la cartera de Justicia indicó que mandará al terreno a un grupo de 39 expertos en labores forenses y de investigación criminal.

En paralelo a estos reportes, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró en un comunicado que «durante las últimas ocho semanas, el derecho humanitario internacional no solo ha sido ignorado sino que se ha tirado por la borda». «Lo que hemos visto en Kramatorsk (este de Ucrania) el 8 de abril, cuando la estación de tren fue atacada con munición en racimo y murieron 60 civiles y otros 111 resultaron heridos, es emblemático de la incapacidad de respetar el principio de distinción (entre civiles y militares), la prohibición de perpetrar ataques indiscriminados y el principio de precaución, que está inscripto en el derecho humanitario internacional», declaró Bachelet.

Cuando ocurrió aquel ataque el gobierno de Vladimir Putin salió rápidamente a negar cualquier implicancia en su autoría e incluso afirmó que los misiles que se dispararon contra la estación ferroviaria no eran los que utilizan sus fuerzas militares, sino los que son parte del armamento ucraniano. Por su parte, Shamdasani no descartó que la parte ucraniana también haya violado el derecho humanitario, pero «la mayoría de estas violaciones, con diferencia, se atribuyen a las fuerzas rusas».

La portavoz indicó que el 92,3% de las víctimas que los equipos bajo la dirección de Bachelet pudieron documentar «se atribuyen a las fuerzas rusas, así como las acusaciones de asesinato y de ejecuciones sumarias». La responsable explicó concretamente que los investigadores de la ONU realizaron una misión en Ucrania a principios de abril y lograron documentar ya «los asesinatos, algunos de ellos ejecuciones sumarias», de 50 civiles en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev.

Las imágenes de civiles muertos desperdigados por las calles de Bucha dieron la vuelta al mundo a principios de este mes, y por entonces el Kremlin también rechazó enfáticamente cualquier responsabilidad, al afirmar que sus fuerzas habían abandonado el lugar tres días antes de la difusión de esas escenas sin haber disparado o atacado a persona alguna, fuera de las acciones de combate propias del conflicto bélico.