Fiscalías especiales en riesgo, una vía libre para los delitos complejos

La reforma de la ley que regula al Ministerio Público Fiscal deja a criterio del futuro procurador la continuidad de estas unidades especiales que asisten a juzgados, capacitan al personal y ayudan a sortear presiones políticas. Sus objetivos y logros. La importancia de su continuidad para la sociedad civil.
11 de Noviembre de 2017

La detención de José María Viero, un exagente de inteligencia de la Gendarmería, reveló cómo una red de trata operaba en Paso de los Libres, con la complicidad de la Municipalidad, la fiscalía local y hasta la gobernación de Ricardo Colombi. La trama además involucra delitos de lavado de dinero e inteligencia ilegal. El juez federal de Corrientes tuvo que contactar a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en Buenos Aires para poder avanzar. Se sumaron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). Todas las unidades y fiscalías especiales, algunas más nuevas y otras antiguas, desaparecieron del texto del proyecto de ley que regulará el Ministerio Público Fiscal, por lo que su continuidad quedará a criterio del procurador de turno.

Fuentes de distintas fiscalías destacan que cuando se trata de delitos complejos como lavado de activos, corrupción, trata o narcocriminalidad las unidades de investigación aportan personal con conocimiento especializado desde su estructura central. Esto también ayuda a sortear las presiones políticas locales que sufren los fiscales en lugares chicos. A su vez, estas megafiscalías centralizadas pueden recoger y sistematizar información delictiva de todo el país, lo que ayuda a identificar bandas y modalidades que actúan en distintos puntos. Ejemplo de esto es la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, cuyo titular es Horacio Azzolin, la única cuya existencia quedó garantizada en el texto de la nueva ley.
Su importancia también se evidencia al momento de centralizar y sistematizar la información sobre delitos. Por ejemplo, la Protex cuenta con un área de capacitación y estadísticas que recopila datos de expedientes judiciales para la elaboración de informes sobre la dinámica del delito en el país. O la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) elabora informes sobre los casos de femicidio y sus sentencias, material con el que se elaboró una base de datos y se redactó un protocolo de investigación y litigio para estos casos.

Tiempo recopiló casos emblemáticos y cifras sobre los resultados obtenidos a partir del trabajo de estas Unidades Fiscales en peligro de extinción.

La jubilación y el PAMI

La UFI PAMI se creó en 2004, a partir de un convenio que firmaron la entonces directora de la obra social de los jubilados, Graciela Ocaña, y el procurador general Esteban Righi. Desde entonces, investigan delitos de corrupción, mala praxis y maltrato a las personas mayores. "Integramos unidades que se encargan de defender los derechos de los adultos mayores. Hay muchos casos de internaciones forzadas o violencia familiar. Así como nos preocupamos por la violencia de género, los adultos mayores son un colectivo de la comunidad que tiene que ser visibilizado", explicó Javier Arzubi Calvo. A partir de la centralización de la información de distintas provincias descubrieron una modalidad delictiva para estafar al PAMI con recetas falsas de insulina y tiras reactivas que le costó al Estado unos 20 mil millones de pesos.

La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) cuenta con 28 personas para 800 investigaciones preliminares abiertas. "Hay mucha evasión de aportes previsionales que nos llevan a investigar a distintas empresas", relata su titular, Gabriel De Vedia. A partir de las investigaciones de la Ufises, se descubrieron las maniobras con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El ministro de Finanzas, Luis Caputto y el propio director de la ANSES, Emilio Basavilbaso, fueron denunciados por irregularidades en su administración, y su subdirector ejecutivo, Luis María Blaquier, por incompatibilidades e incumplimiento de deberes de un funcionario público.

Los derechos de las mujeres

A fines de 2015, la Justicia condenó a 16 años de prisión a Ariel Silvera por el intento de femicidio de Aylín Silvera en junio de 2014, cuando le disparó siete veces. La UFEM, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, comenzó a intervenir en el caso en diciembre de 2015, a partir de la derivación efectuada por la DOVIC, cuyas profesionales acompañaban a la víctima y su familia por la presentación espontánea de la madre. El agresor se encontraba prófugo desde hacía casi dos años y seguía amenazando a la víctima. El caso de Aylín forma parte de la base de casos propia que se construye como un registro permanente de la UFEM, a través de su Área de Análisis Criminal y Planificación.

Corrupción

Sergio Rodríguez asumió la titularidad de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) luego de un concurso público a fines de 2014. En abril del año pasado logró la reapertura de la causa Skanka, que investiga el pago de sobornos para ganar licitaciones en la ampliación de gasoductos en donde está involucrado el extitular del Enargas Fulvio Madaro, que dependía del exministro de Planificación Julio De Vido. La PIA es la que apeló este año ante la Corte Suprema el sobreseimiento del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo personal de Mauricio Macri, acusado de recibir coimas de Odebrecht.

Lavado de dinero

Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aconsejan a sus países miembro, como Argentina, que tengan órganos especializados de investigación criminal. Este año la Procelac aumentó en un 30% sus colaboraciones con las fiscalías de las provincias para promover la federalización del servicio, ya que de otra manera se tendría que nombrar a fiscales especializados en delitos complejos en todas las dependencias. Una de las investigaciones más resonantes que llevó adelante fue la conocida como Carbón Blanco, de Chaco, luego de que en 2012 llegara a Portugal un cargamento de carbón despachado por la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL, desde la ciudad chaqueña de Quitilipi, en donde se ocultaban 380 kilos de clorhidrato de cocaína. En marzo de este año se confirmaron los procesamientos y embargos millonarios a los acusados. La Procelac también intervino contra el Clan Alé de Tucumán, acusado de secuestrar a Marita Verón para su explotación sexual.

Trata, madre de otros delitos

La Protex fue la protagonista del caso del prostíbulo Sheik. El titular de esta Procuraduría, Marcelo Colombo, representó al Ministerio Público Fiscal junto con el fiscal general Adrián García Lois. Se constató que al menos siete víctimas, mujeres, fueron captadas y transportadas hacia la ciudad de Ushuaia, mediate engaño, coerción e intimidación, y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad socioeconómica en la cual se encontraban. La importancia del caso radica en que es el primer juicio en el que una víctima querelló penalmente y demandó civilmente a sus tratantes. El tribunal no solamente condenó a los tres responsables del manejo del prostíbulo, sino que también encontró civil y solidariamente responsable a la Municipalidad de Ushuaia. «

Organismos de DD HH piden cambios

La primera avanzada para lograr que estas unidades y fiscalías especiales no pierdan institucionalidad fue de los organismos de Derechos Humanos, quienes este jueves fueron al Senado a pedir la expresa incorporación de las dos unidades con las que más trabajan: la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Luego del visto bueno de Miguel Ángel Pichetto, abrieron la puerta para sumar al resto. Fuentes de la Cámara Alta aseguraron que hasta el martes, cuando se retome el trabajo en la comisión de Justicia, los legisladores estarán trabajando en posibles modificaciones.

Las críticas al proyecto se centraron también en las mayorías necesarias para designar y remover al procurador. Con sólo la mitad más uno de los senadores se podría designar y desplazar a la cabeza máxima de todos los fiscales del país. Por lo pronto, trascendió que hay consenso para que la remoción requiera los dos tercios de la Cámara Alta.

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