El fiscal federal Franco Picardi pidió la “nulidad” de todas las escuchas telefónicas a ex funcionarios kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza que dieron lugar a la denominada “Causa Puf”, una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y la ex diputada Elisa Carrió con la presunta intención de neutralizar la situación generada por la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio.
“Solicito al Sr. Juez que decrete la nulidad y/o exclusión de las partes correspondientes del requerimiento de instrucción en las que fueron plasmadas las transcripciones telefónicas correspondientes a la causa 41475/2016 y todo lo actuado en consecuencia”, sostuvo Picardi, en un documento de más de 100 páginas.
Lo hizo ante sendos planteos de nulidad del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta –representado por el abogado Alejandro Rúa- y del juez Juan María Ramos Padilla, abogado en causa propia.
Picardi le pidió al juez Sebastián Casanello que “se excluya toda la actividad jurisdiccional vinculada con la incorporación del producido de las intervenciones telefónicas y su posterior transcripción, como así también cualquier otro acto procesal por medio del cual se hayan incorporado o utilizado las grabaciones de las escuchas cuestionadas y sus transcripciones”.
El origen de la Causa Puf
Cuando estalló la situación de Marcelo D’Alessio y comenzaron a aparecer pruebas de sus relaciones con funcionarios judiciales y políticos vinculados con Juntos por el Cambio, tanto Carrió cuanto Stornelli recibieron de manera anónima sendos sobres con transcripciones de escuchas en el penal de Ezeiza.
En esas conversaciones, el actual diputado Eduardo Valdés le comentaba al detenido ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi los pormenores de la Causa D’Alessio y expresaba: “Stornelli puf, Bonadio puf”.
Stornelli y Carrió radicaron denuncias sobre el supuesto armado de una causa judicial para perjudicar a la Causa Cuadernos y argumentaron que las escuchas eran “legales”, pues habían sido ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.
Sin embargo, el fiscal Picardi recordó que Villena sólo había ordenado escuchas sobre otro detenido, Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”, y dispuso la destrucción de todas las grabaciones que no tuvieran que ver con él.
Segovia estaba alojado en un pabellón y fue trasladado al “IRIC” (Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad).
Poco después de su alojamiento en ese lugar, ingresaron en calidad de detenidos José María Núñez Carmona, Carlos Zannini, Amado Boudou, Jorge Chueco y Rafael Resnick Brenner, entre otros ex funcionarios y allegados al kirchnerismo.
Ello dio lugar a las sospechas –y una causa judicial aún abierta- sobre escuchas ilegales por parte del anterior gobierno a presos K.
“No existen dudas en cuanto a que el contenido de las referidas intervenciones vinculadas a una serie de personas que utilizaron los teléfonos públicos, las cuales se encontraban exentas del monitoreo y escucha de sus comunicaciones privadas por expresa disposición del Juez de la causa, terminaron en poder de la Dra. Elisa Carrió”, subrayó Picardi en su dictamen.
“Existen cabales indicios que permitirían analizar con ciertos grados de verosimilitud la posibilidad de que se hayan desarrollado acciones de inteligencia vedadas por las normas que regulan la materia, y de suma gravedad institucional, en el marco de las interceptaciones telefónicas en cuestión”, evaluó el fiscal.
En ese contexto, concluyó que las grabaciones como elemento de prueba “ve fulminada su eficacia y validez en razón de su modo de obtención e incorporación a esta pesquisa”.
