«Nunca vimos algo de tal magnitud», dijo el toxicólogo Carlos Damin. «Nunca tuvimos un caso similar. Es absolutamente excepcional», describió Marcelo Lapargo, fiscal general de San Martín.
El caso de la cocaína adulterada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que mató a por lo menos 23 personas, copó la agenda mediática y política, en medio de una alerta sanitaria inédita que buscaba frenar los alcances del desastre. La alta letalidad y el carácter inusual de tamaña intoxicación por drogas hicieron que desde el miércoles no se hablara de otra cosa. Especialistas y organizaciones civiles y de Derechos Humanos piden que no se deje de lado el tema cuando pase la ola. Que, de una vez por todas, se dé un debate serio sobre la política de drogas en la Argentina.
«No deberían hacer falta hechos tan graves para hacernos poner en crisis y debatir el modelo prohibicionista. Pero sería importante que a partir de esto se puedan pensar otras respuestas desde el Estado y darles lugar a otros marcos normativos, como la Ley de Salud Mental o de Consumos Problemáticos. Hacen falta mayores recursos y posibilidades de implementación ahí. Que el paradigma deje entrar otros modelos y reformar la Ley de Drogas», propone Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). «El modelo prohibicionista –plantea– tiene resultados negativos en muchos sentidos: uno tiene que ver con las situaciones de consumo. Lo que remarcamos es que, más allá de que falta más información para conocer qué es lo que está pasando con esta cocaína adulterada, es el marco de ilegalidad el que hace que las personas que consumen desconozcan qué consumen. Es el primer problema, el primer culpable es el prohibicionismo».
Los caminos alternativos
Darraidou explica que «lo que muestran las experiencias de distintos países que tomaron otros caminos es que no implica promover el uso de estas sustancias sino generar un contexto más seguro para el consumo. Saber cuál es el impacto o cuál puede ser el resultado en el cuerpo, tener acceso al sistema de salud y no meter al sistema penal en esta situación. Cuando hay consumos problemáticos, eso, lejos de solucionar el tema, va a sumar otros problemas».
Señala experiencias en Suiza, Portugal y Uruguay que contemplan medidas regulatorias y políticas de disminución de daños. Y propone no perder de vista que «en un contexto de ilegalidad, quienes deciden consumir necesariamente tienen que ir al mercado ilegal y alimentan el narcotráfico. Pensar en la existencia de un mercado regulado es poner un obstáculo o alternativa a eso».
Los debates que abre lo sucedido con la cocaína vendida en Puerta 8 no son nuevos, pero la virulencia del caso obligó a empezar a transitar senderos hasta ahora poco recorridos en el país.
«Hay que aprovechar estas situaciones para poner el foco en lo central: el fracaso que generan las políticas prohibicionistas y políticas de guerra contra las drogas, la cuestión abstencionista del consumo», señala el abogado Marcos Torti Iermini, vicepresidente de Reset-Política de drogas y Derechos Humanos.
Para el letrado, el mensaje emitido desde la Provincia de Buenos Aires como alerta, con pautas sobre síntomas y pasos a seguir en caso de intoxicación, así como la recomendación de descartar la cocaína adquirida en las 24 horas previas, «es un punto positivo de partida. Las políticas públicas en contexto prohibicionista no reconocen el uso de drogas. Es un punto de partida para decir: ‘el uso de drogas es un hecho’. La cuestión es qué políticas vamos a tener, reconociendo ese consumo, orientadas a la protección de daños, al acceso a la información confiable. Hoy no se sabe nada sobre las sustancias. No se puede hacer ningún chequeo. Más en estos contextos. Y lo peor es que tenemos una Ley de Drogas que persigue al consumidor. Tenemos una doble directriz, donde la persona está entre la espada y la pared: no puede acceder al sistema de salud y el sistema penal comienza a perseguirla».
De la oferta a la demanda
«No hay que perder de vista la centralidad que tiene el sujeto adicto, sobre todo en sectores vulnerables. El agravamiento del consumo propicia un debate más profundo, menos de disputa política. No es importante saber quién derribó más búnkeres. Porque se sigue comercializando en otro lugar. Se trata de no tener una mirada solo policial, vinculada a la oferta, sino trabajar sobre la demanda. La guerra contra las drogas es un fracaso a nivel mundial. No por eso hay que dejar de cercenar lo delictivo, pero se necesita poner énfasis en reducir la demanda», contrasta Walter Martello, defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Y resalta que, más allá de los aspectos que hacen extraordinario al caso en boga, se relacionan con un fenómeno ya conocido: el aumento del consumo de cocaína en la Argentina. En el período 2010-2017, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la tasa de prevalencia del consumo de cocaína creció un 129% en el país. «La cocaína mata siempre, estirada y pura. Es solo cuestión de tiempo. Hay que empezar a hablar con claridad y esperemos que el debate narcopolicial no tape eso», añade.
