Inquilinos vs inmobiliarias: la guerra por la comisión

La ley que prohibe a los intermediarios cobrar un arancel a quienes quieren alquilar despertó la bronca de las firmas, que aseguran que pierden el 50% de sus ingresos y que la medida es propia de "un régimen socialista". Los usuarios redoblan la apuesta y exigen más controles.
11 de Noviembre de 2017

Es la última semana de septiembre. Un grupo de 200 personas protesta frente a la Quinta de Olivos en lo que es una de las pocas movilizaciones efectuadas en cercanías de la morada presidencial bajo la gestión Macri. Anuncian que ese día están de paro por una ley que apoya el Gobierno de la Ciudad y que, afirman, los perjudicará. Un mes después, ya sancionada la norma, van por más y marchan a los Tribunales porque ningún amparo avanza. Podría pensarse que se trata de movimientos sociales, desocupados, o algún otro sector afectado por las medidas del gobierno. Pero no. Son los dueños de inmobiliarias, lanzados a una cruzada contra el 35% de los habitantes.

La avanzada en rechazo a la ley que aprobó la Legislatura semanas atrás y por la cual ahora la comisión debe pagarla el propietario y no más el inquilino, y que prohibe a las inmobiliarias cobrar gastos de administración o gestoría. En estos últimos días, el enfrentamiento entre el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) y la organización Inquilinos Agrupados (IA) se agudizó. Los primeros dicen que la ley es inconstitucional y afectará a la actividad. Los segundos denuncian que la norma no se cumple y que no hay control por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). En el medio está el gobierno porteño, promotor de una ley que toca los intereses de un sector que siempre fue amigo, de donde incluso provienen ministros actuales como Andy Freire, ex director de IRSA.

“Al principio las inmobiliarias cumplían, pero el gobierno no hizo nada, y entonces hoy el incumplimiento es casi absoluto.” Quien lo afirma es Gervasio Muñoz, titular de IA. A partir del reclamo, la organización logró una reunión con el IVC la semana pasada, en la que acordaron un plan conjunto que va desde una campaña de publicidad de los derechos de los inquilinos hasta una mesa bimestral con el organismo para dar curso a las denuncias que lleguen a la asociación, y que también incluiría operativos sorpresa. En caso de detectar inmobiliarias que no cumplan, un equipo del gobierno fijaría los carteles en las vidrieras.

El anuncio volvió a despertar el enojo de las inmobiliarias. “Nos resultaría sorprendente que el IVC esté fomentando controles en forma mancomunada con Inquilinos Agrupados, que persigue otros intereses, como el control de precios de los alquileres urbanos, que el Estado grave con un impuesto a las viviendas ociosas, y que además no convalida la política de créditos hipotecarios que promueve el Gobierno Nacional”, apuntaron en un comunicado. Los tres reclamos fueron reivindicados por Muñoz. El asesor letrado de CUCICBA, Martín Irigoyen, adelantó que, si se concretan esas acciones, realizarán la denuncia en la Justicia: “El CUCICBA tiene su propio Tribunal de Disciplina, al cual hasta ahora llegó un solo caso denunciado, que se está solucionando”. El titular del IVC, Juan Maquieyra, relativizó ante este diario los operativos de control conjuntos anunciados por IA (ver recuadro). Para Muñoz, “Ciudad debería intervenir el Colegio e impulsar una ley que le saque el poder de sanción”. 

Por primera vez en la gestión PRO porteña, un grupo económico cercano al gobierno se le rebela. De los 6000 agentes inmobiliarios matriculados en territorio capitalino, más de 100 presentaron amparos, además de tres realizados en forma colectiva, uno de ellos por CUCICBA. En casi dos meses, ninguno tuvo respuesta de la Justicia. Según declaró Irigoyen a Tiempo, “la ley se está cumpliendo, independientemente de que la consideremos irrazonable e inconstitucional. Esta norma generará que las inmobiliarias, que son intermediarias que dan seguridad jurídica al propietario y al inquilino, dejen de alquilar, porque no será rentable. Hoy la rentabilidad por alquilar es del 2 al 3% mensual, cuando antes era del 6 por ciento. Y los propietarios van a optar por vender, antes que alquilar”. Muñoz, en cambio, considera que el propietario negociará con las inmobiliarias, y eventualmente pasará a alquilar de manera directa. 

