El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y exintendentes de todo el país por presuntas irregularidades en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Lo hizo a pesar de que en noviembre de 2018 la Cámara Federal rechazara un planteo de nulidad del expediente formulado por el exasesor de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social Rubén Marcelo Ybarra. El juez resolvió avanzar a fondo en el expediente y extendió los procesamientos que ya pesaban sobre tres exjefes de Gabinete a los jefes comunales.

Entre los intendentes figuran Francisco «Barba» Gutiérrez, exjefe comunal de Quilmes, y Francisco «Paco» Durañona, de San Antonio de Areco;  Claudia Panzardi (Laguna Blanca, Chaco), Mateo Daniel Capitanich (Campo Largo),  Lorenzo Heffner (Villa Bermejito, de Cambiemos, detenido en otra causa); los entrerrianos Juan Carlos Kloss, de Hasenkamp; Luis Dume, de Oro Verde; y los exintendentes Luis Erro, de Gualeguay; Rubén Ángel Vázquez, exjefe comunal de San Benito y actual diputado provincial por el PJ; los bonaerenses exintendente de Azul José Inza y los actuales de Tapalqué y Laprida, Gustavo Rodolfo Cocconi y Alfredo Fisher; Pablo Zurro (Pehuajó), Walter Torchio (Carlos Casares), Alfredo Fisher (Laprida), entre otros. La lista total comprende a 92 imputados.

Por su parte, el Partido Justicialista horas después, trató la decisión de Bonadio como «una extorsión, como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos». En un comunicado define que «los carpetazos y las falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente». «