Esta semana la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciará el protocolo que deberán seguir los familiares de detenidos–desaparecidos para acceder a los 3.000 documentos que desclasificó el Vaticano sobre la última dictadura militar. Será el único pronunciamiento público del Episcopado argentino luego de la 113 asamblea plenaria que concluyó ayer luego de cinco días de debates entre los 103 prelados asistentes sin ningún documento oficial. El encuentro es el primero de los dos que habitualmente realiza el mando del clero durante el año, aunque la cita estuvo cruzada por el “proceso de escucha” que decidieron los sacerdotes para invitar a familiares de detenidos–desaparecidos y de militares acusados de delitos de lesa humanidad. El impacto de esa decisión cobró un mayor voltaje por las críticas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que recrudecieron con el fallo de la Corte Suprema de Justicia para otorgar el beneficio del 2 por 1 a genocidas que cumplen prisión efectiva.

“Aunque tratamos una serie de temas, arrancamos con Clarín diciendo que comenzaba un proceso de reconciliación, pero no es así, en realidad es algo resuelto hace tiempo, que se extenderá durante dos años y que sólo implica escucharlos sin que se crucen”, aclaró a Tiempo uno de los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la CEA luego del cierre del plenario. Según explicó el prelado, el mecanismo se extenderá hasta el año que viene y fue aprobado en base a una propuesta presentada por Carlos María Franzini, arzobispo de Mendoza; Jorge Lozano, coadjutor de San Juan; Andrés Stanovnik, de Corrientes, y el obispo emérito de San Isidro Alcides Jorge Pedro Casaretto, ex titular de Cáritas y reconocido confesor de militares condenados. De la comisión que presentó la propuesta, Casaretto es el único que se destaca por su libro “Nuestro país, nuestra Iglesia, nuestro tiempo”. La obra, según publicó Tiempo hace un año, plantea el cambio del paradigma de Memoria, Verdad y Justicia, por el de “Memoria y Reconociliación”. “Uno de los más grandes dramas de la década del ´70 fue el de los padres y familiares que no supieron la verdad sobre la muerte de sus hijos. ¿Dónde estaban esos cuerpos? Y lo mismo ocurrió con los bebés entregados a otros padres. ¿Acaso no tenemos derecho a nuestra identidad? La cuestión de la verdad es prioritaria. Toda la verdad, la verdad completa”, sostuvo el obispo en su libro, que tiene el prólogo del editorialista de La Nación Joaquín Morales Solá.

En el segundo día del plenario fueron invitados la abogada Cristina Cacabelos, hermana de tres desaparecidos, pero reconocida por sus intercambios con Casaretto y por sus visitas al penal de Ezeiza donde están alojados los acusados que ahora piden conmutaciones. También asistió la ex candidata Graciela Fernández Meijide, con un hijo desaparecido; y el general de Brigada Daniel D´Amico, “víctima de un atentado terrorista”, explicaron desde la casa de retiros de la CEA. Cada expositor habló durante media hora, y no debatió con los otros invitados. Los prelados continuaron la discusió en privado y sin balances públicos. «