Armas de fuego: menos regulación, más violencia

La evidencia dice que tener un arma a mano es el motivo por el que disputas menores pueden terminar en homicidios. Incluso, también, en muertes por accidentes. Las armas están muy lejos de defendernos de algo. Un robo, una discusión entre vecinos, un episodio de violencia de género, una situación de bullying en una escuela o una extorsión criminal, con un arma de por medio, se vuelven potencialmente letales. Sean legales o ilegales, las armas de fuego están diseñadas para maximizar el daño.

América Latina es la región sin guerras más violenta del mundo, más del 75% de los homicidios se cometen con armas de fuego. En Argentina más del 50% de los homicidios ocurren con armas de fuego.

Las empresas nacionales o extranjeras que fabrican y comercializan armas, municiones y explosivos tienen que controlar todo el recorrido que hacen las armas que ellas mismas insertan en el mercado. Es decir, tienen responsabilidad del control sobre la producción, comercialización, circulación y gestión de arsenales, porque tienen que prevenir el desvío hacia mercados ilegales. Los estados, a su vez, tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas obligaciones, ya que la circulación de armas impacta en la vida de la población y en la forma en que vivimos en comunidad. 

Así lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 5 de marzo pasado emitió una opinión consultiva que reafirma las obligaciones de los Estados y empresas frente al tráfico ilegal de armas de fuego.

Hoy, por el contrario, cuando está a la vista la urgencia de controlar el acceso y revertir medidas como la baja de edad para ser usuario (pasó de 21 a 18 años), el gobierno argentino impulsa medidas que debilitan los mecanismos de fiscalización y amplían el acceso a armas de fuego. El diseño institucional que promueve retrocede y termina con el sistema de control para pasar a una agencia que sólo registra las armas. Esto no sucedía hace muchos años. Al flexibilizar la tenencia, desestima que el mercado ilegal se alimenta de armas que ingresan al mercado a través de vías legales e ignora que las violencias más reprochables pueden ser también cometidas por armas registradas.

Pero no es solo esto: la falta de reacción institucional ante hechos de violencia escolar, con adolescentes y jóvenes que acceden con facilidad a un arma, y la alarmante desaparición de 120 armas bajo custodia judicial en los tribunales de Río Negro son señales de que el modelo de mercado de armas que se autorregula sólo produce descontrol y más violencia. Vale remarcar que, actualmente, el Estado sólo cuenta con 11 inspectores para controlar todas las empresas, armerías y centros de tiro del país.

Es indudable que nuestra región se encuentra hoy atravesada por la violencia de la criminalidad organizada. Sobre este aspecto la Corte IDH es tajante: existe un nexo indisoluble entre la proliferación de armas y la intensidad de la violencia del crimen organizado. Prevenir el tráfico de armas es una forma de desarticular la criminalidad. Mientras el gobierno modela la seguridad del Estado bajo la excusa del narcoterrorismo para criminalizar a sectores vulnerables y a quienes protestan, no existe una sola acción concreta para controlar la circulación de armas en los barrios donde operan las bandas criminales y los tiroteos son parte del paisaje.

En buena hora llega el mensaje de la Corte IDH, falta que el gobierno nacional reaccione.