El gobierno de Axel Kicillof dio un nuevo paso esta semana en la agenda judicial que busca instalar tras las elecciones y que implicará una negociación con la oposición.

El Ejecutivo presentó oficialmente, el último jueves, cuatro anteproyectos de ley con los que busca agilizar y modernizar la Justicia, en un mensaje sobre cómo debería funcionar ese poder. Se trata de un nuevo Código Civil, Comercial y de las Familias, una nueva ley del Abogado de los Niños, Niñas y Adolescentes y dos proyectos que vienen a cubrir un vacío normativo: uno de ley de Ética Pública y otro de ley de Responsabilidad del Estado. Se sumarán, en los próximos días, una nueva Ley de Procedimiento Laboral 15.057 y otra de Régimen Pericial.

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Los proyectos fueron trabajados por los equipos del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario general de la Gobernación, Federico Thea, quienes funcionan como enlace con el Poder Judicial. Las propuestas buscan adecuar las normativas a la Constitución Nacional y a la Provincial, y también a las leyes de fondo sancionadas a nivel nacional, con enfoque en los Derechos Humanos, perspectiva de género y digitalización de los procesos y trámites.

Es un proceso que llevará tiempo y que implicará una nueva negociación con Juntos por el Cambio. Los textos fueron publicados en una plataforma digital y serán sometidos a debate público, con universidades, colegios profesionales, gremios y ONGS, antes de su envío a la Legislatura. La intención del Ejecutivo es que eso ocurra hacia fin de año.

La actualización normativa va en línea con otro cambio clave para Kicillof y que está impulsando desde el Consejo de la Magistratura, pero que también requiere de acuerdos. Se trata de una propuesta para modificar los puntajes para la selección de jueces y juezas en la que, por ejemplo, el examen escrito tenga mayor peso que la entrevista y el examen oral al que se someten los concursantes. Lo mismo proponen con la antigüedad, ya que consideran que muchas veces se accede al cargo por cuestiones familiares. “Queremos un proceso de selección menos discrecional, más ágil y transparente, que valore no solamente la antigüedad en el cargo, sino la formación y el compromiso con la comunidad”, explicó Mauro Benente, subsecretario de Planificación Estratégica de Justicia y número 2 del Consejo, en representación del gobierno.

En paralelo a estos cambios, el Ejecutivo busca acelerar las designaciones que están pendientes en el Poder Judicial y cubrir así más de 250 vacantes. Los primeros 31 cargos de jueces, fiscales y defensores fueron firmados por Kicillof el 15 de julio. El mandatario “descongeló” esos nombramientos que habían sido promovidos por María Eugenia Vidal y aprobados en soledad en 2020 por Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en el Senado. Fue parte de un acuerdo político: a cambio, la oposición aprobó en la Comisión de Acuerdos Constitucionales los primeros 31 pliegos enviados por Kicillof. Ahora, el Senado deberá tratarlos en su próxima sesión, aún sin fecha por el trajín de la campaña electoral.

El gobierno ya tiene en carpeta 60 pliegos más para enviar antes de fin de año, según confirmó el ministro Alak a este diario. Lo que todavía no está en carpeta es la cobertura de las dos vacantes que existen en la Suprema Corte, que funciona hoy con 5 de sus 7 miembros. Es una negociación que quedará para 2022, cuando Kicillof espera haber dado vuelta la relación de fuerzas en el Senado, por donde pasan todas las designaciones. «