Seis meses después de la primera arremetida del gobierno de Mauricio Macri contra Bolivia, y pasados nueve días desde que se dispuso el estacionamiento de los primeros 500 efectivos de las fuerzas armadas en la jujeña La Quiaca, los 773 kilómetros de frontera terrestre y fluvial entre ambos países siguen como siempre, en paz. Los cargamentos de droga que los soldados soñaban que iban a incautar en aras de la seguridad global quedaron opacados, como siempre también, por unos insignificantes incidentes de contrabando hormiga relacionados con el tráfico ilegal de alimentos para consumo familiar.

La ultraderecha boliviana, dentro y fuera del país, se ilusiona sin embargo con la idea de que la estrategia del amigo argentino rinda algún fruto y termine incidiendo en las elecciones de octubre de 2019, cuando Evo Morales se postule para un nuevo mandato. El 25 de agosto, mientras seguía a la espera de una decisión judicial por la venta fraudulenta de su Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a un holding mexicano, el eterno candidato presidencial Samuel Doria Medina festejaba el traslado de tropas argentinas «para ponerle freno al desquicio fronterizo».

Y en Miami, preparándose para cumplir la condena que le dictó la corte de Fort Lauderdale por haber ordenado 63 asesinatos durante la «Masacre de Octubre» de 2003, el exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín comentaba la decisión de Macri. En su columna semanal del Diario Las Américas, elogiaba el 26 de agosto que «el presidente de Argentina haya militarizado la frontera con Bolivia para que las fuerzas armadas luchen contra el tráfico de cocaína con el que Evo Morales invade a los países fronterizos».

Morales no dejó pasar el aparatoso despliegue con el que Macri militarizó la frontera, pero en el Ministerio de Gobierno dijeron que «se observan los hechos con cautela». El mismo 23 de agosto, cuando llegaron los soldados a La Quiaca, el presidente respondió que «no nos van a asustar ni amedrentar».

Días antes había sido duro cuando criticó la decisión de Macri de suspender su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la falta de definición del argentino cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hizo pie en Colombia, con toda su prosapia atómica y violando la tradicional política americana que declaró a esta zona libre de armas nucleares.

Pero la cautela, tal como lo dijo el ministro Carlos Romero, existe. No es para menos y no sólo porque Argentina es un buen comprador de gas natural boliviano. Importa diariamente, según la época del año, entre un mínimo de 19,9 millones y 23,9 millones de metros cúbicos, y es también el principal emisor sudamericano de las remesas con las que los emigrados ayudan a sus familias.

«El gobierno ensucia el escenario con actitudes xenófobas propias y de sus aliados –el gobernador jujeño Gerardo Morales, el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, el diputado salteño Alfredo Olmedo o el intendente marplatense Carlos Arroyo–, que lamentablemente dan buenos réditos en una sociedad que Macri sabe que es muy permeable a los argumentos racistas», dijo desde la cárcel la dirigente social Milagro Sala. «Macri trata de llevar las relaciones hasta un máximo extremo, busca generar fricciones que deriven en una reducción forzada del envío de remesas, con lo que generaría un profundo malestar sobre decenas de miles de familias (cientos de miles de personas) justo en un momento en el que se recalienta la interna política con miras a las presidenciales bolivianas de 2019», agregó.

Según el Banco Central de Bolivia, las remesas recibidas en 2017 crecieron el 7,1% con respecto al año anterior y se situaron en 1289 millones de dólares, cifra que marca un récord histórico y significa una formidable inyección en un país cuyo producto bruto interno ronda los 33 mil millones de dólares. Considerando el país de origen de los envíos, el primer lugar lo ocupa España, con el 32,8% de ese total, seguido por Estados Unidos (17%) y Argentina, con el 14,4 por ciento. «