El fiscal federal Federico Delgado deberá resolver entre lunes y martes próximos si impulsa o no una investigación contra su colega Guillermo Marijuan por la difusión de un audio en el que presuntamente le envía un mensaje al periodista Luis Majul sobre la eventualidad de la detención de Cristina Fernández. Al mismo tiempo, la Procuración General de la Nación tiene que resolver si promueve o no un procedimiento administrativo (que difícilmente llegue al juicio político). En ambos casos, las acciones fueron impulsadas por el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade.

El caso Marijuan es una inmejorable oportunidad para que la Justicia Federal demuestre si tiene una única vara, la de los Códigos y las leyes, para todos los expedientes. Claramente Marijuan no cometió delito alguno; a lo sumo pudo haber incurrido en una imprudencia que lo complica porque trascendió, pero no por el contenido en sí mismo. Es constitutivo de la actividad profesional que un periodista que cubra información judicial tenga en su celular decenas de intercambios como el que se conoció esta semana, en el que Marijuan expresa con su propia voz, en alusión a CFK: «Decile que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal».

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Marijuan no debería tener ninguna consecuencia, ni penal ni administrativa, por esa comunicación. Pero también es cierto que el fiscal Carlos Gonella tiene pendiente un llamado a indagatoria por haber publicado en el sitio institucional de los fiscales información relativa a una causa en trámite. El juez federal Claudio Bonadio lo convocó en un expediente que desde hace semanas tiene escaso movimiento. Gonella está considerado como un hombre cercano a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Marijuan, no.

Tailhade sostiene que el mensaje de Marijuan «revela un ánimo persecutorio, amenazante y hasta vindicativo del fiscal hacia la ex presidenta de la Nación. El fiscal se encuentra muy lejos de llevar adelante su función bajo criterios de objetividad. Su única finalidad es privar de la libertad a toda costa a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner».

Aun si ello fuera cierto, tampoco sería delito. El fiscal no es imparcial; el que debe sí o sí ser imparcial es el juez. Si el fiscal fabricara prueba, la inventara o presionara a testigos para que incriminaran falsamente a una persona, entonces sí estaría cometiendo un delito.

Lo demás, la animadversión que parece traslucirse contra la ex presidenta, habla más de Marijuan como persona que como funcionario público. «