En 2008, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 2040 por el cual Pablo Daniel Bertuzzi, secretario en varios juzgados de primera instancia de Comodoro Py 2002, se convirtió en juez del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. En ese tribunal estaba Carlos Rozanski, el hombre que condenó por primera vez (luego lo haría otras tres) al genocida Miguel Etchecolatz. Rozanski le dio la bienvenida y le tomó juramento a Bertuzzi, quien tras asumir el cargo pidió una auditoría del tribunal en el que acababa de desembarcar.

La infrecuente medida sorprendió a todos en La Plata. Rozanski averiguó que Bertuzzi tenía una estrecha relación con el fiscal Alberto Nisman, quien por esa época estaba en el apogeo de su “investigación” sobre el atentado contra la AMIA y trabajaba en sintonía directa y acaso subordinada con el hombre fuerte de los servicios de inteligencia, Antonio Stiuso. Allí parecía haber una respuesta.

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Bertuzzi pidió la auditoría porque suponía (y de hecho, con ayuda mediática, consiguió instalar esa idea) que Rozanski privilegiaba las causas por delitos de lesa humanidad y no prestaba atención a juicios orales por otros episodios penales. La auditoría desmintió la hipótesis de Bertuzzi. Entonces emprendió la retirada y en 2010 volvió al edificio de Comodoro Py 2002, como integrante de un Tribunal Oral Federal porteño.

Bertuzzi continúa en el Poder Judicial, Rozanski está afuera. El juez que condenó cuatro veces a perpetua a Etchecolatz denunció que fue presionado por el exministro de Justicia Germán Garavano para que renunciara, so riesgo de ser sometido a un juicio político. Rozanski denunció el hecho en el juzgado federal de Dolores, cuando estaba a su cargo Alejo Ramos Padilla. Esta semana, Garavano fracasó en su intento de llevar la causa a Comodoro Py 2002.

Rozanski recuerda que mientras estuvo en La Plata, Bertuzzi minimizaba las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura. Casi que las obstaculizaba. Esta semana fue uno de los firmantes del fallo que abrió la posibilidad de que un atentado de Montoneros cometido en 1976 sea considerado delito de lesa humanidad o crimen de guerra (lo que reinstala la judicialmente perimida postura de que la represión ilegal fue una “guerra contra la subversión”) y en consecuencia deba reabrirse la causa.

Bertuzzi es solo uno de los jueces que avanzó por todos los caminos a su alcance contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo hace ahora contra el de Alberto Fernández.

Trasladado por decreto 835/2018 firmado por el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia, Garavano, desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal, Bertuzzi pidió voluntariamente descender en la escala jerárquica judicial. Un juez de tribunal oral decide si un imputado es culpable o inocente; un juez de Cámara interviene en la etapa que manda a un imputado a juicio oral. No es habitual que un funcionario festeje su descenso.

Claro, ese descenso no le significó una merma en el sueldo. Los jueces de tribunal de juicio y los de Cámara de Apelaciones tienen salarios equiparados y, por supuesto, ninguno paga el Impuesto a las Ganancias.

Bertuzzi llegó a la Cámara –vía traslado por decreto– inmediatamente después de intervenir en el juicio oral en el que fue condenado y preso el ex vicepresidente Amado Boudou. Desde el kirchnerismo lo señalan como uno de los alfiles del “lawfare”. No como el ideólogo; ese rol se lo adjudican a mentes superiores.

Bertuzzi y su colega Mariano Llorens son los padres de la teoría del “cuentapropismo” en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. El espionaje está probado: hay fotos, videos y reportes de inteligencia sobre más de un centenar de personajes públicos. Pero según los camaristas, un grupo de lúmpenes –contratados en la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani– rompieron la furiosa estructura vertical de la central de inteligencia para espiar, por propio interés, a –por ejemplo– Florencia Macri, hermana de Mauricio.

La insólita teoría fue avalada esta semana por uno de los espiados. En la TV Pública, el exdiputado de Cambiemos y actual concejal de Tigre por esa fuerza, Nicolás Massot, abonó que los que lo siguieron a él “parecían Rambito y Rambón”. Y remató: “Yo no creo que Mauricio haya mandado a espiarme”.

En noviembre de 2020, la Corte Suprema sostuvo que tanto Bertuzzi cuanto su colega Leopoldo Bruglia (quien siguió un recorrido judicial similar para desembarcar en la Cámara) no debían estar allí. Pero, como ya lo había hecho, por ejemplo, al avalar la continuidad como jueces interinos de secretarios judiciales que no habían atravesado el procedimiento constitucional para ser magistrados, avaló todo lo que habían hecho y, más aun, les permitió que siguieran haciéndolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que surgieran por concurso los jueces reales para esos cargos. Los concursos del Consejo de la Magistratura están trabados. Lo estuvieron con la formación de 13 por la postura de los consejeros que formal y realmente responden a Juntos por el Cambio. Ergo, Bruglia y Bertuzzi siguen siendo camaristas federales casi dos años después de que la Corte dijera que no debían estar allí.

Bruglia ni siquiera se presentó al concurso para revalidar el cargo. Bertuzzi sí, pero quedó lejos en la prueba de oposición. No obstante, escaló en la consideración impulsado por los consejeros afines a la oposición y hoy mantiene una posición expectante para ser confirmado en el puesto. Acaso si los consejeros que responden al Frente de Todos aceptaran que integrara las ternas, el concurso se destrabaría.

Como dicen en el campo, “difícil que el chancho chifle”. «