La Corte Suprema le duplicó de cuatro plumazos los ingresos por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en los albores de un año electoral en el que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aspira a ser presidente de la Nación.

Los cuatro jueces de la Corte dictaron una medida cautelar que le asigna al gobierno porteño 2,95 puntos de la masa coparticipable, contra el 1,40 por ciento establecido por una ley sancionada en 2020.

Pese a que se trata de fondos finitos y en contra de la aplicación del principio de la “frazada corta”, la Corte sostuvo que su decisión de asignarle más dinero a la Ciudad no va en detrimento del resto de las provincias. “Los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación”.

La Ciudad de Buenos Aires reclama recibir el 3,5 de los fondos coparticipables;  la Corte le dio hoy una medida cautelar que establece que recibirá algo menos, el 2,95, pero como se trata de una acción de amparo que todavía no tiene sentencia definitiva, la discusión por la diferencia entre lo obtenido y la aspiración de máxima seguirá abierta en los tribunales.

La Corte no desaprovechó su oportunidad para reprocharle a la política sus rémoras y faltas de acuerdos para avanzar en aspecto trascendentes como la coparticipación federal. “La Constitución establece que la Ciudad de Buenos Aires participa de la distribución de los impuestos comprendidos en la nueva ley de coparticipación cuya sanción debió producirse antes de finalizado el año 1996. Sin embargo, no ha podido hasta el presente llegarse a un consenso entre las jurisdicciones involucradas sobre el contenido de la nueva ley de coparticipación la que, como dice la Constitución, debe ser una ley convenio”, recordaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La Corte había convocado a varias audiencias de conciliación entre las partes e incluso hace algunos meses todo parecía encaminado hacia una solución amistosa entre Ciudad y Nación. Pero algo dinamitó ese acuerdo (acaso especulaciones y mezquindades con tintes electorales) y obligó al máximo tribunal a pronunciarse. Con argumentos maleables, optó por favorecer a la Ciudad de Buenos Aires.

La CABA, un distrito que no crece demográficamente por lo menos desde los últimos dos censos, tenía en 2016 una participación en la coparticipación del 1,4 por ciento.  Reclamaba más, entre otras razones por el traspaso de competencias y organismos, entre ellos las fuerzas de seguridad.

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, por decreto el porcentaje fue elevado del 1,40 a 3,75 por ciento, como parte del financiamiento por el traspaso de la policía al ámbito porteño.  Pero el incremento excedía largamente los gastos del traspaso de las fuerzas de seguridad.

El fallo de la Corte señala que “las trasferencias de competencias, servicios o funciones son procesos que se cumplen mediante actos concertados del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, remiten a decisiones que deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”.

Ello prácticamente no ocurrió nunca desde la reforma constitucional de 1994 hasta la fecha en lo que tiene que ver con la coparticipación.  El decreto 735, firmado por el presidente, Alberto Fernández, el 9 de septiembre de 2020, redujo el porcentaje que percibía CABA del 3,75 al 2,32 por ciento. El recorte había permitido apagar un incendio en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof enfrentaba una fuerte protesta de efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales.

Poco después el Congreso sancionó la ley 27.606,  que retrotrajo la situación a lo que ocurría antes de que Macri asumiera la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta la jefatura de gobierno porteña y María Eugenia Vidal, la gobernación bonaerense.

La medida cautelar incluye la “suspensión de la ley 27.606”.

Este miércoles, la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó devolverle un porcentaje de fondos coparticipables. ¿Cómo? Mediante “transferencias en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

“Esta Corte habrá de ajustar el alcance de la medida precautoria a dictarse para distribuir entre las partes del juicio la carga de soportar los eventuales perjuicios vinculados con la duración del proceso, el que, cabe recordar, tiene por objeto decidir tanto la demanda original, promovida por la Ciudad de Buenos Aires, como las pretensiones que fueron introducidas en la reconvención opuesta por el Estado Nacional. Se morigera, por esta vía, el riesgo que enfrentan ambas partes de que, hasta tanto se dicte el fallo final, uno de los estados reciba menos o el otro deba entregar más recursos coparticipados de los que en definitiva correspondan”, sostiene el fallo.

Es decir que en un año electoral, la Corte le sumó recursos a un aspirante a presidente y se los quitó al Estado Nacional, que es administrado por otro signo político que también pretende continuar gobernando el país.

Corte Suprema de Justicia de la Nación.