A partir de la visita de 1979 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Argentina comenzó a tejer una relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se extendió con altibajos a lo largo de los 37 años de democracia. Esa relación produjo cambios normativos y en las políticas de Derechos Humanos del país, como la derogación del código militar luego del caso Carrasco o la extracción de ADN en los casos de nietos y nietas restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchos otros. Pero detrás de esos casos en el Sistema Interamericano (SI) hubo siempre víctimas, personas que no consiguieron reparación en la justicia nacional y denunciaron al Estado argentino. Esa relación de la Argentina con la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), contada a través de las voces de los protagonistas y el análisis de los casos, es lo que aborda el libro La Argentina en el banquillo. La historia detrás de las denuncias contra el Estado por violaciones a los derechos humanos, del abogado, docente e investigador de la UBA y la UNPaz Sebastián Alejandro Rey recientemente editado por Colihue. “Los abogados veníamos estudiando decisiones, sentencias, y por ende; tribunales, pero sin pensar lo que había detrás de esas sentencias. Y, sobre todo, en procesos como los que se dan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son políticos, y las decisiones que se toman también. Me propuse hacer un libro a la inversa: usar los procesos judiciales y las sentencias como excusa para analizar la política que hay detrás de la resolución de los casos de Derechos Humanos”, explica Rey respecto del libro que publicó en formato de ebook en octubre, con prólogo del excanciller Jorge Taiana y de Leandro Despouy y la portada de la dibujanta Soy Mora.

-¿Cuál fue el criterio que guió la investigación ?

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-La selección fue de 44 casos de los 320 que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta este año, que me parecían los más conocidos y los que mayor impacto generaron. Muchos de estos casos derivaron en grandes cambios legislativos en Argentina. La derogación de la figura de desacato o del código de justicia militar, la reglamentación del cupo femenino, las leyes vinculadas a la extracción de ADN de niños apropiados durante la dictadura son producto de estos litigios. Ese impacto a nivel interno junto a la reparación de la víctima es lo que me interesaba mostrar.

-¿Qué tipo de reparación obtienen las víctimas en el SI?

-Muchos de estos procesos terminan condenando al Estado pero la condena penal del autor de la violación de los Derechos Humanos nunca llega. El SI es subsidiario de los tribunales nacionales, entonces por un hecho que ocurrió en Argentina primero hay que agotar los recursos judiciales en el país y eso te lleva 10 años. Cuando te sale mal se lleva la denuncia a la Comisión Interamericana y si hay suerte lo toma, porque el embudo es muy largo: por año hay miles de denuncias, pero informes contra Argentina la CIDH puede sacar 10 o 15 y, de esos, uno o dos casos pueden llegar a la Corte Interamericana. Lo que pasa es que muchas de las víctimas no van a ver condenados a los victimarios, entonces lo simbólico de la reparación es que alguien los escuche cuando en muchos casos la justicia argentina ni los escuchó.

-¿En definitiva lo que hace el SI es reparar la ausencia de justicia local?

-El Sistema llega bastante tarde y por eso es que muchas veces no repara el caso individual. Por ejemplo, en los casos de gatillo fácil no hay condenas para los que mataron a sus hijos pero han logrado reformas que van a servir a futuro. Esas madres dicen: “No sirve para mi hijo pero va a servir para que no vuelva a ocurrir. Sirve a futuro”.


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-¿Cuáles casos te parecieron más llamativos?

-En el caso Furlan, que era un chico con discapacidad que sufrió un accidente en un predio del Ejército siendo menor de edad, por ejemplo, la justicia nunca le puso un defensor de menores, el juez tardó diez años en resolver su juicio que era para cobrar una indemnización para tratamiento, y la primera vez que alguien lo escuchó fue en Costa Rica. Que la justicia nunca te escuche es muy fuerte. El caso de Leonardo Fornerón, que me impactó mucho, es de Entre Ríos y él tenía una hija biológica que la madre entregó en adopción a una familia de clase alta apenas nació. Fornerón va a la justicia a reconocer a su hija, se hace el ADN que da positivo, y la justicia lo reconoce pero no se la devuelve. Él ganó el caso en la Corte Interamericana pero 13 años después, y sin embargo, cuando su hija cumplió 18 años decidió no verlo más. Es un caso que no tiene final feliz, pero Leonardo dice que la justicia que no le dio su país se la dio la Corte Interamericana.

-¿Cuáles son los casos que tuvieron mayor impacto en cambios legislativos o políticos?

