“Sincericidio”. Así podría interpretarse la frase con la que el ministro de Educación Esteban Bullrich inauguró su discurso en la última Conferencia Industrial organizada por la UIA, en noviembre de 2016. Allí, el titular de la cartera educativa aseguró a los principales empresarios del país que se presentaba ante ellos como “gerente de recursos humanos” y no como titular del ministerio de Educación.

Días antes, el gobierno nacional había dado a conocer su plan “Aprender 2016”, que pretende establecer dispositivos estandarizados de calificación para escuelas, docentes y alumnos a partir de los cuales generar rankings de establecimientos. Estos, a su turno, servirían para imponer un régimen presupuestario diferenciado, basado en premios y castigos a las escuelas según el desempeño de sus alumnos, haciendo caso omiso a las condiciones sociales en las que se desenvuelven y, por lo tanto, reproduciendo y agravando las desigualdades ya existentes.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

En 2013, cuando Bullrich oficiaba de ministro porteño lo explicó con claridad al diario La Nación: “Si la escuela mejora un 10% con relación al año anterior, podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos de 7º grado podrían viajar a Bariloche. Lo que queremos es que se comprometa toda la comunidad en la mejora de la calidad”.

En el plan, además, subyace la implementación de regímenes de productividad sobre el salario docente (por mérito), en franca violación del estatuto que rige la actividad de la enseñanza y a la propia estabilidad laboral.

Los criterios de evaluación adoptados irán en línea con los designios de las 733 empresas que, en junio de 2016, el ministerio consultó mediante una encuesta a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (ver recuadro). El propósito es imponer la precariedad educativa, salarial y laboral, para adaptar la educación a los requerimientos del mercado laboral, el empresariado y los organismos internacionales a los que está sujeto el país. El propio presidente, en su reciente discurso de inauguración de las sesiones legislativas, solicitó a diputados y senadores que “traten el proyecto de creación del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa con la profundidad que se merece.”

A principios de enero de este año, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, había adelantado la intención de esa cartera de relanzar en forma masiva un sistema nacional de pasantías (ahora “aprendices”) en nombre de “la integración de la formación profesional con el trabajo”. Todo un plan en línea con los reclamos empresarios de reducir los costos laborales, incluida la capacitación de su propio personal. El objetivo de fondo es vincular la creación del conocimiento en la escuela a las necesidades del mercado laboral que, por definición, están regidas por las necesidades de lucro empresario y no por las prioridades de la sociedad. La lógica que se promueve supone un enorme subsidio estatal en materia de recursos físicos y humanos a los empresarios, además de la vulneración de derechos laborales para los estudiantes y fuertes presiones sobre los docentes en un contexto de crecientes despidos y ofensiva sobre los convenios.

Un plan ideado para toda la región

La “metáfora” de Bullrich representa todo un programa político cuyo origen, en rigor, data de 1990, y que se conoció como el Consenso de Washington. Allí el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos establecieron en común una serie de recomendaciones para los países en vías de desarrollo, parte sustancial del proyecto político y económico que luego tomaría el nombre de “globalización”. El Consenso se orientó hacia la liberalización del comercio exterior y la inversión extranjera y reformas estructurales de los países latinoamericanos que incluían la privatización de las empresas públicas, regímenes de disciplina fiscal y una serie de medidas tendientes a garantizar los pagos de deuda externa de los países de la región. En su apartado para la educación, las recomendaciones establecían recetas que apuntaban a la descentralización del presupuesto educativo (deslindando la responsabilidad de los gobiernos centrales en el financiamiento de la educación pública, con impacto favorable sobre la enseñanza privada) y, en particular, la injerencia del sector privado en los contenidos de los planes de estudio en todos los niveles educativos.

Cuenta pendiente

Esos planes, en nuestro país, quedaron plasmados en la Ley de Educación Superior (LES) y la Ley Federal de Educación (LFE), que a mediados de los ’90 buscaron reestructurar, con esa orientación, la educación universitaria y media, respectivamente. La LFE pasó a considerar la educación como un “servicio”, es decir, una mercancía y no un derecho. Ese espíritu de vincular la educación con las necesidades del mercado quedó incólume en la Ley Nacional de Educación de 2006 y en la política de vaciamiento de contenidos de la reciente Nueva Escuela Secundaria (NES), que en 2015 generó tomas en una docena de colegios porteños.

Ha sido el rechazo popular y la sistemática movilización docente-estudiantil lo que puso un freno a la aplicación definitiva de esas leyes en la Argentina. Los lineamientos se han abierto camino en forma desigual, precisamente en función del resultado de esa lucha. En otros países de la región, las políticas privatistas delineadas para la educación avanzaron sin mayores sobresaltos. El caso extremo es el de Chile, donde la educación está virtualmente privatizada a través de mecanismos de créditos que afrontan las familias y los mismos estudiantes una vez que obtienen su título.

La LES, vigente desde su aprobación en 1995 y nunca derogada ni revisada por los gobiernos posteriores, habilitó a las universidades nacionales a generar recursos propios por fuera del financiamiento estatal, a partir de la “colaboración del sector privado y la familia”.

Así, proliferaron los convenios con empresas y su injerencia en los planes de estudios bajo el amparo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), las pasantías (regímenes laborales por fuera de los convenios a cambio de retornos para los establecimientos educativos) y la posibilidad de avanzar hacia el arancelamiento directo.

Un nuevo round

La descentralización del presupuesto educativo, piedra basal del proceso de privatización y mercantilización de la educación, asiste ahora a un nuevo salto cualitativo a partir la cerrada negativa del gobierno nacional a dar continuidad a la discusión de la paritaria nacional docente. Esa política apunta, precisamente, a desligar al Estado nacional de su responsabilidad de sostener la educación y los salarios presionando a los gobiernos provinciales para la aplicación de estas políticas. Así quedó demostrado en la denominada “Declaración de Purmamarca” que, con la firma de los 24 ministros provinciales del área, promueve que “la educación es garantía del desarrollo social y económico del país”.

Así las cosas, las declaraciones de Esteban Bullrich y Mauricio Macri representan el compromiso de retomar con mayor agresividad esa cuenta pendiente del empresariado con relación a la educación en nuestro país. Nuevamente encontrarán en la resistencia de estudiantes y docentes el principal escollo para avanzar. 

Esta nota forma parte de la cuarta edición de la Revista T. La podés conseguir en kioscos.