“Una de las cosas que han cambiado para mejor en la Argentina es que nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora”, se felicitó el presidente Mauricio Macri, de cara a la flor y nata de las grandes corporaciones de medios de todo el continente, en el cierre de la 74° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que termina este lunes en Salta, y dándole la espalda al desolador panorama de ajuste y concentración que aqueja a la mayor parte de los medios de comunicación, del recorte de los fondos de fomento a los pequeños y autogestionados y del vaciamiento que su propio gobierno procura llevar adelante en el sistema de medios públicos.

Macri aprovechó el convite de los popes de la gran prensa de la región para criticar la política de comunicación del kirchnerismo. “En la Argentina de hoy, cada persona puede decir lo que siente y piensa. Ya no hay más un Gobierno generando medios adictos que manipulen la información a su favor. Y mucho menos presionando a periodistas para que difundan su versión. Hoy hay libertad de prensa”, sostuvo durante el encuentro de más de 300 representantes que se realizó el fin de semana en el Hotel Sheraton de la capital salteña.

“Libertad de prensa es no usar más el dinero público gastando enormes cifras en propaganda política –agregó Macri–; es no invadir más las casas con eternas cadenas nacionales, atacando a quienes piensan distinto y bajando línea; es no generar medios que sólo difundan la visión del poder; es permitir que las voces opositoras tengan espacio en los medios del Estado, sin restricciones; es no bloquear investigaciones periodísticas sino colaborar con ellas”.

Las palabras del presidente contrastan fuertemente con la realidad de la prensa en la Argentina, diseñada a la medida de un puñado de medios corporativos desde los primeros días de su gobierno, cuando mediante un decreto de necesidad y urgencia (el DNU 267/15) desactivó los artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, herramienta central para asegurar una pluralidad de voces que hoy se convirtió en una entelequia.

La lista de medios cerrados y trabajadores de prensa despedidos desde la asunción de Mauricio Macri continúa creciendo. Comenzó a principios de 2016 con el vaciamiento del Grupo 23 –una parte de cuyos empleados logró mantener las fuentes de trabajo a través de la autogestión y hoy edita el diario cooperativo Tiempo Argentino–, siguió con el cierre del diario La Razón por parte del Grupo Clarín y de la agencia de noticias DyN –propiedad de Clarín y La Nación–, la desaparición de The Buenos Aires Herald después de 140 años de historia, la deriva del Grupo Indalo, el vaciamiento de Radio del Plata y la quiebra de Radio Rivadavia, entre los casos más resonantes, a los que se sumó esta semana Canal 9, que presentó un procedimiento preventivo de crisis, ante la imposibilidad –según sus autoridades– de pagar los salarios.

En ese escenario de recorte de las voces críticas, la megafusión entre Cablevisión y Telecom permitió, con la venia y un nuevo decreto del gobierno nacional (el 1340/16), que el Grupo Clarín desembarcara en el negocio de las telecomunicaciones, preanunciando una “convergencia” con un nivel de concentración de la propiedad jamás visto en el mapa de medios argentino, que se plasmó luego en el proyecto de “ley corta” de telecomunicaciones que elimina las cuotas de protección para operadores pequeños y cooperativos.

En paralelo, la transparencia prometida en el reparto de la publicidad oficial quedó en promesa, y sólo redundó en una lógica de premios y castigos que condiciona básicamente a los medios críticos de las políticas oficiales. Y el Ente Nacional de Comunicaciones registra una importante mora en el pago de los Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por el gobierno anterior para impulsar el funcionamiento de medios alternativos y comunitarios.

La reflexión de Macri ante la SIP siguió, hablando de “una Argentina que eligió vivir de otra manera, sin mentirnos más, sin maltratarnos más, sin patotas, sin privilegios, sin poderes que abusan de su fuerza. La libertad que la Argentina está construyendo es desde la base del respeto y del trabajo. Y es el ingrediente principal para combatir la pobreza”. “Hacía muchísimo tiempo que en la Argentina no había tanta libertad de prensa como ahora –repitió–. Y me llena de orgullo que después de tantos años, los argentinos estemos pasando por un momento institucional fuerte, y que estemos construyendo entre todos un país donde los dirigentes rinden cuentas, donde la corrupción nunca más va a quedar impune”.

El presidente no hizo referencia a la política de vaciamiento que encaró respecto del sistema de medios públicos. A los despidos en Radio Nacional y los recortes en la TV Pública y en las señales Encuentro, Paka Paka y en el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), siguieron las cesantías arbitrarias de 357 trabajadores de la agencia de noticias Télam, una lucha que comenzó a fines de junio y sigue. La semana pasada, un fallo de la justicia laboral ordenó al gobierno la reincorporación inmediata de 138 de esos trabajadores de prensa.

De acuerdo a un relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), entre 2016 y 2017 se perdieron unos 3000 puestos de trabajo en medios de comunicación en todo el país, a causa de despidos directos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y otras formas de merma del empleo.

Mientras este proceso de pauperización de la profesión periodística avanza, los grandes jugadores de la SIP celebran la gestión del presidente Macri y la concentración que sus medidas de gobierno han favorecido. Pero antes de los brindis, piensan estrategias para hacer frente a otras amenazas.

Antes del discurso de Macri, María Elvira Domínguez, directiva de El País, de Colombia, y nueva presidenta de la SIP, se extendió sobre los tópicos habituales de esa corporación, reivindicando sin matices la «necesidad de una prensa libre para fortalecer la democracia». Y destacó la firma, esta mañana, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en la Era Digital, que complementa los principios de la Declaración de Chapultepec, de 1994.

Lo que busca el documento aprobado en Salta por la Asamblea de la SIP es marcarle la cancha a los grandes intermediarios digitales, buscadores como Google y redes sociales como Facebook, rivales de fuste que han puesto en jaque el modelo de negocios tradicional de los medios corporativos. Los artículos que despertaron más dudas pero finalmente fueron suscriptos por la Junta de Directores, señalan que “los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por los contenidos de interés público”, que éstos “deben lograr un balance adecuado entre libertad de expresión, derechos de autor y propiedad intelectual” y que “los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y que no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder”.