Las partidas presupuestarias solo aumentaron el proporcional al 10,1% de la suba de precios anual del presupuesto. Con la recesión, la caída de los ingresos se siente con fuerza.
El ajuste, en realidad, solo representó una caída de autorizaciones del gasto corriente de capital del 1,6 por ciento. Si bien no es muy significativo en términos porcentuales, sí es enorme por su alcance, de más de 250 programas y partidas estatales. De allí su impacto político y social.
El primer brazo de la pinza tiene que ver con la caída de la actividad: a abril último, la recaudación acumuló nueve meses consecutivos de reducción en términos interanuales que se explican, en su mayoría, por la caída de la actividad económica, aunque también pesa la decisión del gobierno nacional de reducir los tributos a las empresas (retenciones y ganancias) o a las personas con elevado poder adquisitivo (bienes personales, autos de lujo, aviones y yates).
El segundo brazo impacta indefectiblemente en los cálculos del Ministerio de Economía. La Ley de Presupuesto de este año prevé una inflación del 10,1% para todo 2026, un nivel que fue criticado desde que el gobierno nacional presentó el texto para su debate en el Congreso. Sin embargo, y a pesar de la incredulidad que provocaron las cifras, fue aprobado así, con lo que las partidas del año pasado solo fueron incrementadas en ese porcentaje para todo el año 2026.
El problema es que la inflación del primer cuatrimestre superó la pauta de este año del presupuesto. A abril ya acumuló un 12,3% de alza. Y el ritmo inflacionario impacta en la mitad del presupuesto, a las partidas que son actualizadas por el costo de vida, como las jubilaciones y otros gastos de la seguridad social.
Así las cosas, el gobierno enfrenta un doble problema: ingresos más bajos y gastos por encima de lo planificado. Esto significa que en poco tiempo más, el ahorro conseguido con el ajuste de esta semana se perderá por el efecto de la inflación.
Esta realidad abre otro problema: aunque el costo de vida se desacelera, su ritmo es muy elevado para las pautas que pretende imponer el gobierno para calmar las expectativas.
Ante esta dinámica, Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), observó las limitaciones de la política oficial de ajuste del presupuesto. «La mitad del gasto es gasto asociado a previsión social, son prestaciones de seguridad social, está atado a la inflación», recalcó.
El hecho de que el gasto vaya a estar 15 puntos porcentuales arriba de la pauta presupuestaria, obliga a tomar decisiones. Según Rangugni, las opciones son tres: la primera es aplicar un fuerte ajuste sobre el gasto no atado a la inflación. Pero la reducción significativa de este segmento del gasto tiene serias limitaciones sociales y políticas.
Implicaría bajar un 20% en términos reales las partidas no asociadas a la inflación. Pero no hay muchas opciones. El gasto de capital y la trasferencia a provincias están muy abajo y las transferencias al sector privado (subsidios) también están muy bajos. Todo eso hace muy improbable reducir un 20% la mitad del gasto.
La segunda opción es aumentar las autorizaciones de gastos en el presupuesto, algo que el gobierno dijo que no piensa hacer y que transformó en bandera de su campaña electoral, tanto en 2023 como en 2025.
La tercera posibilidad es que el gobierno modifique la regla de actualización del gasto previsional. «Lo veo muy difícil desde lo político», argumentó el hombre de ASAP.
La conclusión es una: «Solo queda como opción que deben aumentar el presupuesto», dice Rangugni. Es decir, el gobierno está en dificultades para no aumentar el gasto.
El desfasaje inflacionario (el costo de vida oficial del presupuesto versus el real) derivó en que la ejecución del gasto a abril sea más elevada este 2026 respecto del año pasado.
El problema es que la reducción del gasto de esta semana no durará: la inflación se lo comerá más temprano que tarde.
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