Hubo un cambio repentino. La mesa nacional de Juntos por el Cambio propuso la apertura del tratamiento del pliego del candidato a procurador general propuesto por el presidente, Alberto Fernández, el juez federal Daniel Rafecas, para comenzar el proceso en el Senado. El principal bloque opositor asumió el compromiso de garantizar los dos tercios que el Frente de Todos necesita para la designación. El oficialismo, por su parte, continuará con su intención de avanzar en el tratamiento del proyecto que modifica el método de designación del jefe de los fiscales.

“En este año el oficialismo ha instalado un debate diferente a la discusión por el nombre del procurador. En su lugar propuso discutir la institución misma. En este sentido, la ley que se debate actualmente en Diputados revierte la garantía de un Ministerio Público elegido por amplias mayorías, proceso que sustenta la garantía constitucional de una institución que ejerza su autonomía con independencia”, argumentó Cambiemos en su comunicado, el miércoles pasado.  

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La postura de la oposición no hizo mella dentro de la coalición del gobierno. Fue leída por el oficialismo como un pacto para blindar al procurador interino, Eduardo Casal. “Es una chicana permanente que tiene por único objetivo proteger a Casal, que les custodió las chanchadas que hizo la mesa judicial”, le dijo a Tiempo una fuente del Senado que confirmó que “el tratamiento del proyecto del FdT avanzará en Diputados”.

Con respecto al giro de los senadores de Cambiemos, fuentes cercanas a la Casa Rosada señalaron que la oposición quiere “reducir el debate a un cambio de figuritas”. Y que por eso el oficialismo, más allá de las últimas declaraciones de Rafecas, tomó como estrategia “no dar nombres, para no reducir el debate, ya que el proyecto es mucho más que eso”.

Lo cierto es que si bien no hay fecha de sesión en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos dejó listo el dictamen de mayoría para “colarlo” en el recinto en cualquier momento. Esto, siempre y cuando consiga el número para conformar el quórum que habilite su tratamiento (129 diputados). Hasta ahora el único respaldo seguro es de diputados del interbloque de José Luis Ramón. 

Para el resto de los espacios políticos minoritarios “no es momento” para discutir este tema judicial, teniendo en cuenta otros problemas que afectan a la sociedad como la inflación, el plan de vacunación, la situación económica atravesada por la pandemia y el desempleo.

Por otra parte, diputados provinciales denunciaron públicamente que recibieron amenazas por mensajes de texto de números desconocidos contra su acompañamiento al oficialismo en la aprobación del proyecto. Fue el caso del mendocino Ramón, pero también del justicialista por Salta Andrés Zottos, quien en diálogo con Diputados TV denunció: “Me enferma porque recibí más de 3000 mensajes, todos copiados y armados, y así no podemos construir”.

El proyecto propone que el mandato del titular de la procuración general deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez. Y que la elección no se planifique en un año electoral

También prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta –la mitad más uno de los miembros del Senado– en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente. Esa mayoría agravada sí sería necesaria en caso de que quiera remover al jefe de los fiscales por juicio político antes de que finalice su mandato.

La situación de Casal

En cuanto al nombramiento del procurador interino, la propuesta presentada en Diputados por el ministro de Justicia, Martín Soria, recorta las facultades de la Comisión Bicameral, en tanto que ya no lo elige directamente. Ahora debería elevar una terna de tres al presidente para que lo seleccione y además no puede permanecer más de seis meses en ese interinato. Casal lleva más de tres años. «