«En el ámbito de los derechos humanos, la IA va a jugar un rol importante en el Plan Nacional de Búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos», anunció el presidente Boric en la inauguración del evento científico Congreso Futuro, haciendo hincapié en la relevancia de la inteligencia artificial como herramienta en el desarrollo del país.
El mandatario destacó así el programa presentado por su Gobierno en agosto pasado con el cual el Estado chileno asumió por primera vez el esfuerzo de buscar a los 1.162 detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Con financiamiento estatal, el plan busca reconstruir el recorrido de las víctimas tras su detención y desaparición. También se propone garantizar el acceso a la información de los familiares e implementar medidas de reparación.
«La IA permitirá cruzar una importante cantidad de información, hoy dispersa en una serie de instituciones», asegura a la AFP Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
«La información que se encuentra en los expedientes es crucial para dicha tarea, pero también la que se encuentra en el Programa (de Derechos Humanos), unas 47 millones de hojas», explicó Zamorano al resaltar que solo leer esos antecedentes «tomaría muchísimos años».
Con la IA buscan reducir los tiempos de recopilación de los datos y el cruce de esa información.
Semanas después del anuncio del plan de búsqueda se informó que una firma privada confeccionará una plataforma, cuyos ejes son la tecnología y digitalización, para ayudar en la búsqueda de personas y trazabilidad de los posibles lugares donde se detuvieron a esas personas en la dictadura.
La mayoría de los detenidos desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el golpe de Estado en contra del gobierno del socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
La dictadura dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y detenidos desaparecidos.
El principal obstáculo para hallar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un «pacto de silencio».
En una mesa de diálogo instalada a fines de los 90, los militares aportaron datos de unos 200 detenidos cuyos cadáveres, aseguraron, habían sido lanzados al mar. Sin embargo, algunos de esos restos fueron hallados en fosas comunes.
