Denunciarán la persecución a la comunidad Mapuche ante la CIDH

Acusan al gobierno nacional y de Chubut por la represión a la comunidad de Cushamen. Denunciaron también tareas ilegales de inteligencia de la AFI y la presión de Bullrich para usar la ley Antiterrorista.
12 de Enero de 2017

Los abogados especializados en derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta, defensora del lonco Facundo Jones Huala, y Pablo Manuel Vicente denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la represión a la comunidad mapuche de Cushamen, en conflicto desde hace años con el empresario italiano Luciano Benetton.

La presentación, con la representación del abogado Eduardo Hualpa, es de diciembre y en los próximos días la ampliarán con los elementos probatorios que logren recolectar de los tres operativos de Gendarmería y de la policía de Chubut que dejaron varios heridos y detenidos.

Los abogados, ambos miembros del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), denunciaron la “grave situación de Pu Lof en Resistencia” de Cushamen, Chubut, que consideraron una constante y sistemática persecución por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Ejecutivo de la provincia del Chubut en contra de la comunidad Lof en Resistencia Departamento Cushamen y, específicamente, contra su lonco Francisco Facundo Jones Huala”.

Por esos motivos, reclaman a la CIDH “iniciar un proceso de monitoreo de la situación”.

Para Gómez Alcorta y Vicente existe en Chubut “una política estatal persecutoria en contra del pueblo mapuche, y en particular contra la Lof en Resistencia Departamento Cushamen y contra su lonco, Facundo Jones Huala”.

Consideraron que no se trata de hechos aislados, sino “constantes violaciones de los derechos humanos en su contra, al ser perseguidos, estigmatizados y criminalizados, despojados de sus tierras, sometidos a procesos judiciales plagados de irregularidades a titulo enunciativo y con un uso inusitado de la violencia estatal”.

Advierten además sobre una escalada de violencia de parte del Estado provincial y nacional que consideran que “aumentará los niveles de militarización de la zona”.

Tareas de inteligencia. Entre los hechos mencionados en la denuncia, señalan la realización de tareas de espionaje ilegales contra la comunidad. “Un Agente de la AFI, con credencial de la Delegación Trelew de la Secretaría de Inteligencia, se presentó ante el fiscal provincial, Fernando Rivarola, el 28 de mayo del 2015, quien le dijo que hacía más de un año que venía trabajando con el grupo mapuche que estaba realizando tareas de recuperación territorial y quería aportar información que tenía en su carácter de agente de inteligencia, pidiendo reserva al respecto dada esa misma condición”, relataron.

El rol del agente quedó en evidencia en el juicio por extradición a Jones Huala, quien finalmente quedó en libertad, donde el propio espía confesó su rol.

“Reconoció en su propia declaración indagatoria que su investigación, que había comenzado hacia un año -de aquel acto- y estaba centrada en recabar información, justamente de Facundo Jones Huala”, explicaron.

Presiones del Gobierno nacional. A las tareas de inteligencia de la AFI, sumaron también la presencia de funcionarios nacionales del Ministerio de Seguridad para impulsar la acusación por la ley antiterrorista.

Mencionan allí al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y un informe de gestión del Ministerio que se refiere al caso de Jones Huala. En ambos casos, se destaca la intensión de la cartera a cargo de Patricia Bullrich de perseguir a la comunidad como terroristas.

El petitorio. Gómez Alcorta y Vicente pidieron a la CIDH que reclame al gobierno un informe sobre todas las tareas de inteligencia que se realizan al pueblo Mapuche, sobre la aplicación de la ley antiterrorista contra la comunidad y sobre el envío de fuerzas federales para llevar adelante la represión.

También pidieron al organismo que formulen recomendaciones al Estado argentino para el cese de todas las tareas de inteligencia ilegales; que los funcionarios públicos del poder ejecutivo se abstengan de instar la aplicación de la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche; el cese de la persecución; la apertura de canales de diálogo y la adopción de protocolos de intervención para estos casos.

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