Un grupo de fiscalas le manifestó su “profunda preocupación” al procurador general interino, Eduardo Casal, “por el dictado de una Resolución que tiene un carácter discriminatorio contra las mujeres”.

Las fiscalas fueron denunciadas ante Casal por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y su colaboradora, la abogada y ex jefa de Seguridad del club Independiente Florencia Arietto, por haberse reunido con el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, para plantearle una “agenda con perspectiva de género en el Ministerio Público”.

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Casal desestimó la denuncia de las dirigentes opositoras, pero les “recomendó” a las fiscalas que “a fin de evitar la reiteración de situaciones como la presente, que pueden conducir a interpretaciones equívocas, (…) en lo sucesivo canalicen las inquietudes de este tenor por las vías institucionales pertinentes”.

Además, decidió notificar de tal decisión al resto de los fiscales, aún a los que no participaron de esa reunión.

Las fiscalas que se reunieron con Soria fueron Mariela Labozzetta, Gabriela Baigún, Laura Belloqui, Cinthia Oberlander, Mónica Cuñarro, Ana Miriam Russo, Cecilia Indiana Garzón, María Virginia Miguel Carmona, Iara Jesica Silvestre, María Cecilia Me Intosh, Josefina Minatta, María Marta Schianni y María Lía Hermida.

Tras la resolución de Casal, varias de ellas firmaron una nota al procurador en la que subrayaron que “la agenda de género es una deuda pendiente” y advirtieron: “no la han promovido hasta ahora los varones que han ocupado cargos de decisión”.

La reunión con Soria –indicaron- “tuvo por finalidad conversar sobre una agenda de género en la justicia. Y fue la única respecto de la cual se entendió que podía resultar equívoca en términos institucionales”.

Soria se reunió con otros sectores vinculados con la Justicia, incluso la asociación de fiscales AFFUN, pero ello no mereció ninguna objeción, ni del tándem Bullrich – Arietto, ni de ningún otro estamento interno o ajeno al Poder Judicial.

Las fiscalas reivindicaron su prédica a favor de “la construcción de un sistema judicial con mirada de género” y advirtieron que el escenario en el que lo hacen es “un sistema judicial que no ofrece una respuesta adecuada frente a las violencias por motivos de género”.

“Esta agenda no la representan las corporaciones ni las instituciones que también están dirigidas centralmente por varones y que se resisten con vehemencia a las transformaciones que las mujeres estamos reclamando”, explica el texto, al que tuvo acceso Tiempo.

Sobre la “recomendación” de canalizar los reclamos por vías institucionales, el documento advirtió que “cualquier pretensión de restringirlo a procedimientos burocráticos y formales constituye un impedimento para el ejercicio de los derechos y obligaciones de promover la igualdad de género, la paridad en el acceso a cargos de decisión y la participación democrática de las mujeres en los debates públicos sobre asuntos que las afectan de manera personal y colectiva”.