En noviembre, vence la concesión privada de uno de los elevadores de granos de Puerto Quequén, en Necochea, que perteneciera a la disuelta Junta Nacional de Granos, privatización vigente desde 1992. En ese contexto, una parte del espectro político y ciudadano de esa ciudad y de ese distrito pide su estatización; entre ellos, la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén.
Tiempo dialogó con uno de sus integrantes, el arquitecto Miguel Ángel Bayón, quien formó parte de una batalla política y social en su época de funcionario municipal: entre fines de 1989 y durante 1990, como subsecretario de Planeamiento e Industrias de la Municipalidad de Necochea, se opuso férreamente a las pretensiones de Sideco Americana de quedarse, privatización mediante, con la «remodelación, operación y mantenimiento» de Puerto Quequén. Este intento tuvo uno de sus puntos más altos el 2 de marzo de 1990, cuando Mauricio Macri se reunió en la Municipalidad de Necochea con la Comisión de Defensa y Desarrollo de Puerto Quequén, que integraba Bayón. El desarrollo de esta lucha desigual fue relatado por Bayón en su libro titulado «Puerto Quequén. La Batalla Perdida de Mauricio Macri», editado en 2016.
«A fines de 1989 vino una delegación de Socma, de técnicos, a propagar en la ciudad la idea de que querían instalar un consenso para que la gente aceptara las bondades de las privatizaciones. Todo eso venía montado sobre la Ley Dromi de Reforma del Estado. Ellos promovieron lo que se llamaba una Propuesta Iniciadora, que llegó a la Municipalidad, y el intendente me encargó que yo la revisara. Por iniciativa propia, había armado la Comisión de Defensa y Desarrollo de Puerto Quequén, en base a una ordenanza que redacté, aprobada por el Concejo Deliberante. Presidía la Comisión en representación del intendente. Y en esa Comisión estaban todos los actores que tienen que ver con la vida portuaria: desde el sector del trabajo, empresarios, pescadores, organismos del Estado, etcétera», contó Bayón a Tiempo.
«Analicé la propuesta y detecté que tenía un aspecto engañoso porque proponía quedarse con el Puerto por 50 años, una concesión a 50 años, a cambio de un plan de obras. Y como nosotros ya conocíamos la realidad portuaria, nos dimos cuenta de que gran parte de esa primera etapa de obras ya estaba realizada. Y la segunda etapa de obras estaba en condicional. Es decir, a realizarse en función de la proyección que tuviera el mercado internacional de granos, la expansión que pudiera tener en el futuro. Y ahí, en esa segunda etapa, estaban las obras realmente importantes que el Puerto necesitaba, que era llevar el canal de acceso a una profundidad de 50 pies y extender la escollera que protege el ingreso de barcos, que eran las obras más costosas y que años después terminó haciendo el Estado», recordó.
«Esto generó una serie de estudios, que elevé y puse a consideración de la Comisión. Y hubo una opinión cerrada de que eso no era conveniente ni para el Estado nacional ni para la ciudad. Entonces, iniciamos una primera etapa de difusión del problema. Tuvimos que luchar obviamente contra sectores del periodismo que bregaban por la privatización. No nos olvidemos que estábamos a fines de 1989 y principios de 1990, era el reinado del neoliberalismo. Nosotros consideramos que era prácticamente una estafa abierta que no garantizaba el desarrollo portuario», apuntó Bayón.
El freno a Macri en Necochea
En relación con aquella reunión con Macri, llevada a cabo en la Sala de Prensa del Municipio de Necochea, el 2 de marzo de 1990, Bayón recordó: «En esa reunión también convoqué a concejales de todos los bloques, y la hice pública al periodismo. Ahí le pregunté (a Macri) si el mercado internacional de granos no se expandía como él proponía, si iba a hacer la segunda etapa (de obras). Me dijo ‘por supuesto que no’. Ahí, quedó desenmascarado públicamente porque le dije, palabras más, palabras menos: ‘bueno, disculpe, pero usted se quiere quedar con el puerto sin poner un solo peso porque la obra que pone en la primera etapa, de un listado de seis o siete, la mitad ya están hechas'», relató y continuó: «‘Usted dice (que va a) llevar el canal a 37 pies. Y ya el canal tiene 36,5 pies. O sea que prácticamente los 37 ya los tiene. Después, lo demás (de la primera etapa) eran obras que ya había ejecutado el Estado’. Entonces, la primera etapa era prácticamente una inversión ridícula. Ya estaban hechas las obras que él proponía. Era todo un engaño. Lo que pasa es que no se imaginó que se iba a encontrar con un grupo organizado que tenía todo el conocimiento del puerto. Porque estas empresas, cuando hacen sus negocios, lo hacen en base a un gran desconocimiento que tienen los pueblos de la realidad», definió.
En aquel entonces, casi en soledad, Bayón y otros integrantes de la Comisión lograron sumar paulatinamente respaldos hasta ser escuchados y apoyados por el grupo de diputados peronistas en aquel momento conocido como el Grupo de Los Ocho, opositor al menemismo, entre los que se encontraban Carlos «Chacho» Álvarez, Germán Abdala, Juan Pablo Cafiero, Darío Alessandro, Luis Brunati, Franco Caviglia, Moisés Fontela y José «Conde» Ramos.
El Grupo de los Ocho fue clave para activar primero una reunión de Bayón y otros integrantes de la Comisión necochense con la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, y luego, pedir al Ejecutivo por medio de un proyecto de Declaración suspender la concesión total o parcial del Puerto de Quequén a Sideco Americana hasta que se expida sobre el tema la Comisión Bicameral de Seguimiento de Reformas del Estado, la cual a su vez convocó a una Audiencia Pública en Necochea, el 15 de mayo de 1990.
El dictamen de la Comisión Bicameral, emitido el 5 de junio de 1990, puso freno al intento privatizador de Sideco Americana-Perfomar-Bevcic ya que, como relata Bayón en su libro, para el Grupo macrista ya no constituiría un «negocio» competir sobre un plan de obras real propuesto por el Estado nacional, que los obligaría a realizar inversiones «efectivas y no de fantasía». Por lo tanto, se retiraron, y de esta manera lo que ocurrió aquella vez en Puerto Quequén fue una de las poquísimas veces que, en pleno tsumani privatizador menemista, una Comisión Bicameral se activaba, convocaba a una Audiencia, escuchaba a las partes y rechazaba la privatización.
«Escribí el libro porque quería, de alguna manera, mostrar que aún en las condiciones más adversas, en el peor contexto posible, logramos instalar el tema en la población, nos fortalecimos, hicimos mucha difusión, publicidad, propaganda del tema, empezamos a tener consenso en la población. Y con eso impedimos que se privatizara. Aún en las peores condiciones, siempre hay un espacio para luchar», resaltó Bayón.
Un debate que se actualiza
Dos años después de aquella batalla ganada, en 1992, el elevador de granos que perteneciera a la ex Junta Nacional de Granos pasó a ser concesionado por la empresa privada Terminal Quequén S.A. Esa concesión vence en noviembre, y la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén es uno de los actores que brega para que vuelva a manos del Estado.
«La Asamblea que hemos organizado tiene una visión de planteo de soberanía, porque hacemos eje en el control del comercio exterior. Por déficit de control del comercio exterior se producen cuantiosas evasiones fiscales y fuga de capitales, porque el poder de contralor que tiene el Estado es muy limitado y deficiente… entonces las empresas mienten en las cantidades, las calidades y los precios de los productos que comercializan. Proponemos que el Estado no renueve la concesión», plantea Bayón, y se prepara, otra vez, para los debates que haya que dar.
