Un monoambiente, que Facundo Sanseverino (37) alquilaba en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, cerca de Agronomía, pasó de valer $ 50 mil a casi $ 200 mil. Las expensas que pagaba ya estaban en $ 35 mil e iban en aumento. Todo en subida, menos sus ingresos. A pesar de que Facundo trabaja casi todo el día como jefe de compras de una firma de locales gastronómicos, en enero se vio obligado a tomar una decisión incómoda: volvió a vivir a la casa de sus padres.
El fenómeno social se repite en muchas otras personas que tienen trabajo e ingresos medios o bajos, que tuvieron que buscar en el hogar familiar un refugio ante los aumentos descontrolados tras la devaluación de diciembre y el DNU 70 del gobierno nacional que derogó la Ley de Alquileres y que pasó a «liberar» el mercado: ahora es todo un arreglo entre privados. Dueño-inquilino. Una relación que ya se sabe asimétrica.
Desde ese momento creció la oferta de alquileres en dólares, contratos por menos duración y aumentos de hasta el 300%. Hoy se encuentran deptos de tres ambientes a 500 dólares por mes. La situación también llevó a personas a alquilar «en conjunto». Vivir en inquilinato se volvió expulsivo.
«Es una locura, 250 mil pesos por mes más impuestos, básicamente todo mi salario se me iba a ir ahí, por eso decidí volver con mi familia. Además me pedían seguro de caución, ahora ya no quieren más garantía propietaria», cuenta Facundo a Tiempo. Dice que a la inmobiliaria le conviene el seguro de caución porque si hay algún problema se encarga el seguro y el propietario cobra igual. «Un seguro de caución está unos 300 mil, y hay que sumar también la actualización del mes de depósito; necesitaba algo así como 700 mil pesos para un nuevo contrato».
Desde enero, Facundo mudó sus pertenencias a una habitación en la casa de sus padres en Colegiales. Aporta para los gastos comunes, la comida y el sustento de su mascota, un pequeño gato. Sólo así le queda un resto para, de vez en cuando, salir a tomar una cerveza o compartir una comida. «No tengo que pagar un alquiler, eso me dio un grado más de posibilidades de disfrute, de salir a tomar una birra con alguien, ningún lujo, en algún sentido siento que tengo el privilegio de tener un techo familiar, algo que mucha gente no tiene». Pero por otro lado le cae la sensación del paso atrás en su independencia: «una persona aspira, por los menos, a vivir solo, a mantenerse, tener una vida digna, es un retroceso importante».
El aumento descontrolado de los alquileres tiene otras aristas: jubilados que van a vivir a lo de algún hijo/a, familias que se mudan a barrios o ciudades más alejadas. Para Facundo, en el contexto actual incidió la derogación de la Ley de alquileres, aunque sostiene que «por sí misma no funciona, faltaron políticas públicas del anterior gobierno en principio, y después vino este gobierno que promueve la dolarización y la desregularización completa del mercado». Hoy, más de la mitad de la oferta de alquileres en CABA está dolarizada. Hace siete años, alcanzaba sólo al 10% de los inmuebles.
Contratos
«Los inquilinos e inquilinas no pueden pagar los alquileres, y ante las renovaciones y los precios desmedidos que se piden, la opción para los que pueden, es volver a vivir con sus padres», remarca Tamara Lescano, integrante de Inquilinos Agrupados. Cuenta que las consultas ante esta situación se multiplicaron: «es muy angustiante, incluso compañeros de la agrupación tuvieron que volver a vivir con su familia, en alguna habitación con hijes y sus parejas, porque no podían afrontar los nuevos valores de los alquileres».
Expone casos de inquilinos a los que se les promete una renovación a determinado monto y a último momento los propietarios o inmobiliarias les piden mucho más dinero o incumplen la palabra. Con el decreto 70/23, las dificultades se exacerbaron. «Desregula los ajustes dentro de contrato, los plazos pueden ser los que se les ocurra al rentista, entonces se genera una incertidumbre y un miedo de no poder pagarlo más adelante», asevera Tamara.
El problema no es sólo el monto al que puedan llegar a acordar las partes. Sino los sucesivos aumentos que se pacten según el índice IPC, acumulativo cada tres meses. Un ejemplo concreto que llegó a Inquilinos Agrupados: una persona con contrato de un año y cada tres meses le ajustan acumulativamente por IPC. Si se calcula la inflación actual, en tres meses se supera el 60% del monto inicial del contrato. Y luego puede sumarse otro 60% sobre el último número. «Entonces vos te planteás un contrato de vivienda ahora y no sabés si en tres o seis meses lo vas a poder pagar porque claramente los salarios no acompañan ese ritmo. La desesperación es muy grande», señala Tamara.
Las redes son un terreno donde los inquilinos vuelcan sus situaciones cotidianas. Una de ellas fue Agustina Silva: «me tuve que volver a lo de mis viejos porque no alcanzaba la guita para alquilar y vivir, el rector de mi universidad nos comunicó que si sigue asi la situacion es probable que cierre, y ahora nos sacan las becas (Progresar) con las que te hacen la cursada un poco menos pesada, yo ya no sé…». «
Lluvia de desalojos
«Vemos venir una lluvia de desalojos, de juicios, porque no se va a poder pagar el alquiler, y a medida que vayan avanzando los meses esta situación se va a ir agudizando», advierte Tamara Lescano, de Inquilinos Agrupados. El DNU 70/23 entró vigencia en diciembre, pero sólo alcanza a quienes tengan contrato vencido a partir de enero. «Afecta a los que se les vence el contrato ahora y empiecen a firmar nuevos. Vamos a una situación donde la crisis va a ser incontrolable. Lo urgente es que se caiga el DNU». Mientras tanto, el diputado del PRO, Martín Yeza, anunció que presentará un proyecto de ley para darle «celeridad» a los desalojos.
