Doce gobernadores firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema este martes al mediodía, luego de haberse reunido con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.

Desde la última vez que se había reunido el mismo grupo, el 22 de diciembre, cuando decidieron recusar a los cuatro supremos tras haber beneficiado con un fallo a la Ciudad de Buenos Aires, se bajaron dos mandatarios provinciales: Alberto Rodríguez Saá, de San Luis y Sergio Uñac, de San Juan. Por el contrario, los más enfáticos en sus críticas fueron los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, Jorge Capitanich, de Chaco, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, quienes hablaron en el Patio de las Palmeras tras el encuentro.

También viajaron a Buenos Aires Gildo Insfrán, de Formosa, Sergio Ziliotto, de La Pampa, Ricardo Quintela, de La Rioja, Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Osvaldo Jaldo, de Tucumán. De manera virtual estuvieron Raúl Jalil, de Catamarca, Mariano Arcioni, de Chubut, y Alicia Kirchner, de Santa Cruz. No estuvo de manera virtual ni presencial, pero firmó el documento Gustavo Bordet, de Entre Ríos, aunque desde su entorno aclararon que no apoyará el pedido de juicio político.

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Según pudo saber Tiempo, Uñac, quien no solo firmó el documento anterior sino que además fue vocero de la reunión de mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones hace dos semanas, ahora no quiso figurar en el escrito porque pretende modificar la constitución provincial para presentarse a una segunda reelección en su terruño. La oposición cambiemita sanjuanina presentó un escrito ante la justicia local y puede pedir un per saltum a la Corte Suprema, donde el gobernador espera que los cuatro magistrados le den el visto bueno a su intención reeleccionista.

Los mandatarios provinciales explicaron que el detonante de la iniciativa de juicio político no solo fue el fallo que benefició a la ciudad más rica del país, al otorgarle mayores fondos coparticipables, sino los chats que se viralizaron y que dieron cuenta de una eventual connivencia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y dirigentes políticos que responden a Horacio Rodríguez Larreta.

Se impulsa la destitución de Rosatti “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones” prevista en el artículo 53 de Constitución Nacional. “Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, se solicita que se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”.

Además, los gobernadores pidieron al bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos que apoye el proyecto correspondiente para que se inicie lo antes posible el proceso institucional en el Congreso.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados está presidida por la peronista entrerriana Carolina Gaillard y el oficialismo tiene mayoría. Es decir que habrá dictamen y se tratará en el recinto, donde ya los números no son favorables. Para poder lograr el juicio político y se necesitan 2/3 de los votos, mayoría calificada, muy difícil de lograr.

Esta iniciativa que no tiene final feliz asegurado para el oficialismo, sin embargo representa un cambio en la estrategia del Ejecutivo que siempre fue muy reacio a llevar adelante propuestas que no tuvieran un triunfo político asegurado. Con este juicio político a la Corte no sólo se logra que sean citados los encumbrados magistrados, hasta ahora intocables dentro del juego político actual, sino que se logró encolumnar a casi todo el peronismo detrás de una causa común.

El pedido de juicio político ingresará esta semana por mesa de entradas para poder tratarlo. El presidente de la Nación enviará el decreto al Congreso para pedir sesiones extraordinarias.

El texto que se presentará en la cámara baja explicita: “Resulta muy claro que, si se traspasan esos límites, existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes”.

«Pues bien, las afirmaciones del presidente de la Corte encierran un verdadero alzamiento contra el orden constitucional, el pretender que el Poder Legislativo subordine el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para sancionar normas legales relacionadas con el Poder Judicial a una suerte de “acuerdo previo” con el máximo Tribunal de Justicia».

Luego del encuentro, Capitanich sostuvo: «Los supremos deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista republicano», dijo. «Las provincias nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad», apuntó.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Kicillof, dijo que la decisión tomada por el presidente y los mandatarios provinciales «no tiene antecedentes». Y sostuvo que la Corte avanzó sobre «atribuciones que no les son propias» y que corresponden a los restantes poderes del Estado.

El santiagueño Zamora, por su parte, señaló que la Corte desoyó y «ni siquiera contestó» tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos de la coparticipación porteña. Añadió que esa situación «se agrava muchísimo» luego de que se conocieran los chats entre la manor derecha de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.