La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, a partir del 10 de diciembre.

Así lo confirmó este viernes por la mañana la oficina del presidente electo a través de su cuenta en la plataforma X. En el mismo anunció, además se informó que Rodolfo Barra será el Procurador del Tesoro de la Nación.

Una segunda oportunidad para Bullrich

La designada ministra agradeció al presidente electo «la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria», dijo que será «implacable contra el crimen» y que dará «una lucha sin cuartel contra el narcotráfico».

«El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga», posteó la titular del PRO en su cuenta.

La actual titular del PRO ya se había desempeñado en este mismo cargo durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, entre 2014 y 2019. Durante ese lapso se encargó de aumentar las potestades represivas de las fuerzas de seguridad y promovió el uso de la fuerza, incluso desmedido, por parte de sus agentes, tal como lo evidenció su apoyo al suboficial Luis Chocobar, acusado de disparar por la espalda a un delincuente.

Barra y un pasado filonazi

Por su parte, la designación de Barra generó polémica, ya que el designado al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación se había desempeñado como ministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Menen. Pero en julio de 1996 debió presentar su renuncia al conocerse que en su juventud estuvo vinculado a la organización filonazi Tacuara. En aquel momento, Barra se disculpó tibiamente. «Si fui nazi, me arrepiento», dijo apenas, antes de regresar a su estudio de abogado, de donde ahora lo rescata Javier Milei.

Entre los grandes hitos de Barra en aquellos años al frente del Ministerio de Justicia están el intento de aplicar la ley mordaza contra el periodismo, que proponía aumentar las penas por calumnias e injurias; la ley anticorrupción, que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios; y una ley que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial.