A horas de la presentación del presidente de la Generalitat en el parlamento catalán, el gobierno español le pidió a Carles Puigdemont que no haga nada «irreversible» y renuncie a declarar la independencia.

«Quiero pedirle al señor Puigdemont que no haga nada irreversible, que no emprenda ningún camino que no tenga vuelta, que no lleve a cabo ninguna declaración unilateral de independencia, que vuelva a la legalidad», dijo a la prensa el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

Prueba de la tensa espera que rodea esta declaración prevista ante el legislativo regional, la policía catalana cerró al público el recinto para «prevenir situaciones de presión sobre la actividad parlamentaria», ya sean unionistas o secesionistas, señaló un portavoz del cuerpo policial.

A partir de las 16 GMT (las 13 en Argentina), Puigdemont comparece ante su parlamento por primera vez desde el referendo prohibido del 1 de octubre, que su gobierno consideró vencido por los independentistas a pesar de la baja participación.

El contenido de su discurso es una incógnita: inicialmente prometió declarar la secesión como colofón a la escalada con el gobierno central de Mariano Rajoy, firmemente opuesto a permitir una consulta legal reclamada por una amplia mayoría en la región.

La situación se extremó desde el 1 de octubre y el viernes pasado el gobierno nacional emitió un decreto ley que facilita la fuga de empresas radicadas en Cataluiña, una medida que en Madrid esperan sirva para «convencer» a las autoridades catalanas de los riesgos de abandonar la unidad española.

El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, en su rueda de prensa semanal, se negó a comentar nada sobre el contenido del discurso de Puigdemont, pero negó que hubiera divisiones internas: el ejecutivo catalán está «absolutamente cohesionado», dijo.

Entre los independentistas conviven diferentes sensibilidades, más moderadas o radicales, y Puigdemont afronta el reto de contentarlas a todas.

Las principales asociaciones separatistas de la región habían convocado una manifestación frente al parlamento para «apoyar y defender la declaración de independencia», y que finalmente será trasladada al exterior de este parque.

Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy promete actuar con firmeza, inclusive si se trata de una declaración retórica o sin efecto inmediato, y sobre la mesa está la suspensión de la autonomía regional o incluso decretar un estado de emergencia.

Rajoy comparecerá el miércoles en el Congreso de los Diputados. En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto.

Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados. Madrid cuenta con el apoyo de Europa, dijo en Luxemburo el ministro español de Economía, Luis de Guindos, asegurando que la respuesta será la «adecuada».

«Esto no es un tema de independencia sí, independencia no. Esto es un tema de rebelión contra el Estado de derecho y el Estado de derecho es la base no solamente de la convivencia en España sino también de la convivencia en Europa», estimó De Guindos.

Sobre la mesa está la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia en la región.

En los últimos 100 años, el gobierno catalán ha proclamado en dos ocasiones la independencia, sin que llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue Francesc Macià en 1931, y el segundo Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.

Ante este horizonte, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural.

«Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación» del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar «hacia la insolvencia económica».

José Luis Bonet, presidente de Freixenet, la gran marca de cava -vino espumoso catalán- se mostró convencido de que habrá declaración de independencia pese a que sería «un desastre».

«Si lo hacen será un desastre pero en cualquier caso lo harán», dijo a la radio Cadena Ser, avisando de que su marca seguirá el camino de las principales empresas y se irán de Cataluña. «Lo que sí es seguro es que va a continuar el éxodo» de empresas, pronosticó.