Hermosa fotografía: la ministra Patricia Bullrich, muy sonriente, junto a once efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, todos con expresión algo torva. Son los primeros beneficiados del flamante Programa Restituir, cuyo objetivo es «limpiar el honor» y devolver al servicio activo a los uniformados que –con sentencia firme– salieron airosos de causas penales por homicidios y torturas seguidas de muerte. La imagen fue tomada el 2 de enero en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes.
En macabra coincidencia, ese mismo miércoles la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentaba su informe anual: 297 personas asesinadas en 2018 por agentes estatales (uno cada 22 horas), sumando así 1206 muertos en lo que va del régimen macrista. A tal conteo se le debe agregar un incremento geométrico de absoluciones para los verdugos.
Lo cierto es que no se trata de un balance que el gobierno quiera ocultar. Porque en esta temporada las ejecuciones extrajudiciales son el último grito de la moda. Demagogia punitiva engordada al calor de las encuestas. La «gente» quiere sangre. Los ricos, disciplina social y criminalización de la pobreza; los pobres, un orden ciego e inmediato. Delicias marketineras del Estado policial.
Ahora, ante esa camada de «restituidos», la señora Bullrich no ahorraba elogios hacia su propia resolución: «Este programa busca revertir una cuestión de fondo: el hecho de que un funcionario policial sea acusado cuando lo que hizo fue cumplir con su deber». Silenciosas muecas de aprobación por parte de los presentes remataron sus palabras. Y a su lado, una mujer pestañeaba con un dejo de emoción. Era la oficial de la Policía de la Ciudad, Carla Céspedes. Su caso merece ser contado.
Durante la mañana del 22 de diciembre de 2016 –cuando aún pertenecía a la Policía Federal– se lanzó a la persecución de los dos ladrones que habían asaltado un supermercado del barrio de Caballito.
El registro fílmico de la cámara de seguridad exterior del comercio la muestra torpe y enceguecida, mientras acribilla por la espalda a Ariel Santos, quien trata de montarse a su motocicleta. En solo 15 segundos, ella le gatilla cuatro veces mientras la víctima, ya casi en agonía (y sin armas), le suplica por su vida. Por respuesta recibe otro balazo.
Aquel acto fue casi un calco del que 13 meses después protagonizaría el suboficial Luis Chocobar, quien así se convirtió en una santidad oficialista del «gatillo fácil». La oficial Céspedes, en cambio, no tuvo tal dicha mediática. Y fue procesada con carátula de «homicidio agravado por el abuso de su cargo». Así llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14. Allí la suerte no le fue esquiva: los jueces Hugo Norberto Cataldi y Miguel Angel Caminos votaron la absolución, mientras que la jueza Beatriz de Bistué de Soler votó en disidencia. Cabe destacar que Cataldi es el mismo magistrado que condenó a seis años de prisión a Fernando Carrera, por la llamada «Masacre de Pompeya», caso que dio pié a la película The Rati Horror Show, de Enrique Piñeyro.
El 5 de noviembre del año pasado, el doctor Fernando Soto, nada menos que el director ministerial de Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales, colgó en su cuenta de Twitter una foto con su jefa y dos insignes invitados: la el gendarme Arsenio Narvay –quien acababa de padecer un año tras las rejas por haber matado mal a un asaltante– y la aún desconocida Carla. El epígrafe rezaba: “La justicia los absolvió. Cuidemos a quienes nos cuidan».
Claro que a partir de entonces –y con más de dos años de tardanza– se viralizó la filmación del sangriento «acto de servicio» cometido por Céspedes. Pero, por otra parte, aquel tuit fue el puntapié inicial del Programa Restituir, una creación de Soto, alguien en quien conviene reparar.
Se trata del «garrote» de Bullrich en causas judiciales sensibles; tanto es así que influyó sobre el juez Gustavo Lleral para cerrar sin acusados la causa por la muerte de Santiago Maldonado, además de impulsar querellas a quienes denunciaban por ello al gobierno. También es codefensor del prefecto Javier Pinto, el presunto matador del joven mapuche Rafael Nahuel. Y su pupilo más famoso no es otro que Chocobar. Pero si por alguna razón él será recordado es a raíz de haber escrito el reglamento que habilita el uso policial de artillería pesada ante cualquier «peligro inminente», incluso por la espalda.
En tal contexto, su más reciente criatura, el Programa Restituir, tiene el triple propósito de meter presión a la Justicia, garantizar la impunidad de las fuerzas policiales y naturalizar los crímenes de Estado ante la población. Al respecto, desde luego, la buena de Carla es una suerte de cobayo.
Sin embargo, con ella el programa incumple sus propias normas desde el vamos, puesto que ella carece de sentencia firme. Una lógica apelación a su sobreseimiento pende sobre su cabeza como la espada de Damocles. No todo es perfecto.
En tanto, innumerables policías volverán a las calles con las manos ya manchadas de sangre. «
