El 2026 arrancó difícil para el INTA y su futuro. Esta semana los directores de los 21 centros regionales enviaron una carta al titular del organismo, alertándolo de los riesgos de parálisis de todas sus estructuras a partir de la subejecución pesupuestaria. Se trata del primer pronunciamiento de este tipo, con una serie de detalles que revelan el nivel de asifixia que implementa la administración libertaria.
El texto está dirigido al titular del INTA, Nicolás Bronzovich y fue enviado desde San Fernando del Valle de Catamarca. La carta es un “reporte de situación operativa y solicitud de reunión urgente”:
“Advertimos que durante el primer trimestre de 2026 en todas las Unidades se registraron serias dificultades en la ejecución presupuestaria, culminando con un nivel de subejecución inédito en la historia reciente del Instituto. Esta situación no respondió a limitaciones de gestión en las Unidades Ejecutoras, sino principalmente a la no asignación de fondos para la reposición de fondos rotatorios a las Unidades durante todo el mes de marzo -con impacto directo fundamentalmente en la ejecución de proyectos y actividades sustantivas- y a demoras en la efectivización de pagos mediante CUT (Cuenta Única del Tesoro), generando incumplimientos temporales con proveedores y afectando la continuidad de servicios esenciales”.
“Esta situación ocasionó problemas concretos: incapacidad de reponer y abastecer requerimientos en laboratorios y áreas específicas, debilitamiento de la relación institucional con proveedores y, fundamentalmente, compromete seriamente las posibilidades de éxito ante futuras gestiones de solicitudes de refuerzos presupuestarios”.
“Asimismo, se percibe falta de estrategias en la DGA que impide el avance de trámites críticos relacionados con los servicios básicos y seguridad e higiene de las unidades, como ser la gestión de la licitación de residuos peligrosos”.
“En paralelo, y en consonancia con los objetivos institucionales de ampliar la captación de fondos extrapresupuestarios nacionales e internacionales, desde las distintas Unidades se sostienen permanentemente iniciativas de articulación con organismos públicos, universidades, gobiernos provinciales y municipales, empresas y otros actores del sistema científico-tecnológico y productivo. Sin embargo, estas acciones se ven frecuentemente condicionadas por demoras en la emisión de dictámenes de las áreas competentes, particularmente en Asuntos Jurídicos, así como por tiempos de respuesta que no siempre resultan compatibles con las dinámicas de vinculación tecnológica y relacionamiento institucional requeridas en el actual contexto. En reuniones anteriores, se consideró que desde los Centros Regionales y de Investigación, se podría aportar personal calificado para realizar una revisión a los fines de colaborar y agilizar el proceso de dictamen de Asuntos Jurídicos. Es por ello, que quedamos a disposición para trabajar en conjunto en dicho aspecto con el área de Asuntos Jurídicos”.
“Entendemos que fortalecer la capacidad de respuesta institucional en estos procesos constituye una condición necesaria para sostener la credibilidad externa del INTA, preservar oportunidades de financiamiento y consolidar alianzas estratégicas en todo el territorio nacional”.
“Asimismo, se observa una importante demora en la gestión de trámites vinculados a recursos humanos y administración del personal, incluyendo solicitudes de cambio de asiento de trabajo, reclasificaciones, concursos, cambios de agrupamiento, autorizaciones de comisiones y capacitaciones y de liquidaciones finales del personal jubilado; muchos de los cuales permanecen pendientes de resolución desde hace varios meses. Esta situación genera dificultades concretas de organización interna y afecta el funcionamiento regular de las Unidades, como así también genera angustia en las personas debido a los impactos en sus remuneraciones”.
