Las señales que provienen del Tribunal Oral Federal número dos sobre la Causa Vialidad parecen confluir en un único atisbo de certeza: el martes próximo Cristina Fernández de Kirchner será, con alto grado de probabilidad, una vicepresidenta condenada. En qué puede derivar esa hipotética situación es una incógnita que comienza a generar preocupación en términos institucionales.
El «pelotón de fusilamiento» –tal como ella lo definió– habrá disparado sus previsibles municiones y la repercusión mediática estará asegurada a través de los habituales canales de difusión.
La duda que aún persiste es por cuáles de los delitos que se le imputan será condenada. Y esa respuesta sólo la tienen, hoy, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
De los tres, Giménez Uriburu aparece como el más radicalizado. Su presencia en el tribunal es la más cuestionada por los imputados, por sus intervenciones como futbolista en un equipo amateur (también integrado por el fiscal Diego Luciani y por el camarista federal Mariano Llorens) que jugaba en las canchas de la quinta del ex presidente Mauricio Macri. Giménez Uriburu rechazó la recusación por esa situación y fue respaldado por sus pares y por la Cámara de Casación con un argumento técnico: esa equívoca situación deportiva no está contemplada en la ley como causal de recusación. Según ese criterio, nada ocurrió que generara un temor de parcialidad entre los acusados. Así lo sostuvieron como jueces de sí mismos y sin que siquiera les corriera un pequeño escozor por las espaldas.
Sin embargo, el viernes la Cámara Federal apartó al juez Roberto Boico en una causa denunciada por el fiscal Carlos Stornelli en el contexto de la diluida acusación por las actividades ilegales del falso abogado Marcelo D’Alessio. Cuando aún no era camarista y trabajaba como abogado particular que defendía –entre otros clientes– a exfuncionarios del gobierno 2003 – 2015, Boico opinó en un reportaje sobre la renuencia de Stornelli a presentarse al llamado a indagatoria que le había formulado el por entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
«Que no se presente a tribunales es un papelón institucional y yo creo que por una cuestión institucional debería dar un paso al costado. La situación de Stornelli para mí ya no tiene vuelta atrás», dijo el abogado Boico. Stornelli lo recusó y el juez Eduardo Farah, después de que se lo ordenara la Cámara Federal de Casación, lo apartó del expediente. «A los fines de receptar favorablemente la concurrencia de temor de parcialidad, basta con observar que exista una preocupación legítima desde la óptica de las partes», sostuvo el fallo. Es decir que según esa interpretación legal (las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan), basta con una «preocupación legítima» de un imputado que genere un «temor de parcialidad» para apartar a un juez. Tiene lógica que Stornelli tema que la misma persona que como abogado se pronunció en su contra tenga como juez un preconcepto sobre él.
La contradicción radica en que ese concepto aplica para Boico, que en el pasado defendió a kirchneristas, pero no para Giménez Uriburu, que en la actualidad juzga (y se apresta acaso a condenar) a kirchneristas. ¿Qué es lo que no se entiende?
A falta de un tribunal que lo apartara, Giménez Uriburu bien pudo haberse excusado, por propia voluntad, de seguir interviniendo. Ante el temor de parcialidad generado por su cercanía fotografiada con el principal rival político de la vicepresidenta, a quien está juzgando, pudo haberse corrido del escenario para despejar cualquier duda sobre la legitimidad y ecuanimidad del fallo que se conocerá el martes. No ocurrió.
El juez Basso también parece encaminado a la condena. Y Gorini, el menos proclive al fusilamiento, aparece en una suerte de disyuntiva entre una disidencia (total o parcial) o el acompañamiento a sus colegas.
Las miradas periféricas apuntan a las terminales políticas y de poder de cada uno de los jueces. Y a la actitud desafiante de Cristina Fernández de Kirchner, que no registra antecedentes en juicios de esta naturaleza. Lo hizo hasta en las «últimas palabras». Tampoco está claro si los jueces aplicarán la figura de la asociación ilícita. Hasta hace algunos días parecía descartada esa hipótesis, pero en las últimas horas reapareció. Uno de los abogados de un imputado poco conocido en comparación con Cristina Fernández de Kirchner o Julio De Vido asegura que la condena «será por todo». Las defensas coinciden en que «no hay forma de condenar por asociación ilícita» pero temen que los jueces igualmente lo hagan. «Si eso pasa yo tendré graves problemas psicológicos. No concibo nada más injusto que una condena a mi defendido. Si lo condenan deberé replantearme la vocación que me llevó a ser abogado», se sinceró un defensor con sus colegas. Otro, que no tiene defendidos en este juicio pero conoce a fondo los entresijos de Comodoro Py, sostiene que todavía no está resuelto y que el voto clave es el del juez Basso.
Las especulaciones también se centran en los años de cárcel que dispondrá la eventual condena. Entre cinco y seis, pronostican para la vicepresidenta. ¿Es una pena leve, en comparación con los 12 años que pidió el fiscal? Error: las defensas no están dispuestas a conformarse con ninguna condena.
El martes sólo se conocerá el veredicto. Los jueces disponen de 40 días hábiles para dar a conocer los fundamentos, que de tal manera quedarán para más adelante, probablemente febrero o marzo de 2023; difícilmente antes. «
