Organizaciones defensoras de los derechos humanos, encolumnadas detrás de la asociación civil Abogados por la Justicia Social (AJUS), denunciaron ante la ONU a la Corte Suprema argentina por el fallo que repuso una ley derogada y modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, restableciendo en su presidencia al juez Horacio Rosatti.

El escrito, de 43 páginas y presentado ante la Relatoría Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados, reclamó a la ONU que “se realice un llamamiento urgente al gobierno a fin de que tome acciones respecto de la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requieran medidas para favorecer la independencia e imparcialidad en la conformación del Consejo de la Magistratura específicamente en cuanto a que se encuentre entre sus miembros un juez de la Corte Suprema”.

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El pedido fue acompañado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina representada, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Los organismos reclamaron, además, que “se le remita al Estado argentino informes y disposiciones internacionales, a fin de encauzar las discusiones parlamentarias que transitan andariveles distantes de las propuestas internacionales en la conformación de un Consejo de la Magistratura”.

El escrito apunta a los cuatro integrantes de la Corte, quienes actuaron “conformando un Consejo de la Magistratura ‘a la carta’, poniendo en riesgo el estado de derecho y al propio sistema democrático de la República Argentina”.

El documento asocia el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de una ley que rigió durante casi 16 años al “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial que realizara Mauricio Macri”.

“Es un fallo que beneficia a los mismos magistrados que lo dictaron transformando a la sentencia en otra arbitrariedad realizada por la Corte Suprema para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial, en regresión a los estándares de independencia e imparcialidad, y en eminentemente abuso de poder”.

“En otras palabras –añade el texto-, es una sentencia dictada por los mismos magistrados que se ven beneficiados por el fallo que emiten”.  Además, sostiene que justamente por ese auto beneficio, “los jueces de la Corte Suprema debieron excusarse”.

El máximo tribunal “ha violentado a una inveterada doctrina del máximo tribunal al declarar la inconstitucionalidad de una ley en abstracto; sin antecedentes ni situación fáctica que la fundamente, en franca contradicción a más de 200 años de antecedentes”.

El cuestionamiento central apunta a Rosatti, quien “para lograr ser presidente de la Corte debió auto-votarse y meses después, a través de su propio fallo, se logra con otro autovoto apoderarse de la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

“La Corte Suprema volvió a imponerse en la cabeza del Consejo de la Magistratura generando un claro ataque al estado de derecho, violentando la independencia e imparcialidad, y con un mensaje deslegitimador del Poder Judicial”, resume la presentación.