Vista en perspectiva, la imagen –el render, como llaman los arquitectos a estos planos de obra hiperrealistas– muestra una docena de torres rodeadas de árboles y canales, y en el centro, una moderna estructura circular que rodea una lujosa marina donde amarran medio centenar de yates. Nada de eso existe, pero la falsa foto no se priva de incluir algo que sí está, al lado: la villa Rodrigo Bueno.

El miércoles pasado, funcionarios de la gestión PRO volvieron a la carga y presentaron ante la Legislatura el proyecto Solares de Santa María SA, la ansiada construcción de un barrio exclusivo en los terrenos donde funcionaba la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La iniciativa del grupo IRSA ya había fracasado en 2012, pero ahora el Ejecutivo porteño pretende llevarla adelante con sugestivas modificaciones, según un modus operandi que se repite, el de la «reparación histórica»: anunciar proyectos necesarios y urgentes como la urbanización de las villas –con formulaciones vagas y parciales– que sirven como subterfugio para fabulosos negocios inmobiliarios.

La ambiciosa propuesta de IRSA supone erigir, en una superficie de 71 hectáreas, 13 torres de 160 metros de altura, un puerto, canales interiores y áreas parquizadas.

«Las iniciativas llegaron juntas. No lo dicen abiertamente pero una queda supeditada a la otra. Vinieron los funcionarios con varias filminas e hicieron dos presentaciones: la urbanización de la villa Rodrigo Bueno y el proyecto Solares», cuenta el legislador Adrián Camps (PSA). «La iniciativa transfiere derechos a la empresa, violando la Constitución porteña y convirtiendo al emprendimiento en un barrio cerrado, algo prohibido por ley en el distrito. Prevé que la Ciudad renuncie a cualquier modificación sobre el espacio público que forma parte del emprendimiento.»

Los números en la filmina que mostraron los funcionarios de Rodríguez Larreta ante las comisiones de Planeamiento Urbano, Vivienda y Presupuesto dan cuenta del chantaje. La eventual urbanización de la villa –a la que el PRO se negó durante ocho años, incluso apelando fallos judiciales– viene atada a la rezonificación necesaria para erigir Solares. Para obtener esos valiosos terrenos, IRSA ofrece pagar 70 millones de dólares: 50 para encarar «soluciones habitacionales» no especificadas en las comunas 1 y 4, y otros 20 para infraestructura vial (puentes, accesos) que vinculen la isla con el ejido urbano. «Es inaceptable que una empresa pague para obtener una ley, o que nos venga a decir qué tenemos que hacer con ese dinero. Condicionan la urbanización a la sanción de la ley», advierte Camps.

Respecto del impacto ambiental que supone construir un puerto sobre el canal de la Reserva Ecológica, no hay un estudio. «Dijeron que esperaban que aprobemos la ley para hacerlo», finaliza el legislador. Para su colega Javier Andrade (FpV), «este convenio busca crear un barrio privado, el primer country de la Ciudad. Son las contradicciones del modelo de Ciudad PRO: proyectos de integración de las villas con escasos beneficios para los vecinos, y cruzando la vereda, un mega emprendimiento inmobiliario privado».

En la Rodrigo Bueno, los delegados están por supuesto de acuerdo con cualquier avance en la urbanización, aunque los vecinos que tienen sus viviendas sobre el canal que separa al asentamiento de la ex Ciudad Deportiva, levantadas sobre pilotes, las perderían. «

Villa Olímpica y Villa 20, aprobadas

La aprobación de los proyectos que crean la Villa Olímpica, enajenando parte de los terrenos del actual Parque de la Ciudad, y la reurbanización de la Villa 20, la semana pasada, obedecieron a una estrategia similar. Las viviendas que usarán los atletas de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 “serían” luego ofrecidos a vecinos de la zona mediante créditos blandos del Instituto de la Vivienda. Por otro lado, para la urbanización de la Villa 20 –como explicó el legislador Hernán Rossi (Suma +)– “ni siquiera están los planos de qué calles se van abrir”.