Un proyecto de ley que impulsa el oficialismo en la Legislatura bonaerense para crear un registro oficial de trabajadores de plataformas de delivery, como Rappi y Pedidos Ya, generó el rechazo de los legisladores de Juntos y de Avanza Libertad y también polémica con los gremios que nuclean al sector.
La iniciativa, impulsada por el senador del FdT y titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, establece la creación del Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones, en el que deberán inscribirse los trabajadores y también los vehículos -motos, bicicletas o autos- con los que realizan su trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense les otorgará la habilitación correspondiente, que deberá ser renovada una vez al año. La iniciativa también establece para las empresas de delivery la obligatoriedad de contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
El proyecto, que obtuvo media sanción del Senado bonaerense el año pasado, iba a tratarse este martes en un plenario de comisiones con la intención de dejarlo listo para ser convertido en ley en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Pero la polémica que se generó con la oposición y los gremios que nuclean a los repartidores -que marcharon este martes a las puertas del anexo de la Cámara- hizo que se resolviera postergar el tratamiento para estudiar mejor el proyecto con representantes del sector y de las empresas de delivery.
Tanto los libertarios como los legisladores del PRO aseguraron que el proyecto, en vez de regularizar a los trabajadores, terminaría dejándolos en la calle. El diputado de extrema derecha, Nahuel Sotelo, fue uno de los que mostró su rechazo al proyecto y durante el plenario aseguró que buscan «regular actividades nuevas con leyes de hace 50 años» y pidió que «se escuche a los trabajadores». Incluso festejó con los repartidores en la puerta de la Legislatura cuando bajó a anunciarles que no se había dado despacho y que pasaría para su estudio en las respectivas comisiones.
Desde Juntos, el legislador Sergio Siciliano criticó al gobernador Axel Kicillof y aseguró que el proyecto pone en riesgo 25 mil puestos de trabajo y el 30% de ventas en locales de comida. «Siempre apurados y a los tumbos. Todo hacen mal. Las empresas se quieren ir y ni les importa», disparó.
Hasta la presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, se sumó a la polémica. Desde sus redes sociales sostuvo que «es importante no poner trabas que desincentivan la generación de empleo y que los mismos trabajadores rechazan. Necesitamos más libertad y menos regulaciones». Y, en modo candidata, sentenció: «Conmigo, estos obstáculos se acaban».
Los repartidores, por su parte, aseguraron que no fueron consultados sobre el proyecto. El secretario general de la Asociación Sindical de Repartidores Independientes (ASRI), Mauro López, pidió que los escuchen antes de legislar sobre el sector. «Siempre estamos a favor de que se le otorguen derechos a los trabajadores y que trabajen dignamente, pero no sabemos de qué se trata el proyecto porque no fuimos ni siquiera convocados. En la mesa con el Estado y las empresas falta la pata de los trabajadores, siempre se nos deja afuera», señaló en diálogo con Tiempo.
Durante el plenario, el diputado del Frente de Todos, el massista Rubén Eslaiman, aclaró que el oficialismo «nunca votará algo que perjudique a los trabajadores y tampoco a los empresarios». Y adelantó que se acordó armar una mesa de trabajo con las empresas y los trabajadores «para sacar la mejor ley que podamos, que beneficie a todos».
Tras la polémica abierta, el bloque de diputados y de senadores provinciales del FdT sentó su postura en un comunicado público para mostrar por qué el proyecto es prioritario para el oficialismo. «En pleno siglo XXI, quienes trabajan en la modalidad de aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats; lo hacen a destajo, precarizados y sin ser registrados como trabajadores. No cuentan con cobertura por accidentes, ni límite de jornada laboral, ni licencias, ni vacaciones. Esta situación no puede perpetuarse», señalaron y remarcaron que la iniciativa significa «más trabajo y más dignidad para los y las bonaerenses». En este sentido, convocaron a todos los bloques políticos a acompañar la iniciativa «con el objetivo de garantizar derechos y protección social».
