La agrupación HIJOS Rosario presentó este jueves un pedido de pronto despacho para que el juez federal Marcelo Bailaque resuelva el llamado a indagatoria de 4 ex funcionarios judiciales que omitieron investigar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Se trata del exjuez federal Guillermo Tshopp, el secretario de su juzgado, Horacio Claverie, y los exfiscales federales José Luis Vázquez y Pedro Tiscornia, acusados como participes necesarios de homicidios, desapariciones forzadas, secuestros y tormentos que sufrieron más de 50 personas.

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El pedido de indagatoria fue realizado por HIJOS el 1 de febrero de este año y aún no fue respondido por el juzgado federal, por lo que la agrupación presentó un pronto despacho para que se resuelve de manera urgente.

“Entiendo que el pedido realizado es de cierta complejidad, pero jamás justifica un retardo de casi 4 meses en resolver, constituyendo de este modo una verdadera denegación de justicia no sólo para mi persona sino para todas las victimas por delitos de Lesa Humanidad que integran la presente causa, máxime cuando se han solicitado medidas cautelares por existir peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio”, señala el texto, firmado por la titular de la organización, Ingrid Schegtel.

La causa se inició con la denuncia de HIJOS en 2018 en la que Tschopp ya fue procesado el año pasado como partícipe necesario en homicidios, privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos contra más de 55 personas. En esta ocasión, la organización pide que al exmagistrado también se le impute el delito de asociación ilícita.

El resto de los acusados deben ser citados por primera vez. A Tiscorni le imputan responsabilidad en los delitos cometidos contra 58 personas y a Vázquez por 6 hechos. A Claverie piden que se lo indague por los delitos cometidos contra 62 personas. En los tres casos, al igual que en el del exjuez, se añade el delito de asociación ilícita.

Sobre el rol que tuvieron los exfuncionarios judiciales, HIJOS consideró en el pedido de indagatoria que “aportaron una garantía de impunidad a las fuerzas represivas, aporte indispensable para que el genocidio tuviera lugar”.

La causa está a cargo del fiscal general Adolfo Villate, quien revisó 134 recursos de Habeas Corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado en ese juzgado y 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas.

Uno de los casos más resonantes es el de Virginia Mulhall, quien había sido detenida en noviembre de 1977 por la policía y fue sometida a juicio en el juzgado de Tschopp. El fiscal era Tiscornia y estaba presente Claverie. Al ser llevada al juzgado varios meses después de haber sido secuestrada, Mulhall dijo “haber firmado su ‘declaración espontánea’ vendada y sin poder leerla (…), haber sido sometida a golpes y que su declaración fue tomada mientras estaba desnuda y le aplicaban electricidad, no dejándola tomar agua”.

Tschopp la condenó a dos años y medio de prisión. En el momento en que hizo esa denuncia “sentía que se le reían en la cara”, declaró la mujer.