La política de Derechos Humanos del gobierno nacional recibió un duro cuestionamiento en Tucumán, cuando el secretario del área, Claudio Avruj, presidió la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos. Los organismos de las provincias del norte argentino le entregaron un duro documento, donde detallan el retroceso que está provocando el gobierno de Mauricio Macri en los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero también en la garantía de los derechos individuales y colectivos, a partir de las políticas de seguridad que se están aplicando.
El Consejo Federal se reunió en Tucumán bajo el piadoso manto del Bicentenario de la Independencia. Allí fue donde los organismos de DD HH de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Jujuy le entregaron a Avruj, y al resto de los secretarios de DD HH de las provincias, el documento en el que dan cuenta del abandono del Estado en el sostenimiento las tareas que los peritos realizan en la fosa común conocida como Pozo de Vargas y la del Arsenal Miguel Azcuénaga, ambos en Tucumán, y la falta de pago a los taquígrafos de los juicios en Jujuy. Además cuestionaron el excesivo tiempo que transcurre sin que las condenas a los genocidas queden firmes, lo que permite a los jueces federales otorgar «con liviandad prisiones domiciliarias, tanto a imputados como condenados en causas de lesa humanidad».
Por otra parte, repudiaron la «connivencia de la corporación judicial con los responsables civiles de la aplicación del terrorismo de Estado» que se expresó en la falta de mérito dictada al titular del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, en la causa «El Apagón». Los organismos del NOA repudiaron el «retroceso en cuanto a las garantías individuales y colectivas, con despidos, hostigamientos, persecución de militantes y encarcelamientos de referentes sociales o políticos, como Milagro Sala.
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