El acceso a la vivienda en la Argentina se consolidó como una meta inalcanzable para los sectores de menores ingresos bajo la actual gestión de gobierno. Durante el mes de junio, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó formalmente pulverizado por el mercado inmobiliario, al registrarse que un sueldo básico entero no llega a cubrir el costo mensual de alquiler de un monoambiente promedio en las grandes urbes del país. Mientras el salario mínimo legal se posicionó en torno a los 234.000 pesos, el precio medio para la tipología más pequeña y económica de los departamentos ofertados trepó a los 245.000 pesos, dejando a miles de trabajadores formalizados en una situación de virtual desamparo habitacional y exclusión absoluta.
Esta realidad expone el fracaso de las promesas de desregulación que el Poder Ejecutivo nacional defendió tras la derogación por decreto de la Ley de Alquileres. Lejos de estabilizar los valores mediante el libre juego de la oferta y la demanda, el retiro del Estado de su rol regulador profundizó la crisis de la clase trabajadora, donde la inflación en el rubro vivienda continúa corriendo a una velocidad muy superior a la actualización de las paritarias y los ingresos fijos. La distorsión es tan severa que, para un asalariado que percibe el haber mínimo, el mero pago de un techo básico —sin computar expensas, impuestos, servicios ni alimentos— ya representa más del 104% de sus ingresos netos mensuales.
El impacto de este estrangulamiento financiero se siente con mayor crudeza en el segmento de los inquilinos jóvenes, los trabajadores precarizados y las familias monoparentales. Al no existir un piso salarial que garantice las necesidades básicas consagradas en la Constitución, el mercado inmobiliario se convirtió en un filtro expulsivo que empuja a los sectores medios y bajos hacia el hacinamiento, la informalidad habitacional o el retorno forzado a los hogares familiares. Ante este escenario, las cámaras que nuclean a las organizaciones de inquilinos advierten que la falta de un marco regulatorio y la decisión oficial de congelar el salario mínimo en niveles de indigencia están configurando una crisis social de magnitudes inéditas en las principales capitales provinciales.
La nula intervención de la gestión libertaria para contener la escalada de precios o actualizar el salario mínimo en términos reales consolida una política de transferencia de recursos de los asalariados hacia los sectores rentistas. En las plataformas de oferta inmobiliaria, los contratos ya exigen indexaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un esquema que torna impagables las renovaciones y genera una ola de desalojos silenciosos. Mientras el relato oficial insiste en celebrar el superávit y la estabilización macroeconómica, la realidad en los barrios expone que la supuesta normalización del mercado inmobiliario se sostiene sobre el empobrecimiento deliberado de quienes trabajan y ya no tienen dónde vivir.
