Cristina Fernández de Kirchner atraviesa la etapa final del juicio que la tiene como acusada de comandar una supuesta asociación ilícita. Es juzgada bajo la figura incorporada en 1921, mediante el artículo 210 de la ley penal, que prescribe  una condena de 3 a 10 años de prisión. Aunque vigente, la permanencia de este delito en el código penal genera desencuentros en el espectro judicial debido a que la adjudicación de esta carátula puede ser utilizada con fines de persecución política.

El uso de esta figura se replica a lo largo de la historia. Julia Rosemberg,  historiadora y docente universitaria, forma parte del proyecto “Las muchachas bonaerenses” que tiene como meta la investigación de las persecuciones judiciales que padecieron funcionarias peronistas desde la intervención dictatorial de la Revolución Libertadora en 1955. El trabajo, enmarcado dentro del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Florencia Saintout, descubrió que las primeras legisladoras peronistas en acceder a un cargo público fueron juzgadas bajo el mismo delito con el que es acusada CFK. El pasado 23 de agosto la autora del libro Eva y las mujeres publicó en su cuenta de Twitter un oficio judicial, fechado en 1956, en el que se dejaba constancia de la existencia de este proceso judicial. Esta situación generó conmoción por el paralelismo entre los casos, un hecho que está lejos de la casualidad poética.

-¿Cómo se concretan las persecuciones hacia las funcionarias en 1955?

A partir del golpe, el vicepresidente Isaac Rojas crea las “comisiones investigadoras”. Este poder para-judicial, conformado por militares y civiles, recibía denuncias de vecinos contra supuestos hechos de corrupción llevados a cabo por trabajadoras estatales durante las presidencias peronistas. Estas comisiones, a diferencia del poder judicial, no contaban con el derecho de la presunción de inocencia, por eso, bastaba con una sola denuncia para que se habilitaran secuestros de documentación y allanamientos ilegales. Luego la Justicia procedía con los encarcelamientos sin el cumplimiento del debido proceso legal.

-¿Por qué se utiliza la figura de asociación ilícita?

La Revolución Libertadora no tuvo como único objetivo la persecución y proscripción del peronismo. Parte de su base narrativa, motivada y alimentada por los medios de comunicación de la época, radicaba en categorizar a este movimiento, y todos sus funcionarios, como corruptos. Muchas legisladoras fueron condenadas por traición a la patria y/o asociación ilícita sin siquiera haber cometido un delito concreto. Esta persecución respondía a la tensa relación entre la Justicia y el peronismo. El partido tuvo una intervención muy importante sobre el Poder Judicial, el cual generó rencores irreconciliables entre ambos círculos.

-¿Por qué hay mayor énfasis en perseguir a las legisladoras?

Hay una exacerbación de condenas cuando se trata de mujeres que se atrevieron a irrumpir en lugares en donde se suponía que no debían estar. En particular, la Libertadora persiguió a las mujeres para evitar que volviera a aparecer una figura como la de Eva Perón. En los 50 las mujeres todavía no representaban el fenómeno político que comenzó tras la irrupción de la segunda ola del feminismo, todavía debían limitarse a ser solo madres y amas de casa.

-Durante los gobiernos kirchneristas también hubo intervenciones que pusieron en jaque al poder. Considerando la situación actual, ¿es posible trazar un paralelismo entre ambos periodos?

No me gusta el concepto de “la historia se repite”, pero sin dudas hay elementos que se continúan a lo largo de las décadas. Los sectores que el peronismo puso en jaque fueron los que posteriormente ordenaron su proscripción. En la actualidad, estos mismos fenómenos se dan bajo los discursos de figuras como Horacio Rodríguez Larreta, quien sostiene que el diálogo político debe abarcar a todos los espacios “menos al kirchnerismo”. Esta violencia y persecución política que se está viviendo, y tiene a Cristina Fernández de Kirchner como protagonista, se parece más al antiperonismo rabioso de los 50 que al de los 70. Las resonancias entre un momento y el otro son muy claras. Las causas de la persecución al peronismo radican en la transformación social que existió durante esos años, una similar a la que se vivió durante el kirchnerismo. Que Luciani haya pedido 12 años de prisión no es casual. Cristina representa el último obstáculo de los grandes poderes para implementar políticas y medidas concretas que benefician a pequeños sectores. El antiperonismo sigue vigente.

-¿A qué le atribuís su continuidad?

Existe una masa antiperonista que nunca dejó de tener legitimación. A veces puede personificarse en algún líder, pero la tradición de odio hacia este espacio se extiende más allá de un único partido. Sin embargo, lo que sucede en Argentina no es aislado del resto del mundo. Lula Da Silva fue perseguido con las mismas herramientas con las que persiguen a Cristina. Es evidente que en el siglo XXI los mecanismos utilizados para desestabilizar gobiernos no son mediante el uso de las fuerzas militares, sino que ahora el Poder Judicial forma parte de las herramientas claves.

-¿Cuál es el fin de condenar a la líder política más importante del país?

Esta persecución busca un disciplinamiento a la política en general, para que nadie se atreva a tocar los intereses de los sectores más poderosos. Están enviando un mensaje claro: no se atrevan a cruzar los límites o habrá un castigo ejemplar para todos.

-¿Qué análisis hacés del rol de los feminismos frente a la persecución a CFK?

Tiene gusto a poco. A muchos sectores les cuesta interpretar a las mujeres del peronismo como víctimas del machismo. Se las mira con prejuicio y estigma y no se las interpreta como al resto. Hay espacios que no reconocen que el odio hacia Cristina está agravado por su condición de género. No deben caber dudas de que la vicepresidenta es perseguida por sus gobiernos y por ser mujer. «