Referentes de la mesa chica de la central obrera mantuvieron encuentros, que continuarán esta semana. Podrían convocar a un Consejo Directivo después de la reunión de la OIT en Ginebra.
Por eso, la protesta que según sus organizadores congregó a más de 1,5 millones de personas en todo el país, fue capaz de catalizar la bronca y el hastío de la población que vio en la defensa de la educación pública un canal para manifestar su descontento con la situación general.
De allí que, convocados por el Frente Sindical Universitario, se hayan sumado los trabajadores de Fate, del Hospital Garrahan, del INTI, del Servicio Meteorológico Nacional, las organizaciones de jubilados, los colectivos de discapacidad, las organizaciones sociales, piqueteras y de derechos humanos y centenares de miles de ciudadanos de a pie.
La acción coincidió con el peor momento político del gobierno que, atravesado por las denuncias al jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, se encuentra en un impasse político y económico. El humor de la población agobiada económicamente no tolera escándalos de corrupción dentro de un gobierno que llegó al poder denunciando los privilegios de la “casta política”.
La marcha podría haber alterado la relación de fuerzas más general entre la clase trabajadora y el gobierno y, en los hechos, fue una muestra de la persistente y creciente disposición a la movilización popular. Por eso, al mismo tiempo, resultó una denuncia velada a la pasividad de la CGT, que no esbozó todavía una reacción frente al empantanamiento en el que se encuentra el diferendo judicial por la inconstitucionalidad de la ley de modernización laboral.
La central obrera adhirió a la movilización un puñado de días antes de su realización y, una vez consumada, evitó recoger el guante para presentar alguna continuidad que le permitiera recuperar el liderazgo de la protesta social y capitalizar la movilización en un sentido de orden general.
Con todo, la marcha hizo mella en el interior de la CGT y sus dirigentes comenzaron una ronda de reuniones de mesa chica para evaluar si las condiciones exigen o no una nueva medida de fuerza de alcance nacional.
Así lo reconocieron fuentes de la CGT a Tiempo que, a la vez, señalaron que habrá nuevas reuniones informales en la semana y, recién ahí, se podría convocar a un Consejo Directivo para discutir la eventualidad de un nuevo plan de lucha. Al interior de la conducción no está claro el impacto que tendrán las sanciones que el gobierno nacional aplicó sobre los sindicatos de La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por supuesta violación de la conciliación obligatoria en ocasión del último paro general del 19 de febrero. Es que, esgrimen, si bien descartan que las sanciones avancen en el terreno judicial, no conocen la actitud que tomarán los dirigentes de esos sindicatos frente a una nueva propuesta de paro general.
Un alto dirigente del Consejo Directivo explicó a Tiempo que “no hay nada confirmado pero tuvimos algunas reuniones informales y estamos evaluando si podemos lograr alguna confrontación con el gobierno”. El dirigente explicó que “va a haber que conversar un poco más con otros gremios. No es sencillo convocar a un paro porque hay que garantizarlo. Se buscará acompañar algún conflicto local para calentar motores y a partir de ahí enhebrar algo más general”.
A pesar del escenario de conflictividad que ya tiene una nueva parada el miércoles con la Marcha Federal de la Salud, desde la cúpula de la CGT aseguran que cualquier posible medida deberá esperar al menos a la segunda quincena de junio cuando culmine en Ginebra la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en la OIT. Allí, adelantan, participará una nutrida delegación de dirigentes de la CGT y las CTA que harán una serie de presentaciones y denuncias contra el gobierno nacional que acompañarán la ponencia que Gerardo Martínez presentará el 5 de junio.
Pero la pasividad no hará más que profundizar la grieta interna. Pablo Moyano, titular del Sindicato Camionero y que actúa con relativa autonomía de los bloques en disputa, salió a marcar la cancha. En declaraciones a la emisora Gelatina planteó que “la CGT tiene que profundizar un plan de lucha” porque, opinó, “la justicia cagó a los trabajadores y ahora lo único que nos quedó es la calle”.
El Frente de Sindicatos Unidos, por su parte, comenzó a desplegar su propia agenda a partir de lo resuelto el 1° de mayo en un plenario de más de 1.500 delegados de 140 organizaciones. El viernes lanzaron una campaña centrada en el reclamo por un salario mínimo de $ 2.879.877. Fuentes del sector explicaron que “estamos con muchísimos conflictos puntuales como ATE y la UOM y se viene la paritaria aceitera como conflicto inminente”. Más de fondo, subrayaron: “Como FreSU, apostamos a construir el paro general por tiempo indeterminado”. «
Con un gol de penal de Colidio, el equipo de Coudet ganó 1-0 en un…
El gobierno abrirá el martes las ofertas de la licitación de la Vía Navegable Troncal…
La bandera blanca por el caso Adorni duró sólo unas semanas. El asesor presidencial logró…
Más allá del ajuste fiscal, la actual gestión oficial avanza hacia el desmantelamiento de la…
La enorme mayoría resigna gastos por obligación y se adapta como puede para sostenerse en…