-La mayoría de los que analicé tuvieron un impacto fuerte. Si bien cuento la visita de la CIDH del ‘79 que fue muy importante, de la dictadura tomé tres casos testigos: uno es el de la hija de Emilio Mignone, para contar cuál fue su rol y el de la APDH en aquella época; el otro es el caso de Alfredo Forti, que después fue ministro de Defensa durante el Kirchnerismo, a quien bajan del avión cuando se iba al exilio, y el tercero es el caso de los Testigos de Jehová, porque cuentan cómo fue la dictadura y el rol de la OEA. Después, los casos del alfosinismo relacionados con las leyes para reparar y condenar lo que pasó en la dictadura son importantes. Está también el caso de La Tablada. Ese es uno de los capítulos más largos del libro porque hay una gran cantidad de cosas detrás que todavía están abiertas, el año pasado juzgaron a Arrillaga por desapariciones ocurridas hace más de treinta años (El exgeneral del Ejército Alfredo Arrillaga fue condenado el 12 de abril de 2019 por su coautoría en el homicidio de José Alejandro Díaz, uno de los cuatro militantes del MTP que continúan desaparecidos). Los testimonios en ese capítulo van contando esas tres décadas de historia y de la participación de la Comisión. El caso también tiene injerencia en la doble instancia. Otro caso más nuevo, por ejemplo, es el caso Bulacio que tiene un impacto muy fuerte en la jurisprudencia de la Corte argentina en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana. Y tenés el correlato negativo, un retroceso durante el macrismo, veinte años después, que es el caso Fontevecchia de 2017 con la Corte Suprema que dijo que las sentencias de la CorteIDH no son obligatorias.

-En el libro te preguntás si los DD.HH son un negocio millonario.

-Lo del negocio millonario es una sensación generalizada que muchos repiten y la verdad que no tiene goyete. Si uno mira las reparaciones que se ordenan en los casos de DD.HH que se ganan, después de muchos años y si tenés suerte de ganar, son reparaciones de 10.000 o 15.000 dólares. Decime ¿qué abogado o abogada argentino toma un juicio para ver si dentro de quince años cobra esa plata? Nadie. Si el negocio existe, no lo vi. De los casos no surge.

-También te preguntas si Néstor Kirchner utilizó a los organismos de Derechos Humanos

-Eso es algo que se dice mucho. En la entrevista que le hago a Horacio Verbitsky me dice que no tenía una relación personal con los Kirchner y que él llevó los mismos reclamos a todos los gobiernos democráticos y nunca lo escucharon. Me dijo: “Esto de bajar los cuadros se lo llevé a Alfonsín, a Menem, a Duhalde y nadie me dio bolilla. Entonces cuando a Kirchner se lo llevamos y dijo yo lo voy a hacer, nosotros estábamos contentos que nos usaran, hubiéramos querido que nos usen antes”. Me parece que es muy piola esa frase: “nos usaron porque estábamos esperando que alguien nos use porque necesitábamos que se levanten nuestras banderas desde el Estado.

-Otro tema que planteás es el de las tensiones entre los gobiernos y el SI.

-La relación de la Argentina con el SI tiene tres momentos malos. El peor fue durante el gobierno de De La Rúa por el tema de La Tablada, porque Menem había decidido el indulto pero cuando gana, De la Rúa dice que no y asume con la huelga de hambre de los detenidos. Un segundo momento es en la segunda presidencia de Cristina Kirchner pero eso hay que leerlo en clave regional porque se origina porque muchos Estados americanos comienzan a ponerse a la CIDH y la OEA en la mira por su rol politico en la región. El tercer momento es con Mauricio Macri, que también se produce en un contexto regional cuando sale una solicitada de los cancilleres de Paraguay, Chile, y Brasil diciendo que la CIDH no tiene que meterse en los asuntos internos de losEstados. Una postura horrible que también coincide con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fontevechia, que se da porque tenían la idea de que les iban a decir qué hacer con Milagro Sala. En el macrismo estaba esa sensación de que la CorteIDH les iba a revisar las condenas, que era imposible que ocurriera y que redundó en ese fallo desacertadísimo de la Corte.  

-¿Eso cambió con Alberto Fernández? 

-Es muy temprano para saberlo, pero este año la posición del Estado en la CorteIDH fue distinta. Argentina fue y se allanó en varios casos. Por los nombres de los funcionarios pareciera que la relación va a ser distinta. Pero la pandemia hizo que fuera un año muy difícil para trabajar cuando hay que acercar posiciones o negociar acuerdos. «