“En el caso de sistemas, un área neurálgica para el funcionamiento normal de la institución, es realmente preocupante la falta y demora en el pago de las contrataciones incluidas las licencias que mantienen la infraestructura de tecnología de la información (TI), vencidas en diciembre de 2025. Asimismo, falta celeridad para iniciar licitaciones para las licencias de usuario y renovaciones críticas para el normal funcionamiento del área; esta situación se agrava paulatinamente debido a la pérdida de técnicos de esa área. Resulta oportuno señalar que también se han verificado demoras y ausencia de respuestas por parte de este área frente a requerimientos críticos formulados por las Unidades”.
“Esta situación constituye un riesgo significativo para la gestión institucional, en tanto limita la capacidad de dar soporte adecuado a los procesos administrativos y de gestión, afectando la continuidad operativa, la calidad de la información, la ciberseguridad y la toma oportuna de decisiones. Lo cual ya se ha plasmado en la caída de sistemas, por ej. el sistema que posibilita la redistribución de fondos de proyectos en las unidades ejecutoras. Lo cual también impactó en una baja ejecución de los fondos de actividades sustantivas”.
“Las situaciones aquí descritas adquieren especial relevancia en el actual contexto institucional, donde resulta particularmente necesario preservar condiciones de funcionamiento que aseguren previsibilidad, continuidad operativa y capacidad de respuesta territorial”.
“Como máxima autoridad institucional, reconocemos su responsabilidad en la conducción del Instituto y descontamos su compromiso con el fortalecimiento de procesos de gestión eficientes, eficaces y transparentes. La trayectoria del INTA, construida a lo largo de siete décadas, ha sido posible gracias a una combinación de capacidad técnica, presencia territorial, articulación con el sector productivo y mecanismos institucionales que permitieron sostener continuidad y adaptación a distintos contextos de gestión”.
“En el escenario actual, consideramos necesario recuperar mecanismos ágiles y adecuados de gestión, avanzando y profundizando en la descentralización operativa para poder dar respuestas oportunas a los desafíos, demandas y oportunidades que emergen cotidianamente en cada territorio”.
“Por lo expuesto, solicitamos con carácter de prioridad institucional se nos conceda una audiencia con el Consejo Directivo que Usted preside, a fin de exponer con mayor detalle las situaciones aquí planteadas y contribuir, desde nuestra responsabilidad de gestión, a la identificación de alternativas que permitan mejorar los procesos y circuitos institucionales en beneficio del conjunto del INTA”.
Firman:
Ing. Agr. Hernán Jorge Trebino – CR Buenos Aires Norte
Dr. Horacio Berger – CR Buenos Aires Sur
Ing. Agr. Daniel Nilo Moriconi – Catamarca – La Rioja
Ing. Agr. Diana Raquel Piedra – CR Chaco – Formosa
Ing. Agr. Juan Cruz Molina Hafford – CR Córdoba
Med. Vet. José Francisco Rafart Anton – CR Corrientes
Ing. Agr. Jorge Jesús Gvozdenovich – CR Entre Ríos
Med. Vet. Jorge Luis Reynals – CR La Pampa – San Luis
Ing. Agr. Claudio Rómulo Galmarini – CR Mendoza – San Juan
Ing. Agr. Víctor Fabio Wyss – CR Misiones
C.P.N. Mariana Lorena Amorosi – CR Patagonia Norte
Ing. Agr. Eduardo Cittadini – CR Patagonia Sur
Ing. Zoot. Marcelo Echenique – CR Salta – Jujuy
Ing. Agr. Alejandro Longo – CR Santa Fe
Ing. Agr. Luis Erazzu – CR Tucumán – Santiago del Estero
Bioq. Livia Maria Negri Rodriguez – CI Agroindustria (CIA)
Dr. Oscar Alberto Taboga – CI Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA)
Dra. Karina Grunberg – CI Investigaciones Agropecuarias (CIAP)
Ing. Pablo Alberto Mercuri – CI Recursos Naturales (CIRN)
Karina Susana Casellas – CI Economía y Prospectiva (CIEP)
Lic. Florencia Lance – CI Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF)