Mauricio Macri no es el primer mandatario argentino que se enfurece por los resultados adversos en las urnas; desde Uriburu a Illia, los ensayos para condicionar y en muchos casos anular la voluntad popular, tienen antecedentes históricos.
La proscripción del peronismo decretada por el gobierno del General Pedro Aramburu en 1956 fue una medida para anticiparse al bochorno de los resultados y permitió que tres presidentes republicanos accedieran al poder sin sonrojarse y sin votos propios que los legitimaran.
Arturo Frondizi llegó a la presidencia en 1958 con la condición necesaria del partido mayoritario prohibido y los votos prestados por esa misma fuerza; José María Guido en 1962, sólo con el apoyo de los poderes facticos, y Arturo Illia con un 25 % de sufragios en su favor, contra el atronador voto en blanco de los millones impedidos de expresar sus ideas a través de una propuesta electoral.
En esa década de 1956 a 1966, al igual que en la de 1930, las instituciones republicanas se desvincularon de la democracia a través de mecanismos que procuraron distorsionar la voluntad mayoritaria del pueblo argentino.
La opinión del presidente Mauricio Macri expresada en su discurso del lunes 12 de agosto, respecto al error cometido por la mayoría de la ciudadanía, se inscribe en una larga tradición ideológica, expresada desde principios del siglo XX en los debates en torno a la Ley Sáenz Peña, los fundamentos del fraude patriótico de la “década Infame” y en el discurso del frente cívico militar de la autodenominada Revolución Libertadora. Ese pensamiento se expresó profusamente en la prensa tradicional en los años 60 por plumas como la de Mariano Grondona, quien además de dar sustento teórico a esta particular interpretación de la democracia, difundió junto a los diarios La Nación, La Prensa o la revista Primera Plana, la inquietud que cada coyuntura electoral generaba en los cuarteles.
En las elecciones provinciales de marzo de 1962 se presentó una de las situaciones más brutales de impugnación del mandato de las urnas y de la voluntad mayoritaria; el caso de mayor relevancia sucedió en la Provincia de Buenos Aires dónde la fórmula de la Unión Popular, que llevaba a Andrés Framini como candidato gobernador y a Francisco Marcos Anglada a vicegobernador se impuso ampliamente sobre los candidatos de la UCRI y de la UCR. El presidente Frondizi recibió con estupor los resultados victoriosos de las candidaturas que, bajo denominaciones partidarias no proscriptas, llevaban a hombres del peronismo a gobernar 11 provincias, entre ellas la de Buenos Aires. La noticia tampoco fue bien recibida por los grupos económicos transnacionales que habían sido convocados al proyecto desarrollista y menos aún por el FMI con quien el gobierno había celebrado acuerdos poco tiempo antes. Esta inquietud fue transmitida al presidente por las FFAA y Frondizi tomó la decisión de anular los resultados por decreto e impedir la asunción de los gobernadores electos. Extinto cualquier resto de credibilidad que le quedara en algún sector de la sociedad Argentina, Frondizi fue destituido por las FFAA quienes, con el colaboracionismo de la Corte Suprema de Justicia, sentaron en el sillón de Rivadavia al senador radical José María Guido.
En relación a lo acontecido, Perón reflexionó desde Madrid acerca de Frondizi: “Cuando se le acabaron las víctimas de su lista, él mismo pasó a ser pasto de los leones. No había respondido a ninguno de los compromisos contraídos con el pueblo, porque jamás pensó en cumplirlos.”
El presidente Mauricio Macri podría descubrirse en ciertos pasajes de ese espejo de la historia; algunos actores permanecen, tal es el caso del peronismo, la embajada o el capital transnacional; otros han sido oportunamente reemplazados en pos de la eficacia; por caso las FFAA no ocupan en 2019 ningún lugar relevante y en su lugar son los cuarteles mediáticos y judiciales los encargados a su turno de mostrar el malestar, que los ganadores y el perdedor de las elecciones primarias del último domingo causaron al mercado.
