Los últimos cinco metros. Eso es lo que falta para terminar de excavar el Pozo de Vargas, la mayor fosa clandestina que la dictadura utilizó para ocultar los cuerpos de hasta ahora 148 personas asesinadas en Tucumán. Sin embargo, se pudo avanzar poco en los últimos años: desde 2015 quedó la línea marcada en los 35,5 metros de profundidad y prácticamente no se pudo mover por falta de fondos desde el gobierno nacional.

El último tramo tiene sus dificultades, mayores aun a las que tuvieron que atravesar los miembros del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán al excavar a través de concreto y piedras desde 2002, cuando se abrió por primera vez el sitio. Una napa de agua y la profundidad del pozo hacen que la tarea sea más compleja, con la necesidad de utilizar bombas especiales para achicar el agua que cubre el fondo.

“Nos quedan entre cuatro y cinco metros, no tenemos una seguridad muy precisa. Lo importante es que hay que bajar el nivel de agua. Hay que comprar una batería de bombas, adecuar el sistema viejo que está, para poder hacer el desagote que se necesite para llegar al fondo”, explica a Tiempo Ruy Zurita, del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), quienes llevan adelante los trabajos de excavación desde hace 19 años.

En los últimos días, el gobierno nacional y provincial garantizaron el presupuesto para retomar las excavaciones. Así lo acordaron el ministro de Justicia, Martín Soria, y el gobernador Juan Manzur. El encargado de comunicar esta decisión al juez federal Fernando Poviña, a cargo de la investigación judicial, fue el diputado provincial Gerónimo Vargas Aignasse.

“Es decisión del gobierno provincial y nacional terminar con esta última etapa para que se termine con la separación de restos y así poder hacer entrega a los familiares”, señaló a este diario el legislador tucumano. Su padre, el senador Guillermo Vargas Aignasse, fue detenido horas antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y sus restos fueron identificados en el Pozo de Vargas en 2011. “No solo es importante para los familiares finalizar esta tarea, sino para toda una sociedad, para poder terminar este ciclo y convertirlo en un museo para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó y el precio que se paga al perder la democracia”, destacó.

 Vargas Aignasse explicó que entre 2015 y 2019 no hubo financiamiento por parte del Estado nacional. “Algo se fue haciendo por impulso de organizaciones. El juez hizo un esfuerzo para poder seguir avanzando, y también los organismos de Derechos Humanos, que en Tucumán siempre han estado impulsándolo, pero el gobierno de Mauricio Macri dejó de ayudar. No hubo argumento, pero claramente no les interesaba terminar de recuperar esos restos”.

Lo que falta y lo que hay

El Pozo de Vargas se ubica a unos pocos kilómetros del centro de San Miguel y toma el nombre de la familia propietaria del terreno. En 2015 fue señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como Sitio de Memoria. Se trata de un pozo realizado alrededor de 1870 o 1880 de tres metros de diámetro y unos 40 metros de profundidad que se utilizaba para abastecer de agua a las máquinas de los trenes a vapor.

A partir de la denuncia de vecinos, familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, en 2001 comenzó a buscarse el pozo. Señalaban que ese lugar se había utilizado para ocultar los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado tanto durante el Operativo Independencia como en dictadura. A los pocos meses pudieron hallarlo: había sido rellenado y ocultado para evitar su identificación, y arqueólogos y antropólogos comenzaron los trabajos. La excavación comenzó el 24 de abril de 2002.

“Estos sujetos apostaban a que nunca aparecieran, pero ignoraron que la tecnología iba a estar al servicio de la verdad. Nunca se imaginaron que la ciencia iba a avanzar a tal punto de que apareciera el ADN, que hoy con tecnología podés determinar si hubo movimientos de suelos y cuerpos enterrados”, señala Vargas Aignasse.

En los más de 35 metros excavados se lograron recuperar 38 mil fragmentos de huesos que corresponden a 148 personas, de las cuales 113 lograron ser identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La mayoría de las víctimas estuvieron previamente cautivas en “La Escuelita de Famaillá”, Jefatura de Policía de Tucumán y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, entre otros centros clandestinos de detención.

Desde el comienzo de los trabajos, los especialistas se encontraron con tres napas de agua y la excavación ya pasó por dos: una estaba entre los diez y 12 metros de profundidad y otra entre los 24 y los 28 metros. El viejo sistema de bombas permitió superarlas pero ya no funcionó para la tercera napa, el último obstáculo para terminar con el trabajo.

La gran mayoría de los restos, por la conformación del pozo, con vigas que lo atraviesan, se encontraron en un espacio de unos cuatro metros. Por eso, los especialistas consideran difícil hallar rastros de nuevas personas en los metros que quedan por excavar. Creen que allí habrá restos óseos de pequeño tamaño, huesos de manos, de pies, objetos personales o proyectiles.  

“El Pozo nos interpela como sociedad”, asegura Zurita, del CAMIT, y agrega:“No era un simple hueco para tirar gente, fue un centro clandestino de detención, algo totalmente pensado, elegido y diseñado. Te interpela por los nombres de la gente que ha sido identificada hasta el momento, porque alguien hizo listas, diseñó esto. 

Hay políticos, como Dardo Molina y Vargas Aignasse, ferroviarios, trabajadores del azúcar, de la universidad, que estaban buscando el bien de la gente, y que terminaron en el Pozo”. «