En los últimos días se conocieron nuevas intervenciones estatales a escala mundial que dan cuenta de la envergadura de la crisis que atraviesa el sistema aerocomercial. El Al, la compañía israelí controlada por el fondo Knafiam Holding, firmó un acuerdo con el gobierno de ese país que implica un ajuste de personal y costos para recibir un crédito con garantía estatal de U$S 250 millones y la emisión de acciones en la Bolsa de Tel Aviv por U$S 150 millones. Todas las acciones sin comprador serán adquiridas por el propio Estado, que sumará un administrador en el directorio de la compañía.

En Portugal, el gobierno anunció la virtual renacionalización de TAP al incrementar la participación accionaria del Estado del 50% al 72,5% a cambio de 55 millones de euros e inversiones por otros 1200 millones.

El hecho de que Lufthansa y Air France-KLM ya recibieron de sus gobiernos alrededor de 10 mil millones de euros cada una llevó al presidente de Iberia a pedir más dinero a su gobierno, que liberó un fondo de 10 mil millones de euros para rescatar empresas, entre ellas la propia Iberia.

El fenómeno es global y alcanza a otros eslabones de la cadena. Por ejemplo, ATR, grupo francoitaliano que fabrica aviones, reducirá su producción a un 50% y dará de baja a 204 empleados. El Consejo Mundial de Aeropuertos informó que en abril el tráfico se redujo en un 94,4% con relación a un año antes y que en marzo lo había hecho en un 55,9%. La Estadística de Turismo Internacional del Indec da cuenta de un movimiento nulo de pasajeros en abril que, con seguridad, se repitió en mayo y junio. Si bien desde el punto de vista de las cuentas nacionales implica el fin del déficit por turismo (que llegó a superar los U$S 10 mil millones en 2017), es un termómetro de la parálisis del sector aerocomercial durante ya tres largos meses y su impacto en las empresas del sector.

¿Y Aerolíneas?

La fusión operativa de Aerolíneas Argentinas y Austral que anunció el directorio de la empresa es un proyecto de larga data e incluso figuraba en los planes de la compañía antes de su reestatización. Desde la visión histórica de algunos de los gremios aeronáuticos, la fusión lleva implícito un proceso de flexibilización de los convenios y de tercerización para vender servicios a otras compañías. Sin embargo, ahora, con la excepción del cuerpo de delegados de los técnicos de Austral, todos los gremios se han alineado con esa propuesta.

El titular de la empresa, Pablo Ceriani, aclaró que la fusión no implicará una reducción de personal aunque advirtió: «El cierre de otras aerolíneas nos debe hacer reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como línea de bandera de ser una empresa eficiente y sustentable».

La compañía, entre otros aspectos, propone reconvertir su modelo de negocios abordando dos grandes aspectos que según un comunicado del gremio de los técnicos –con la firma de su secretario general, Ricardo Cirielli– constituye una demanda que las diversas administraciones realizan desde «hace 28 años». Se trata de la creación de dos nuevas unidades de negocios, una que promueva la reconversión de parte de su flota hacia una empresa de cargas puesto que es el sector que continúa reactivado a través del flujo comercial local e internacional; y otra que ofrezca servicios de mantenimiento para terceros. Para el sindicato de los Técnicos, esas decisiones son «más necesarias que nunca, las cuales asegurarán nuestro trabajo y originarán mayores ingresos en divisas fuertes a la empresa», por lo que promueve «aumentar al máximo la eficiencia, productividad y facturación de la empresa».

Gastón Kutnick, dirigente del cuerpo de delegados de APTA Austral, señaló a Tiempo que «los sindicatos están en una contradicción porque aprueban el plan en general pero se oponen a sus efectos concretos y niegan que esté vinculado al problema más general del ajuste. Vemos un plan de achicamiento que, lejos de ser una optimización, será un deterioro de las condiciones de trabajo sin asegurar los puestos. Si aceptamos que tienen que primar la rentabilidad y la productividad y no la calidad del servicio, van a tener que cambiar todo el modelo social que pregonaban hace un tiempo. Decimos cosas que los sindicatos dijeron toda la vida, son ellos los que, ahora, bajaron esas banderas».

La frutilla del postre llegó en los primeros días de este mes, cuando los sindicatos informaron al personal acerca de la decisión empresaria de depositar el 50% de los salarios de junio a la espera de una nueva partida que giraría Hacienda, por ahora sin fecha confirmada. La paritaria de 2018-2019 permanece inconclusa y los sueldos ya sufrieron algunas quitas de adicionales y refrigerios. Por eso la noticia cayó como un balde de agua fría en momentos en los que, además, se discute la partida de Latam del mercado aerocomercial local. Los sindicatos rechazaron la decisión y presentaron un reclamo en el Ministerio de Trabajo; por el momento no anunciaron medidas. Lo que para el directorio es un problema administrativo, para los trabajadores es una luz de alarma para el futuro de su fuente laboral.

Latam insiste con la crisis y su retiro del país


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(Foto: AFP)

En una reunión virtual realizada en el marco del Proceso Preventivo de Crisis, las autoridades de Latam ratificaron su «decisión tomada» en lo referido a retirarse del país. El PPC presentado no ofrece una propuesta de continuidad de la compañía y responsabiliza a los gremios por la supuesta crisis en la que quedó envuelta la aerolínea.

Los sindicatos exigen la continuidad de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo o, en su defecto, el cumplimiento del pago de la doble indemnización vigente. La firma, por su parte, plantea pagar el 50% de la indemnización en función de los fundamentos expuestos en el largo texto del PPC pero, al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de una salida consensuada a través de un retiro voluntario que reconocería las indemnizaciones al 100% poniendo en duda la veracidad de lo expuesto ante la cartera laboral en materia de crisis.

Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (Apta), denunció que «Lan Argentina comenzó a retirarse en 2016. Fue una decisión estratégica del holding privilegiando la rentabilidad del grupo sobre la sustentabilidad de su negocio en Argentina. La pandemia y la caída brutal de la demanda interna aceleraron sus planes para no afrontar importantes déficits».

Para el dirigente, «este accionar fue posibilitado por la política aerocomercial del gobierno anterior. Por esta razón, en lugar de renovar su flota, devolvió dos aviones al holding y levantó escalas». La salida de Latam involucra más de 1700 puestos de trabajo.