El debate de la "ley de leyes" provincial y la fiscal impositiva comenzó pasada la medianoche en Diputados y luego fue sancionada por el Senado durante la madrugada.
El debate de la «ley de leyes» provincial y la fiscal impositiva comenzó pasada la medianoche en Diputados y luego fue sancionada por el Senado minutos antes de las 3 de la madrugada. El tratamiento tuvo lugar tras la aprobación de la reforma a la ley de reelecciones que habilitó un tercer mandato a los intendentes en 2023 y que fue el primer punto que tuvo despacho en ambas cámaras.
El Presupuesto 2022 enviado por el gobernador Axel Kicillof contempla un gasto total de $3,1 billones para el año que viene y un pedido de nuevo endeudamiento de $94 mil millones, mientras que la Ley Impositiva prevé un aumento promedio del 35% de los impuestos Inmobiliario y Automotor para la mayoría de los contribuyentes. La prioridad está puesta en las áreas de Infraestructura, Salud, Seguridad y Educación.
La principal modificación que sufrió el Presupuesto y que allanó el acuerdo con la oposición fue la reedición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), esta vez por 17 mil millones de pesos, que no estaba en el proyecto original. Esos recursos son destinados a pequeñas obras que son definidas y ejecutadas por cada intendente. También se creó un Fondo Compensador para los Municipios que pierdan recursos con la modificación del Coeficiente Único de Distribución (CUD) por el que se distribuye la coparticipación.
Los diputados y senadores aprobaron también en la última sesión del año la reforma de la ley de Ministerios que había sido solicitada por Kicillof para oficializar la creación de tres nuevas carteras: Transporte, Ambiente, y Hábitat y Desarrollo Urbano. Ahora, el organigrama bonaerense pasará a tener 16 ministerios.
Los cambios habían sido anunciados por el gobernador el 9 de diciembre pasado cuando lanzó el plan de gobierno «Seis por seis» para los dos años que quedan y con miras a la reelección en 2023.
En el flamante ministerio de Transporte recalará el ex legislador massista Jorge D’Onofrio. La cartera de Ambiente estará a cargo de la diputada nacional de La Cámpora, Daniela Vilar, mientras que Hábitat y Desarrollo Urbano será conducida por Agustín Simone, quien fue ministro de Infraestructura y era hasta ahora titular del Instituto de Vivienda.
La ley también restaura el Instituto Cultural, una figura que ya había existido en gestiones anteriores, y jerarquiza el área de Cultura al escindirla del Ministerio de la Producción. Al frente del organismo asumirá la ex diputada y ex decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout.
Cinco pliegos y más defensores
A todos estos cambios en el gabinete bonaerense se le suma la designación de Alberto Sileoni, cuyo pliego fue aprobado ayer por el Senado bonaerense, tal como fija la ley. El ex ministro de Educación nacional durante la presidencia de Cristina Kirchner quedó habilitado así para asumir al frente de la cartera educativa provincial, en reemplazo de Vila. La funcionaria, en tanto, será nombrada al frente de la Secretaría General de la Gobernación, el cargo que hoy ocupa Federico Thea.
Los senadores también prestaron acuerdo para designar a cuatro directores del Banco Provincia, todos por el oficialismo. Fueron nombrados Sebastián Galmarini por el Frente de Renovador; Humberto Vivaldo por el sector de intendentes de Martín Insaurralde y Mariano Cascallares; el ex senador Daniel Horacio Barrera, alineado políticamente con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y Alejandro Formento, impulsado por Kicillof. Excepto Barrera, el resto ya forma parte del directorio y renovará su mandato.
Los pliegos de los directores que le corresponden a Juntos en la banca pública no fueron elevados y quedarán para marzo, según confirmaron fuentes legislativas. También quedó para 2022 la designación del presidente del Tribunal de Cuentas, cargo para el que el gobernador Kicillof propuso a Thea.
Ya de madrugada, la Legislatura también aprobó la renovación de autoridades en la Defensoría del Pueblo, designando a Guido Lorenzino por 5 años más, y creando además tres nuevos cargos en la estructura del organismo como parte de un acuerdo político para contener a los distintos sectores. Desde ahora, la Defensoría contará con un titular, dos adjuntos generales y cinco adjuntos dedicados a Derechos Humanos, Derechos Sociales, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Relaciones Institucionales. El Frente de Todos ocupará cinco de esos lugares mientras que la oposición se llevará los tres restantes.
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