Durante los más de 20 años que lleva el proceso de discusión de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) primó un espíritu poco democrático, de espaldas a los ciudadanos, ocultando información y bajo el fuerte lobby de las corporaciones. Ahora, el Congreso argentino se apresura votar la aprobación exprés de este acuerdo sin mediar reflexión, mientras el Parlamento europeo ralentizó el proceso al derivarlo al tribunal de justicia de la Unión Europea.
Llama la atención el rol de los diputados y diputadas de nuestro país que aceleran la aprobación en nombre del “desarrollo”, en nombre de supuestos beneficios para el agro e incluso apelando a argumentos geopolíticos. Sin embargo, no existen estudios que sustenten cuáles serían esos beneficios. Recientemente fueron publicados dos documentos: el “Acuerdo de asociación Mercosur – UE”, de más de 4 mil páginas, y el texto completo del acuerdo, de cerca de 3 mil páginas. ¿Los diputados que lo aprobaron los habrán leído y estudiado tan rápido?
El “campo argentino” al que se refieren los diputados se limita al sector agroexportador, subordinado a las corporaciones transnacionales. Un “campo” que está lejos de representar la realidad de las economías regionales y la diversidad agraria nacional. Pequeños y medianos productores, cooperativas, campesinos y agricultores familiares no tienen nada que festejar. Por el contrario, este acuerdo representa un peligro concreto a su supervivencia.
Los puntos débiles del acuerdo
En primer lugar, analizando específicamente las cadenas de valor agroalimentarias, hay que señalar que este acuerdo está desactualizado. No contempla las asimetrías económicas que existen entre la Unión Europea y el Mercosur. La UE posee mayor capacidad técnica, sistemas estadísticos sofisticados y una dinámica de monitoreo permanente que no poseemos en el Mercosur. Además, en Europa tienen mucha más escala, con una estructura productiva más integrada, siendo la única excepción el complejo oleaginoso.
Los productores europeos cuentan con la Política Agrícola Común (PAC), que en el periodo actual (2021-2027) cuenta con un total asignado de 386.600 millones de Euros, de los cuales 291.100 millones son destinados a ayudas directas a la renta de agricultores y 95.500 millones van a Desarrollo Rural, lo que incluye medio ambiente, innovación y cohesión territorial.
Como si fuera poco, la primera ministra Georgia Meloni negoció su voto por otros 45.000 millones para salvaguarda de los productores europeos. La Política Agrícola Común no desaparece en el marco del acuerdo: para el período 2028-2034 ya se aprobaron otros 300.000 millones.
En contraposición, los productores argentinos, especialmente los pequeños y medianos, no cuentan con respaldo financiero ni políticas de sostén de ningún tipo.
Por otro lado, el acuerdo no integra como sujeto a las corporaciones transnacionales que en los últimos años han adquirido un papel de dominio de mercado y del intercambio comercial. Las corporaciones proveen insumos (pesticidas, semillas, maquinaria) y son los agentes que exportan e importan la producción a ambos lados del Atlántico. Invisibilizarlas y no generar cláusulas y regulaciones en torno a su función y comportamiento implica no contar con herramientas reales que permitan establecer una relación complementaria y garantizar, de ese modo, los estándares ambientales que supuestamente incluirá el acuerdo.
Grupos como Cargill o Bunge controlan la producción de origen en Argentina, y puertos, fletes marítimos y crushing (procesamiento industrial) en Europa, lo que vuelve al productor altamente dependiente al no tener acceso directo al mercado europeo.
La asimetría entre los Estados y las corporaciones es uno de los verdaderos problemas del desarrollo de nuestra región. Frente a los términos del acuerdo, quienes quedan en mejores condiciones son empresas con escala internacional, capacidad financiera y estructura jurídica sofisticada. No son las pymes ni cooperativas. El rol dominante de las corporaciones relativiza las posibilidades de que prime el espíritu de complementariedad y sostenibilidad ambiental: las reglas se regirán por el exclusivo principio de la ganancia corporativa.
Pero para el sector del “campo que alimenta” hay más consecuencias negativas. En el caso de la propiedad intelectual, particularmente en semillas, el acuerdo establece que las legislaciones nacionales deben adecuarse al Acta UPOV-91, es decir, resignar los derechos de conservación, uso propio y capacidad de desarrollo de nuevas variedades que aun tienen los agricultores argentinos. Y, en el plano comercial, entregar el enorme mercado interno del Mercosur al ingreso de productos agrícolas que están respaldados por la Política Agrícola Común (PAC) de la UE.
Así, los pequeños y medianos productores ven en riesgo el mercado brasileño en productos como el ajo, el vino o el aceite de oliva, y el mercado argentino en otros como lácteos, carne de cerdo, huevos, carne de oveja y quesos de cabra, chacinados, tomates triturados y conservas en general (todos productos que en Europa cuentan con la protección de la PAC, alto desarrollo tecnológico, certificación de origen, tecnología y trazabilidad).
Actualmente, con los aranceles de alrededor del 20% que mantiene el Mercosur para el tomate, de igual manera los productores compiten con la fuerte importación de concentrado de tomate italiano. A partir de ahora, es de esperar que, al perder esos aranceles, los tomates respaldados por UE rebalsen las góndolas argentinas.
Si ya durante los últimos años el precio por el tomate pagado al productor en finca estaba estancado, el nuevo escenario sería el final para miles de productores. Si Brasil ya no puede arancelar el ajo español (o incluso el chino, que triangulan empresas de la UE), el ajo de los productores mendocinos dejará de ser competitivo; quedará saturado el mercado interno y, también en este caso, quedarán en la ruina los productores locales.
Este acuerdo no solo reduce aranceles, sino que también limita las capacidades de intervención del Estado para establecer las posibilidades de desarrollo armónico y con arraigo que nuestro campo requiere.
Derechos vulnerados
La gran mayoría de los productores de Argentina que garantizan arraigo y trabajo rural son agricultores familiares y campesinos, sector que requiere políticas activas e inversiones en formalización, trazabilidad y escala. Así lo reconoció Naciones Unidas al adoptar la Declaración de Derechos Campesinos, no solo llamando la atención del rol que el sector cumple a la hora del desarrollo y la lucha contra el hambre y el cambio climático, sino estableciendo la importancia de las políticas publicas que los Estados deben llevar a cabo para garantizar sus derechos. Este documento, aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, demanda que los Estados establezcan políticas de reforma agraria, agregado de valor, intervención de mercados para establecer precios justos, protección de la biodiversidad y del derecho a las semillas, acceso a la innovación y al desarrollo tecnológico agroecológico, y que tengan espacios de consulta a la hora de establecer políticas que incidan en el ejercicio pleno de sus derechos y la vida rural.
Durante los más de 20 años de discusión del acuerdo UE – Mercosur, ni los campesinos de Europa ni los de nuestros países fueron consultados ni escuchados. Todo lo contrario: terminaron invisibilizados y estigmatizados. Argentina y el Mercosur carecen de estructura institucional y políticas agrícolas orientadas a fortalecer y proteger a los campesinos y cooperativas agrícolas. Ese sería el paso previo elemental para “integrarse” al mundo de las corporaciones sin entregar la Soberanía Alimentaria.
Este es un acuerdo de y para las corporaciones a costa de la desaparición de cientos de miles de granjas, cooperativas y comunidades de pequeños y medianos productores. De concretarse, miles de familias campesinas terminarán engrosando los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, mientras los alimentos saludables serán cada vez mas inaccesibles para las mayorías populares.
