«La mejor garantía de que la causa va a transitar dentro del Código Penal y del Procesal es que se quede en Dolores. No sea cosa que por creer que tienen Comodoro Py bajo control se encuentren con algún talibán que olfatee un cambio político y para congraciarse con lo que viene agarre dos pruebas de morondanga, haga arrepentir a uno y termine procesando a un ministro.»
La frase, pronunciada en un ámbito judicial con presencia de operadores políticos, causó un silencio espeso, mezcla de sorpresa, temor y una reflexión obligada: «No se nos había ocurrido».
La Cámara Federal de Mar del Plata resolverá en los próximos días si la investigación por asociación ilícita que tiene como cabeza visible al falso abogado Marcelo D’Alessio se quedará en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla; si terminará en los tribunales federales de Retiro, o si se tupacamarizará y se diseminará en juzgados de todo el país. Todo puede ocurrir, incluso que la decisión sea una combinación de todas esas variables. Los jueces a menudo creen que hacen justicia dándole un poquito a cada uno y lo que efectivamente ocurre es que son injustos con todos.
Sea lo que fuere que termine pasando (crece la posibilidad de que voten tres jueces y no sólo los camaristas marplatenses Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez), hay un dato que aún no apareció en superficie: la Corte Suprema está monitoreando todo. Hay un acompañamiento institucional a la causa y una aprobación tácita a la actuación de Ramos Padilla. Dicen, como si fuera una virtud: «Está trabajando como juez». Ciertamente no es una virtud, pero sí una rareza en estos tiempos.
Dos ministros del Gabinete de Cambiemos están en el radar de la investigación: la de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Germán Garavano.
Contra Bullrich, Ramos Padilla avanzó pidiendo el historial de WhatsApp de D’Alessio con una usuaria identificada como «Patricia Bullrich S6». Todo indica que es la ministra, pero siempre busca comprobaciones adicionales. ¿Cuáles? Los registros de entrada y salida del Ministerio y las cámaras de seguridad para encontrar a D’Alessio. Una suerte de «buscando a Wally» pero menos inofensivo.
Sobre Garavano, quien hasta ahora no figura como imputado, Ramos Padilla evalúa minuciosamente su relación con el financista arrepentido Leonardo Fariña. ¿Fue un actor secundario y acaso tardío de una maniobra contra Cristina Fernández de Kirchner?
El otro episodio que complica a Garavano es el audio aportado por el exjuez Carlos Rozanski, cuando el ministro le indicó, en 2016, con poca sutileza que o se iba por las buenas o lo sacaban a patadas. En esa conversación, de la que participaron los exconsejeros de la Magistratura Luis María Cabral, juez, y Beinusz Szmukler, abogado, Garavano le dijo a Rozanski: «Hay un montón de jueces… nosotros vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer».
La grabación prueba que el gobierno había decidido echar a Rozanski, que buscaba una capitulación honrosa del juez y que no iba a ser el único. «Hay un montón de jueces…». El ministro del gobierno que prometía garantizar la independencia judicial desnudó que eso era mentira. Y el mismo Garavano –según la exabogada de Fariña, Giselle Robles– le dijo al financista con vocación (pero sin convicción) de arrepentimiento que de Rozanski, quien debía juzgarlo, se ocuparían ellos.
Por estas horas, el juez Ramos Padilla analiza con lupa cada detalle. Sabe que hay grupos de espías operando en todos los sentidos y que no hay «buenos». Desde el gobierno, desde los sectores históricos de la inteligencia e incluso desde la oposición suponen que pueden direccionar la investigación. Pero cuando el juez dispone medidas como el allanamiento del viernes por la tarde a la abogada Florencia Guijo (quien confesó públicamente que había guionado a Fariña para su arrepentimiento), se sienten descolocados. Por eso quieren –ellos, los servicios– que el expediente pase a Comodoro Py. Allí todo es más fácil.
A propósito de Guijo, el viernes confirmó ante Ramos Padilla todo lo que había declarado en C5N y en Página 12 sobre el «coucheo» a Fariña. Pero Fariña asegura que no la conoce, que nunca la vio. El viernes planeaba presentar un escrito en Dolores y no llegó a tiempo. Lo hará en los próximos días y promete sorpresas.
Guijo reconoció que trabajaba para la AFI, que cobraba «en negro» y mencionó a otros abogados en su misma condición como una suerte de jefes inmediatos. Las operaciones de inteligencia se llevan a cabo con alguien que las piensa y varios que las ejecutan: abogados, lobistas, periodistas, fuerzas de seguridad y varios idiotas útiles que pasaban por allí. El allanamiento, en el que se secuestraron computadoras, pendrives y teléfonos, pero poca documentación en papel, tiene una explicación: si alguien va a Dolores y declara que mató al presidente de los Estados Unidos, el juez llamará a la Casa Blanca para comprobar si Donald Trump está vivo. «
