Después de haber solicitado al Ministerio de Trabajo de la Nación la cancelación de la personería gremial al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA), la herramienta legal que reconoce a los gremios como tales, el gobierno provincial decidió deponer esta acción. Este pedido, presentado tras el levantamiento de barreras que realizaron los trabajadores del peaje, fue repudiado por gran parte del sindicalismo, en particular por los gremios nucleados en la CGT, por tratarse de una acción que no era utilizada desde la vuelta de la democracia en 1983. La reacción del sector comandado por Pablo Moyano, hermano del líder de SUTPA, fue lo que motorizó la retirada de la cancelación para evitar, en parte, que el conflicto escale desmedidamente.

La decisión de revocar el pedido fue tomada este martes, tras la reunión que tuvieron ambas partes en la sede de la cartera comandada por Kelly Olmos. Si bien esta iniciativa puede tomarse como una tregua por parte del gobierno de Axel Kicillof, Florencia Cañabate, secretaria general del sindicato, insiste en que el conflicto está lejos de ser resuelto: “Ningún representante del estado provincial se comunicó para poder poner a orden esta situación. Simplemente dieron marcha atrás porque la CGT y los sindicatos salieron a repudiar el accionar de un gobierno que se dice peronista”, afirma.

Por parte del gobernador, y tras los fuertes dichos de Facundo Moyano contra el mandatario en su cuenta de Twitter, insisten en que no van a «caer en las provocaciones del ex diputado” y que todas las áreas del conflicto serán resueltas a través de los mecanismos institucionales. Además, recalcan que las medidas de levantamiento de barreras tomadas a inicios de año por parte del gremio son “injustificadas” y que “desconocen” qué los motivó a realizarlo.

El origen del conflicto

Gran parte de las empresas tienen conflictos gremiales por sus condiciones laborales, y las estatales no son la excepción. Pero quienes protagonizan este altercado insisten en que esto va más allá de un reclamo meramente laboral y se extiende a disputas políticas por el rumbo y control de la compañía.

En junio de 2021, Ricardo Lisalde fue designado como director de AUBASA -tras la salida de Javier Osuna, intendente de General Las Heras- y, según denuncian desde el sindicato, con la llegada del ex titular de Trenes Argentinos a Infraestructura los conflictos entre el gremio y la empresa comenzaron a aumentar. En este punto, Cañabate afirma que el hombre cercano a Sergio Massa “puso trabas” en la relación entre la empresa y los trabajadores, quienes tienen una participación accionaria del 7% en la compañía, y esto comenzó a generar rencor entre los empleados y el propio sindicato.

Si bien la secretaria general afirma que la relación ya estaba coartada desde hace tiempo, fue el despido de un gerente del área de informática lo que dejó sin retorno un posible tratado de paz. El hombre, que se encontraba en tratativas de gestión de reconvención laboral, fue reincorporado mediante un acuerdo de conciliación obligatoria pero, según denuncian desde SUTPA, la empresa rompió este acuerdo y el trabajador no fue reincorporado. Desde AUBASA, por el contrario, sostienen que el mismo fue “apartado de su cargo por incumplimiento de sus funciones”.

La no reincorporación del trabajador hizo que desde el sindicato se geste un levantamiento de barreras que se mantuvo activo durante varios días. Esto, a su vez, causó el enojo del gobierno provincial que, mediante un comunicado, sostuvo que el gremio desacreditó “una instrucción del Poder Ejecutivo de un Gobierno Peronista bastardeando una institución democrática del Derecho Laboral”.

Con las declaraciones del estado provincial, la posterior decisión de cancelación de la personería jurídica y la imposibilidad de gestar una mesa de diálogo, desde el círculo del líder sindical insisten en que este conflicto pasó al terreno personal. Desde el renunciamiento del ex diputado a su banca, Kicillof y Moyano mantienen una tensa relación, que es abonada con las críticas a la gestión del Frente de Todos que realiza el segundo y, particularmente, las constantes diferencias que el hijo del referente de camioneros busca marcar con el kirchnerismo, espacio al que el gobernador es afín.

Además, hacen hincapié en quién fue el responsable de presentar el pedido para cancelar la personería. El trámite frente al ministerio fue iniciado por el estudio de abogados de Daniel Funes de Rioja, actual titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), sector con el que la CGT mantiene una disputa histórica.

Si bien con la quita del pedido las aguas parecen haberse calmado, desde SUTPA afirman que sus reclamos seguirán en pie y que, de ser necesario, iniciarán un nuevo plan de medidas gremiales para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.