Ante una nueva elección de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones y referentes de Derechos Humanos de la región se mantienen en alerta ante la intención de algunos países de incluir candidatos que tienen miradas regresivas.
Durante la Asamblea General de la OEA, que se realizará entre el 21 y el 23 de junio, se renovarán cuatro de los siete integrantes de la CIDH y los Estados miembros podrán votar para eso a seis candidatos y candidatas propuestos por algunos países.
La elección se da en un contexto de tensión inédito dentro de la CIDH: varios países bajaron sus candidatos y dos de los propuestos, el ya comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, por Guatemala, y Pier Paolo Pigozzi, nominado por Ecuador, son reconocidas figuras antiderechos, toda una novedad en un organismo que ha tenido un rol histórico en la consolidación democrática y la ampliación de derechos.
«Este contexto global y regional requiere que tanto los Estados como la sociedad civil trabajemos en fortalecer las instituciones internacionales de Derechos Humanos para resguardar las democracias del continente», señalaron organizaciones y referentes de Derechos Humanos preocupados por esta situación, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, CELS y APDH de Argentina.
Las candidaturas
Un panel independiente analizó las seis candidaturas presentadas por los Estados y destacó que sólo tres cumplen los requisitos necesarios: Andrea Pochak de Argentina, exsubsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Lidia Casas de Chile y Christopher Vulkan de Guayana.
Señalaron, además, que Ralón Orellana, Pigozzi y Gloria Monique de Mees, nominada por Surinam, no cumplen con todos los criterios para integrar la CIDH.
Propuesto por el gobierno de Guillermo Lasso, Pigozzi es un reconocido militante anti-aborto. Desde la organización conservadora Dignidad y derecho, que dirige, se ha pronunciado para intentar recortar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en su país y generar retrocesos en derechos reproductivos, matrimonio igualitario, reconocimiento de hijos de personas LGBTIQ+ y en educación sexual, entre otras.
También se ha opuesto al carácter vinculante que tienen las resoluciones de la CIDH para el derecho interno de los países miembros.
Ralón Orellana fue propuesto para su reelección por el gobierno conservador de derecha de Alejandro Giammattei de Guatemala. Desde su ingreso en la CIDH en 2020, tuvo posiciones regresivas que quedaron marcadas en sus votos en disidencia, en los que se manifestó en contra del derecho a la identidad de género, y se aparta de la mayoría respecto al derecho a interrumpir el embarazo cuando existe un riesgo grave para la vida de la madre. Incluso manifestó su desacuerdo con un comunicado de la CIDH en el que alertaban sobre la situación en Ecuador tras el cierre del Congreso por parte de Lasso.
«Las posiciones reflejadas en los votos razonados del comisionado denotarían un retroceso respecto de los estándares mínimos de protección de derechos del Sistema Internacional de Derechos Humanos», señaló el informe del panel sobre Ralón Orellana.
El retiro de varias candidaturas a último momento aumentó las posibilidades de ambos nominados de ingresar a la CIDH. La candidatura de Julissa Mantilla, reconocida defensora de los derechos de las mujeres, fue retirada por Perú; Estados Unidos, Honduras y Brasil también hicieron lo mismo con sus nominados.
El único que explicó los motivos de esa decisión fue el gobierno de Joe Biden, que cuestionó las declaraciones de James Cavallaro sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Israel, al que definió como un «Estado de apartheid». «Sus declaraciones claramente no reflejan la política de Estados Unidos», señaló el Departamento de Estado.
El Panel expresó su preocupación frente al retiro inmotivado de candidaturas y su impacto en el proceso. «Estos hechos no se habían producido en tal extensión y podrían limitar y afectar a la transparencia y participación de distintos actores interesados en el mismo», señaló.
Argentina y la CIDH
La Argentina tiene un vínculo histórico con la CIDH a partir del rol fundamental que cumplió durante la dictadura y su visita en 1979, luego de la que denunció las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en el país.
Años más tarde, en plena vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos, nuevamente el sistema interamericano de derechos humanos fue importante para la reapertura de los juicios con un informe de 1992 que declaró que las leyes de impunidad e indultos violaban la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego con un fallo sobre el derecho a la verdad en el caso de Carmen Aguiar de Lapacó, de Madres de Plaza de Mayo.
Actualmente hay en trámite medidas cautelares por la persecución contra Milagro Sala, por la impunidad del atentado a la Amia, casos vinculados con violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de violencia institucional, entre otros.
Desde 2009, cuando finalizó el mandato de Víctor Abramovich, hoy procurador ante la Corte Suprema, el país no tiene ningún representante en la CIDH. Antes estuvieron también Genaro Carrió (1972 – 1976), Elsa Kelly (1986 -1989), Oscar Luján Fappiano (1990-1997) y Juan Méndez (2000-2003).