A pesar del enfrentamiento, los dos sectores coinciden en un par de puntos: uno es el aumento de los alquileres. Según las inmobiliarias, al tener que pagar comisión el propietario, el costo se trasladará al valor de la vivienda. Desde la perspectiva de Muñoz, “este es un país que no tiene regulación de precios ni construcción de viviendas públicas para alquilar, como sucede en casi toda Europa. Acá, de 1.400.000 viviendas, ninguna la construyó el Estado porteño”.

También coinciden en que hoy existe una crisis habitacional en la Ciudad, con 35% de inquilinos, 250 mil viviendas vacías, y precios por arriba de la inflación y de los aumentos salariales. Irigoyen, del CUCICBA, fue más duro hacia el gobierno, con quien hoy manifiesta no tener diálogo: “El principal responsable de la crisis habitacional es el Estado local. Es quien dicta la política. No los inmobiliarios, a quienes nos van a cortar un 50% de los ingresos con esta ley. Acá el IVC no puso nada, y ahora lo quiere solucionar cortándole las piernas al sector privado. Parece un régimen socialista.”  

¿Por qué entonces Ciudad accedió a sacar esta ley? Es un enigma para todos los sectores. Los inmobiliarios la definen como “electoralista y populista”. Muñoz cree que fue la respuesta más tibia que encontró el gobierno, ante la crisis y el fracaso del programa Alquilar Se Puede. También para desviar la atención de lo que sucede en el Congreso, donde el Senado dio media sanción a un proyecto que regula precios de alquileres, pero que Cambiemos cajoneó en Diputados. «

"El problema no es el aumento del alquiler sino el costo de ingreso"

“Nosotros tenemos que tratar de mediar entre las partes y hacer que se cumpla la ley siempre con la cabeza en beneficiar y tratar de mejorar la vida primero de aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, que son los inquilinos”, asegura Juan Maquieyra, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC.) En diálogo con Tiempo, el funcionario añadió que también los preocupa “que los propietarios tengan tranquilidad a la hora de poner sus viviendas en alquiler y que las inmobiliarias puedan trabajar”. 

Según explicó, hasta la semana pasada el organismo que dirige y que debe velar por el cumplimiento de la ley había recibido 435 consultas de inquilinos, aunque “no incluían denuncias hacia inmobiliarias por el cobro de comisión”. En caso de recibirlas, su trabajo sería de enviarlas al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. También menciona que el hecho de no recibir denuncias “no quiere decir que no esté pasando".

Consultado sobre los aumentos en los alquileres que denuncian los inquilinos, Maquieyra señala que no tienen registro de ello. Pero aún si sucediera, aclara, “si hablamos de un alquiler promedio de 8000 pesos y el costo de la comisión se trasladara al precio del alquiler, estaríamos hablando de unos 300 pesos aproximadamente. O sea que el que paga 8000 pasaría a pagar 8300 y los mismos inquilinos nos dijeron que prefieren pagar 300 pesos más durante todo el alquiler que pagar 8000 de entrada porque el problema es el costo de ingreso”.

La Pampa también busca su ley

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia, las dificultades para tener un alquiler digno se transformaron en un problema nacional. Por tanto la flamante ley porteña llamó la atención de muchas agrupaciones que comenzaron a promover medidas semejantes en distintas jurisdicciones. La Organización de Inquilinos de La Pampa es una de las primeras en avanzar para modificar la ley del Colegio de Martilleros de su provincia para que las comisiones de las inmobiliarias las paguen los propietarios. Según informó El diario de La Pampa, diputados provinciales se reunieron con inquilinos, la Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Martilleros para consensuar la modificación de la ley correspondiente. 

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