El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito para los empresarios Ángelo Calcaterra y Jorge Corcho Rodríguez. Al mismo tiempo, procesó a los exfuncionarios detenidos Julio de Vido, Roberto Baratta y José López.

Martínez de Giorgi investiga si hubo coimas en la licitación de las obras del soterramiento del Sarmiento, por parte de la Unión Transitoria de Empresas, que entonces nucleaba a Iecsa SA (históricamente vinculada al Grupo Macri), Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y Comsa SA. El caso está muy vinculado al megaescándalo internacional de coimas de la empresa Odebrecht.

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Sobre Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y entonces titular de Iecsa, y Corcho Rodríguez, de Comsa SA, el magistrado firmó: “No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas”.

En tanto, el entonces ministro de Planificación De Vido y sus funcionarios Baratta y López fueron procesados por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, ya que “dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas”.

Según informó la agencia Télam, los procesamientos sin prisión preventiva de De Vido, Baratta y López incluyeron embargos de ocho millones de pesos.

La resolución del juez abrió especulaciones políticas sobre el caso. La abogada Graciana Peñafort señaló en Twitter: “El poder judicial intenta hacerme creer que los funcionarios cobraron coimas, pero que los empresarios no las pagaban”. Además, hizo referencia al “principio de no contradicción”, el cual se basa en que “algo no puede ser cierto y ser falso en el mismo tiempo y lugar”.

De Giorgi procesó también al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, con embargos de $ 10 M. Finalmente, quedaron procesados Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de $ 5 M.