El punto más cuestionado de la Ley de Drogas, sancionada en 1989, está en su artículo 14, que establece la pena «de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal». Está vigente y rige las políticas al respecto pese a que en 2009 la Suprema Corte de Justicia, por medio del fallo Arriola, declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal.
«Hace más de 25 años que venimos pidiendo que se derogue eso. Porque se persigue penalmente a todas las personas que tengan una sustancia prohibida, en cualquier cantidad. Es una locura total y absoluta. Lo que decimos es despenalizar la tenencia de todas las sustancias, no solo de la marihuana. No hablamos de legalizar, aunque sería una opción a discutir. Mínimamente, sacar a la ley penal de la regulación de las sustancias. Porque la penalización produjo cárceles llenas de pobres y de usuarios de drogas», dice Gustavo Zbuczynski, presidente de Asociación de Reducción de Daños de Argentina (Arda). Y apunta que «a los narcos no hay que buscarlos en las villas, sino en los barrios cerrados cercanos a las grandes ciudades». «
Las voces del territorio
“Los pibes van a comprar cocaína. Hay un patrullero a dos cuadras, los paran, les sacan la falopa, se la toman delante de ellos y los largan”. Así describe Sebastián Sánchez la presencia de la droga, la complicidad estatal y el rol policial en la zona de San Martín, una de las afectadas por el caso de la cocaína adulterada letal. Es referente de Vientos de Libertad, la rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que trabaja desde centros barriales con pibes y pibas que lidian con consumos problemáticos.
Pide no poner el foco en las y los jóvenes y sus barrios sino “en la estructura del narcotráfico, con las complicidades del poder político y la cana, que en San Martín es parte de la estructura. Desmantelar un punto de venta no es luchar contra el narcotráfico”.
Acostumbrado a recibir familiares que piden asistencia para ayudar a los suyos, reclama más recursos para los abordajes comunitarios, integrales y federales (“hay provincias donde solo hay dispositivos privados”). Y resalta que “la droga llega a todos lados, pero no todos los sectores tienen la misma relación”. Hasta hace algunos años, recuerda, la única vía de abordaje posible eran las comunidades terapéuticas, a las que sólo accedían sectores de clase media o alta. En los barrios populares, dice, los espacios de abordaje comenzaron a llegar recién en 2013-2014, con recursos aún insuficientes.
Pero, advierte, el tratamiento y los talleres no alcanzan en esos contextos. “Si pensamos un proceso terapéutico solo con tratamiento, sin trabajo y sin vivienda, es la nada misma. El proceso se tiene que dar con un fortalecimiento laboral y acceder a vivienda en algún momento”, plantea. Y aclara que “a este sector no llega el discurso clasemediero de la libertad individual, la legalización”, pero sí considera necesario revisar la Ley de Drogas y trabajar por la despenalización.
“La muerte sistemática por la droga está desde los ’90. Hay muchos anónimos y anónimas muertos. Hoy al ser algo masivo, con 20 muertos, se discute, pero no es algo que no haya pasado antes”.
Reducción de daños y testeo de sustancias
En línea con el mensaje emitido por el gobierno bonaerense, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (Arda) difundió un alerta para consumidores de zonas cercanas a Hurlingham, San Martín y Tres de Febrero, con indicaciones que apuntaban a “extremar cuidados a la hora de consumir cocaína. Para esto, a los cuidados usuales recomendados (higienizar manos, espacio y utensilios de consumo, no compartir canutos, etc.), es importante sumar: tener a mano contactos de emergencias médicas; no consumir si compraron a alguna persona que no era la habitual o si ofrece una sustancia nueva; probar una pequeña cantidad de la sustancia y esperar a sentir sus efectos antes de repetir la dosis”.
“Estoy seguro que esto evitó algunas cuantas intoxicaciones más”, dice Gustavo Zbuczynski. El referente de Arda remite a Time Warp, la fiesta electrónica en la que murieron cinco jóvenes en Costa Salguero, como “antecedente más cercano” al caso de Puerta 8. Pero resala que “desde entonces no ha cambiado nada”. Una de las estrategias que podría implementarse, sostiene, es el testeo de sustancias. Algo que, con la ley vigente, no es posible hacer abiertamente.
“Si mañana me encuentran haciendo testeo de pastillas en Costa Salguero, voy preso. La ley actual no solo exacerba los daños de las drogas sino que prohíbe acciones de prevención”. En países como España, cuenta, sí se promueven operativos de testeo de sustancias. “Una persona que va a consumir una sustancia y ya la tiene en la mano, antes de llevarla a la boca pasa a un stand donde se analiza y se le dice ‘no es éxtasis, es una porquería mezclada que no sabemos qué efectos tiene’. Por ahí no se la lleva a la boca y evitamos intoxicación”, explica, y agrega que este tipo de medidas fortalece también al sistema de salud: “Para poder armar un mapa de los adulterantes que circulan. Hoy los tenemos que adivinar en función de las pruebas de urgencia en las guardias”.
